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Parana » ER 24
Fecha: 23/01/2026 14:51
Carnaval de Victoria 2026: licitación millonaria, precarnaval por fuera del pliego y una adjudicación que no aparece La Municipalidad de Victoria lanzó la Licitación Pública N.º 005/25 para concesionar la explotación comercial de los Carnavales 2026. El pliego es claro sobre el tamaño del negocio: cantina (comida y bebidas), tribunas, mesas y sillas, nieve artificial, publicidad y entradas, con un monto mínimo de inversión estimado en $350.000.000. El cronograma oficial publicado fija cinco noches: 24 y 31 de enero; 7, 14 y 21 de febrero de 2026. Y ahí aparece la primera sospecha local: si existió precarnaval (actividad previa con cantinas o recaudación), no está incluido en las fechas licitadas. Dicho simple: si hubo negocio antes del 24 de enero, la ciudad tiene derecho a saber bajo qué autorización, a favor de quién y con qué control. El pliego, además, deja abierta una puerta peligrosa: si se suma una noche extra u otros eventos (elección de representante, corso infantil, maratón), los gastos se acordarán con el concesionario. En una concesión con tanta caja, esas cláusulas por acuerdo sin máxima publicidad son un riesgo de discrecionalidad. Pero el punto más grave es institucional: ¿dónde está el acto final? Un proceso así debe terminar en un acto formal (adjudicación, desierto, etc.). El propio pliego fija plazos y prevé mecanismos si no se resuelve. Sin embargo, en Victoria circulan nombres, se habla de pantallas y de viejos operadores detrás del negocio, mientras el decreto/acto de adjudicación no aparece claramente publicado para despejar dudas. En ese vacío crecen los trascendidos. Por un lado, se menciona como cara visible a Fabián Martínez, empresario local. Por otro, se afirma que detrás estarían un exintendente se señala a Rubén Darío Garcilazo y un histórico concesionario del corso. Y, como dato que suma temperatura política, en la ciudad también se comenta que un vendedor ambulante (pochoclero) habría realizado una denuncia apuntando a que Garcilazo sería el verdadero dueño o el beneficiario real del negocio. Ese punto, por ahora, no aparece documentado públicamente y por eso corresponde exigir lo único que corta de raíz las versiones: expediente, acto final y contrato. Porque en un negocio millonario la transparencia no es un favor: es una obligación. Y cuando los nombres que circulan no coinciden con lo que se publica, la respuesta institucional aceptable es una sola: mostrar el decreto y el contrato, con garantías, condiciones y control de recaudación.
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