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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 23/01/2026 19:38
Espionaje en Entre Ríos: las cámaras de Kueider que nadie vio y el debate por el DNU 941 El hallazgo de dispositivos de espionaje en Entre Ríos en despachos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, desató un escándalo político que derivó en cruces entre oficialismo y oposición, y reavivó el debate sobre el polémico DNU 941 de inteligencia del presidente Javier Milei. Las cámaras, que estaban desactivadas desde 2019, fueron instaladas por orden del exsenador Edgardo Kueider cuando ocupaba la Secretaría General durante la gestión de Gustavo Bordet. El hallazgo que desató la polémica El gobierno entrerriano anunció el 21 de enero el descubrimiento de cámaras ocultas en las oficinas del gobernador Frigerio y del secretario Colello, lo que inicialmente se interpretó como una operación de espionaje en Entre Ríos. Sin embargo, fuentes allegadas al exsenador Kueider revelaron a Análisis que los dispositivos fueron instalados a principios de 2018 por decisión del entonces secretario General de la Gobernación, con pleno conocimiento del exgobernador Bordet. Según la información proporcionada, el propio Bordet solicitó la instalación de una de las cámaras en su despacho porque encontraba sus documentos desacomodados. El sistema consistía en cámaras analógicas básicas disimuladas en sensores de movimiento, conectadas por cables a un DVR ubicado en una oficina contigua. Había cuatro dispositivos: uno en la antesala, otro en la oficina del secretario General, uno en el pasillo y otro en el despacho del gobernador. El hackeo que lo cambió todo En enero de 2019, Kueider recibió un mensaje anónimo con videos extraídos de sus propias cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban al funcionario manejando dinero de fondos reservados en su despacho oficial. El mismo correo fue enviado simultáneamente al entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial, Sergio Urribarri. El episodio ocurrió en un momento político delicado: se aproximaba la renovación de la presidencia de la Cámara Baja y por primera vez peligraba la continuidad de Urribarri. Kueider interpretó el envío como una extorsión y señaló al grupo Octógono como posible responsable del hackeo. Tras el incidente, el sistema de vigilancia fue desconectado en febrero de 2019. Desde entonces, aunque las cámaras permanecieron instaladas físicamente, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. Fuentes consultadas confirmaron que los dispositivos no tuvieron corriente eléctrica ni conexión a internet desde hace siete años. Reacciones políticas divididas El anuncio del hallazgo generó inmediatas reacciones en el arco político entrerriano. Desde el oficialismo provincial, la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro Darío Schneider repudiaron el episodio como una práctica ilegal que vulnera la convivencia democrática. El intendente de Concordia, Francisco Azcué, expresó su respaldo al gobernador Frigerio y calificó las maniobras como intentos de intimidación. En tanto, la oposición peronista mostró un tono más crítico hacia la gestión actual. El exvicegobernador José Orlando Cáceres exigió explicaciones oficiales y cuestionó que al inicio de la gestión de Frigerio se hubieran realizado controles exhaustivos con perros entrenados y detectores sin encontrar los dispositivos. El Gobierno debe pedirle disculpas a los entrerrianos, afirmó, y reclamó que se exhiba toda la documentación oficial para evitar una estafa a la credibilidad de las instituciones. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, repudió las prácticas de espionaje que recuerdan épocas oscuras de la Nación. Por su parte, el exconcejal concordiense Daniel Cedro acusó al gobernador de hacer politiquería al desconocer las responsabilidades mientras aprovecha para apelar al discurso fundacional. La conexión con el DNU 941 El escándalo local adquirió dimensión nacional cuando dirigentes de la oposición entrerriana vincularon el episodio con el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, firmado por el presidente Milei el 31 de diciembre pasado, que reforma integralmente la Ley de Inteligencia Nacional. La exdiputada nacional Carolina Gaillard fue contundente: solicitó al gobernador Frigerio que instruya a los diputados y senadores nacionales de Entre Ríos para rechazar el DNU 941, que según sus palabras garantiza el espionaje sin límites y el arresto arbitrario de personas en el marco de actividades de inteligencia por parte de la SIDE. La diputada nacional Blanca Ozuna sumó críticas, cuestionando la eficiencia de los controles de seguridad del gobierno provincial y señalando la contradicción de que Frigerio haya sido parte del gobierno de Macri, que según afirmó hizo del espionaje una práctica sistemática, y ahora sea socio de Milei, quien amplió el presupuesto y el poder de la SIDE mediante el controvertido decreto. ¿Qué establece el DNU 941? El decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, introduce modificaciones sustanciales al sistema de inteligencia argentino. Entre los puntos más cuestionados por juristas y organizaciones de derechos humanos se destacan: Facultades de aprehensión: El artículo 10 nonies incorporado por el DNU habilita al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales competentes. Carácter encubierto de las operaciones: El nuevo artículo 2 bis establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto, minimizando así el control público sobre estas operaciones. Ampliación de la contrainteligencia: El DNU redefine las actividades de contrainteligencia para incluir la prevención de influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas. Críticos señalan que esta redacción ambigua podría aplicarse contra activistas, opositores y periodistas. Creación de comunidades informativas: Se establecen la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integradas por múltiples organismos del Estado que deberán compartir información con la SIDE, incluyendo datos del RENAPER, Migraciones y Aduana. Centralización del poder: La SIDE queda como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con capacidad de requerir información a todos los órganos del Sector Público Nacional y aprobar los presupuestos de otros organismos de inteligencia. Voces de alarma desde el Congreso Más de 20 organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, firmaron un comunicado advirtiendo que por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detener. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un amparo judicial contra el DNU, calificándolo de retroceso intolerable y denunciando que todos podemos ser vigilados, perfilados y observados. El legislador socialista Esteban Paulón afirmó que el decreto define como riesgos a activistas, opositores y periodistas, configurando un Estado policial. El interbloque Unidos en Diputados rechazó formalmente el DNU, argumentando que no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. El bloque peronista en el Senado también emitió un comunicado repudiando la iniciativa. El contexto entrerriano El hallazgo de las cámaras en Entre Ríos ocurrió mientras Kueider enfrenta serias acusaciones judiciales. El exsenador se encuentra actualmente con prisión domiciliaria en Luque, Paraguay, por una causa de presunto contrabando de dólares. Además, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga su presunta vinculación con la causa Securitas y ENERSA. En diciembre de 2018, cuando las cámaras aún funcionaban, se registraron las imágenes que posteriormente fueron hackeadas y enviadas de forma anónima. Kueider realizó una denuncia judicial, pero la causa nunca avanzó. Según allegados al exfuncionario, el principal error fue presentar un video editado en lugar del material original. Fuentes consultadas señalaron que resulta sorprendente que los dispositivos permanecieran a plena vista durante dos años de la gestión de Frigerio sin ser detectados. Solo había que levantar un poco la cabeza y observar unos minutos, indicó una fuente, cuestionando la efectividad de los controles de seguridad implementados al inicio del gobierno actual. Perspectivas y desafíos El caso del espionaje en Entre Ríos plantea interrogantes sobre los controles de seguridad en las instituciones provinciales y la responsabilidad de los funcionarios en la custodia de espacios oficiales. Pero también abre un debate más amplio sobre los límites del poder de inteligencia y la necesidad de garantías democráticas. La oposición nacional espera que se conforme la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para analizar el DNU 941. Sin embargo, el oficialismo tiene los votos necesarios en al menos una de las cámaras para mantener vigente el decreto, tal como ocurrió con el DNU 70/2023 de reforma del Estado. El gobierno nacional defendió la reforma argumentando que responde a desafíos globales contemporáneos y al nuevo rol central de Argentina en el escenario mundial. Según un comunicado de la SIDE, la decisión de aprobar el DNU se justificó por el complejo contexto internacional, citando como ejemplo la captura de Nicolás Maduro días después de la publicación del decreto. Mientras tanto, en Entre Ríos, el episodio de las cámaras ocultas dejó al descubierto no solo dispositivos del pasado, sino también las tensiones políticas del presente y los temores sobre el futuro del sistema de inteligencia argentino.
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