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Parana » El Diario
Fecha: 23/01/2026 13:38
En el tablero político venezolano de 2026, el concepto de transición ha pasado de ser un término académico a una consulta ciudadana, por lo que definir qué es y cómo se diferencia de un simple reacomodo del poder sirve para entender el momento que atraviesa el país. Expertos consultados por El Diario coincidieron en que la transición política es un intervalo crítico que exige no solo el cambio de actores, sino la transformación profunda de las reglas de juego. El politólogo Guillermo Tell Aveledo resaltó que el inicio de estos procesos suele ser menos evidente de lo que la opinión pública percibe. De acuerdo con su análisis, la literatura sobre transiciones indica que muchas comienzan con contactos discretos y una liberalización gradual, a menudo opaca. La opacidad no niega la transición, pero lo que sí la define son los gestos de apertura política y social. Más que reformas institucionales profundas, que suelen ser el resultado y no el inicio, lo urgente son medidas de liberalización: el fin de la censura previa, el acceso libre a la información y el levantamiento de medidas represivas, explicó el especialista en entrevista para El Diario. Aveledo indicó que el clima actual requiere una validación práctica de las libertades para considerar el inicio de un proceso de cambio político en Venezuela. Hasta que no veamos un ambiente donde el cuestionamiento al poder sea posible, es prematuro afirmar que estamos en una transición democrática; estamos, más bien, en una continuidad, un reacomodo, advirtió el politólogo. Sobre el éxito de este tipo de procesos, Aveledo identificó algunos factores que deben intervenir para sostener la transición como son: la influencia de actores internos y un clima internacional que, en el caso venezolano, calificó de ambivalente. Washington parece preferir la estabilidad del remanente autoritario a la incertidumbre de una apertura que juzgan potencialmente caótica. Para que la transición sea exitosa y no un retroceso, los actores partidarios de la democratización deben demostrar que son más capaces de garantizar la estabilidad que el actual modelo de continuidad. No hemos retrocedido, bien, pero no hemos avanzado aún, destacó. Por otra parte, Aveledo enfatizó que actualmente la presidencia está ocupada por un actor centralmente vinculado al sistema anterior, que mantiene la convicción de su propia legitimidad y retrasa la justicia transicional. No estamos ante un nuevo gobierno negociando con el anterior, sino ante un remanente que gestiona su continuidad bajo nuevas tutorías externas. La etapa ineludible es la liberalización política. Esto implica la vigencia efectiva de libertades civiles que hoy solo existen en el papel: apertura de espacios de opinión, fin de la proscripción de organizaciones políticas y la liberación de presos políticos, agregó el analista. Destacó que el planteamiento del sistema actual es su propia estabilidad, y esa prioridad podría condicionar todos los demás aspectos que se deben trabajar dentro de una transición política. La democracia consolidada solo llegará cuando el sistema reconozca que los intereses sociales divergentes son legítimos y deben dirimirse en elecciones competitivas, no mediante la gestión de una crisis, dijo Guillermo Tell Aveledo. Reformas estructurales y reconciliación nacional El abogado y presidente de la de la organización Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights (PACUHR), José Antonio Oropeza, detalló una hoja de ruta que deben seguir las transiciones políticas, las cuales comienzan por la médula del sistema electoral. Es fundamental que sea independiente, que sea designado mediante procesos transparentes, con equilibrio, con fundamento en la Constitución que incluya definitivamente también auditorías, depuración, revisión del voto asistido, automatización sin control ciudadano. ¿Qué trae como consecuencia esto? Devolverle al electorado la seguridad, la tranquilidad de que el voto es la única vía democrática para poder comenzar un proceso de transición en Venezuela, afirmó Oropeza en entrevista para El Diario. Por otra parte, el experto resaltó la necesidad de reforma al Poder Judicial, exigiendo el fin de su instrumentalización. Tiene que haber una reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), revisar nombramientos irregulares, revisar la cantidad de jueces que han sido colocados de manera dedocrática, sin pasar por un proceso de revisión de meritocracia. Garantizar justamente la estabilidad, la carrera judicial y el debido proceso es importante y ese proceso disciplinario a los jueces es un sistema que necesita ser fortalecido, apuntó. Para el abogado, el fortalecimiento del Estado de Derecho implica también la liberación de todos los presos políticos y detener el uso del derecho penal como mecanismo de control político. En cuanto a las garantías políticas y civiles, Oropeza consideró que se deben eliminar las inhabilitaciones políticas y garantizar la posibilidad de que las personas puedan acceder al derecho al voto, abrir el registro electoral permanente, permitir la inscripción para venezolanos en el exterior. Definitivamente tiene que haber una una simbiosis entre garantías políticas y civiles para no solo el Estado deponer ciertas actitudes que ha tenido durante más de 26 años sino también acciones políticas y civiles, apuntó. Mientras que sobre la libertad de expresión, el especialista destacó que en un proceso de transición se exige el cese de cierres arbitrarios de medios de comunicación y el fin de la censura. También es fundamental despolitizar la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad porque son hoy el brazo armado del gobierno y por el cual se persiguen a las personas, se demonizan, se secuestran, etc. Hay que reafirmar el carácter establecido en la Constitución de no deliberante y con un gran componente moral y profesional para garantizar la subordinación al orden constitucional y a no proyectos partidistas particulares, agregó. Al hablar de justicia transicional, Oropeza mencionó los modelos de Suráfrica, España, Brasil, al señalarlos como ejemplos de que deben haber acuerdos mínimos, disciplina y una búsqueda de la resocialización para que se dé el proceso de cambio. Entender que el Estado de nación durante muchísimo tiempo no se vio fortalecido y que hay la necesidad de llevar ante la justicia a aquellas personas que hayan transgredido la ley, pero entendiendo que para poder llevar a un clima de reconciliación nacional, pues la justicia también debe ser benevolente, explicó el abogado. Requisitos para un cambio político exitoso Oropeza cree que una transición no se construye en cinco años, de hecho, consideró que los primeros seis años van a ser muy complicados desde el punto de vista político en Venezuela, porque se necesitará que se tiendan puentes y se generen bases sólidas para sostener el proceso de transición. Tiene que haber una separación de los diferentes poderes, una negociación con sectores para poder avanzar definitivamente en un proceso de reconstrucción del Estado y el fortalecimiento del mismo. Eso no significa que haya pactar, no es claudicar, apuntó el especialista. Al abordar la viabilidad de un acuerdo que permita la gobernabilidad durante un cambio de mando, Oropeza destacó que la justicia transicional debe sostenerse sobre pilares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No todo es tan sencillo. La transición debe estar acompañada de una presión internacional, que los ojos del mundo observen la coherencia y la sostenibilidad de un proceso democrático de diálogo entre todos los diferentes sectores, en el cual el cambio no es solamente económico, de las figuras o de los regímenes imperantes en el momento hacia la democracia, sino también tiene un componente de verdad de reconstruir una memoria histórica, de entender qué sucedió durante 26 años, de buscar la subsanación de esos hechos punibles, de tener la reparación tanto de víctimas como de ese tejido social fragmentado que existe en Venezuela, detalló. En cuanto a la aplicación de la justicia, Oropeza mencionó el principio de proporcionalidad de la pena frente al estado peligroso, lo que permitiría un margen de benevolencia jurídica para facilitar el sometimiento a la justicia de los victimarios y alcanzar un clima de reconciliación nacional. No obstante, aclaró que la reparación debe ir más allá de lo pecuniario y alcanzar niveles simbólicos, como podría ser la devolución de las concesiones del espectro radioeléctrico para restaurar la libertad de los ciudadanos a escoger sus medios de comunicación. Para materializar estos objetivos, el abogado propuso la creación de una comisión de reconstrucción de memoria histórica y de verdad, con expertos que establezcan el contexto de las violaciones sistemáticas ocurridas durante más de dos décadas. Oropeza sugirió que Venezuela podría emular procesos como el de Colombia para esclarecer hechos al margen de la ley cometidos, incluyendo casos de acoso sistemático y desapariciones forzadas. Un gobierno de transición tiene que tener una temporalidad, y enfocarse en el fortalecimiento del Estado, en adecentar los poderes públicos, en tener la posibilidad de generar un diálogo, canales de comunicación, un marco lógico para que definitivamente se pueda dar un paso a la verdad, a la reparación, a la reestructuración, puntualizó el abogado. Las fases de una transición El politólogo John Magdaleno usó el rigor académico para definir el proceso de transición basándose en autores como Guillermo ODonnell y Philippe Schmitter. Una transición es un intervalo que se extiende entre un régimen político y otro. Dicho de modo didáctico, es un intervalo de tiempo y de procesos que permiten el cambio de las reglas de juego formales y de las prácticas informales que definen quiénes y cómo se toman las decisiones colectivamente vinculantes en una sociedad. Por ello se insiste académicamente en que, para hablar de una transición a secas, debe producirse un cambio de las reglas de juego, no sólo de los actores, precisó el analista. Magdaleno subrayó que no hay garantías de éxito en las transiciones políticas, ya que están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Aún iniciándose una transición política, no hay, de antemano, garantía alguna respecto de su destino final. Una transición puede iniciarse con un decidido impulso democratizador y culminar, a la postre, en un régimen no-democrático, advirtió el experto. Para identificar si Venezuela ha entrado realmente en este intervalo, Magdaleno recurrió a los indicadores del profesor Leonardo Morlino, que resaltan los pilares de restitución obligatoria: la libertad de pensamiento, opinión y expresión; la de reunión, de asociación; y la libertad de prensa. Si complementariamente se considera que muchas transiciones se inician con una liberación masiva de presos políticos, tendremos entonces otro indicador. Estamos hablando de un paquete de libertades civiles cuyo reconocimiento es vital para hablar del inicio de la primera fase, conocida como liberalización política, señaló Magdaleno. Por otra parte, agregó que existe una confusión común en el debate público venezolano al equiparar la transición con el acto electoral. Para explicarlo, citó una proposición de Robert Dahl en la que detalla que una transición involucra tanto la fase liberalizadora como la democratizadora, debido a que el proceso demanda avances en la apertura del debate público y en la participación política ciudadana. Me llama la atención que en algunos círculos sociales venezolanos se entienda por transición a la democracia el proceso de instalación o restitución de las normas y los procedimientos que permiten elegir a las autoridades, cuando esto corresponde, en verdad, a la segunda fase de la transición, precisó. Por ahora, el analista calificó como prematuro hablar del inicio de una transición democrática y considera un error plantearlo como un hecho cumplido. Reconoció que existe una creciente expectativa colectiva impulsada por los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado y la demanda de cambio registrada en los estudios de opinión pero sostiene que los gestos actuales son insuficientes. Ciertamente, la liberación de alrededor de más de 400 presos políticos es una primera señal positiva, pero dista mucho de significar una restitución exhaustiva de garantías constitucionales violadas. Cabría esperar, para empezar, la liberación del resto de los detenidos; la supresión de la práctica de las detenciones arbitrarias a disidentes y opositores políticos; y la restitución del resto de las garantías, concluyó Magdaleno. Para los consultados, la posibilidad de que Venezuela transite de un reacomodo de fuerzas hacia una democratización efectiva depende de la transformación de los actuales gestos de distensión en reformas institucionales irreversibles. Consideraron que mientras la liberalización política permanezca limitada a la liberación parcial de presos y a una apertura económica bajo tutelaje, el país se mantendrá en un intervalo de incertidumbre donde la estabilidad del sistema actual sigue prevaleciendo sobre la restitución del Estado de Derecho. En ese sentido, los expertos coincidieron en afirmar que el éxito de este proceso no solo requerirá el cumplimiento de los pilares de verdad, justicia y reparación planteados por la justicia transicional, sino también el reconocimiento de que la democracia solo será viable cuando el debate público y la competitividad electoral dejen de ser concesiones discretas para convertirse en garantías constitucionales plenas.
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