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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 23/01/2026 08:06
Las revelaciones de la investigación periodística de ANÁLISIS, motivó a José Cáceres a pedir explicaciones claras, mayor transparencia y un pedido de disculpas al Gobierno provincial por la denuncia de presunto espionaje. Las revelaciones surgidas de una investigación periodística de ANÁLISIS reconfiguraron el escenario político de esta semana por la denuncia de presunto espionaje en dependencias oficiales del Gobierno de Entre Ríos. Según ese informe, los dispositivos de audio y video hallados en oficinas provinciales no habrían sido instalados recientemente ni responderían a maniobras clandestinas en curso, sino que formarían parte de un sistema colocado en 2018, durante la gestión anterior, y que dejó de operar en febrero de 2019. A partir de esta información, comenzaron a alzarse voces que reclaman mayor claridad, rigor comunicacional y responsabilidades políticas por parte de la administración que encabeza Rogelio Frigerio. Uno de los pronunciamientos más firmes fue el del presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Orlando Cáceres, quien utilizó la red social X para exigir explicaciones oficiales y un pedido de disculpas. Ante los hechos de público conocimiento sobre la fallida denuncia de espionaje que realizó el gobernador Frigerio y Mauricio Colello, es imprescindible una comunicación desde Gobierno, tal como se hizo en la denuncia, que aclare la situación y lleve tranquilidad a la población, expresó. La investigación de ANÁLISIS aportó detalles técnicos que modifican sustancialmente la interpretación inicial del hallazgo. De acuerdo con fuentes consultadas, el sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, disimuladas en sensores de movimiento y conectadas mediante cableado a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General de la Gobernación. Son cámaras analógicas, de esas que van cableadas. Para instalarlas hay que levantar zócalo, agujerear paredes, pero no tenían conexión a internet, sino que iban directo a un disco rígido, explicó una fuente vinculada al caso. El mismo testimonio remarcó un punto central: el sistema dejó de funcionar en febrero de 2019, luego de que el entonces secretario de Gobernación, Edgardo Kueider, fuera víctima de un hackeo. Después que lo hackearon a Kueider, desconectamos todo. Eso quedó ahí desconectado, por siempre, sostuvo la fuente, quien precisó además que el DVR fue retirado por el propio exfuncionario. Desde entonces, las cámaras permanecieron físicamente instaladas, pero sin conexión eléctrica ni capacidad operativa. No hay imágenes, no tienen corriente directamente, no funcionan, aseguró la fuente consultada. Estos datos reabrieron el debate político y comunicacional en torno a la denuncia original presentada por el Gobierno provincial, que había generado un inmediato repudio transversal y expresiones de solidaridad institucional ante lo que se consideró, en un primer momento, un ataque a la democracia y a la institucionalidad. Para Cáceres, ese contexto vuelve imprescindible una aclaración pública del Ejecutivo. En su posteo difundido también a través de X, el titular del PJ entrerriano profundizó su postura y fue más allá de la mera solicitud de explicaciones. Entiendo que además de la aclaración se hace necesario un pedido de disculpas a quienes rápidamente reaccionamos como corresponde en democracia frente a una denuncia de espionaje y expresamos el debido repudio y nos solidarizamos con los supuestos damnificados, planteó. El dirigente peronista sostuvo que las reacciones políticas iniciales se produjeron en función de la gravedad institucional que implicaba la denuncia, y que, a la luz de la nueva información, corresponde un gesto político reparador por parte del Gobierno. En ese sentido, cuestionó el modo en que se construyó el relato oficial del hallazgo. Cáceres también recordó que, al inicio de la gestión de Frigerio, el propio Ejecutivo había informado sobre controles exhaustivos en Casa de Gobierno. Sobre todo, si tenemos en cuenta que al inicio de la gestión anunciaron que estaban revisando las oficinas con perros entrenados, detectores de metal, registrando paredes, alfombras, etc., y luego aparecieron con la denuncia orientando las declaraciones hacia la gestión del peronismo, señaló, en un reproche directo al enfoque político que -según su mirada- tuvo la comunicación oficial. Para el presidente del PJ, la cuestión excede la disputa partidaria y se vincula de manera directa con la confianza ciudadana en las instituciones. En ese marco, enfatizó que el pedido de disculpas debería estar dirigido, principalmente, a la sociedad entrerriana. Principalmente, el Gobierno debe pedirles disculpas a los entrerrianos. Todos tomamos con la seriedad que merece una denuncia de tal gravedad, afirmó. Cáceres advirtió además que la aclaración oficial debe estar respaldada por documentación concreta. Eso debe hacerse exhibiendo toda la documentación oficial, de lo contrario, habrá sido una estafa a la credibilidad de las instituciones, concluyó, elevando el tono de su crítica y poniendo el foco en el impacto institucional del episodio. El planteo del dirigente peronista se inscribe en un contexto sensible, donde el uso político de denuncias vinculadas a prácticas ilegales puede erosionar rápidamente la confianza pública. La investigación periodística de ANÁLISIS que reconstruyó el origen y el estado real de los dispositivos obliga ahora al Gobierno provincial a redefinir su estrategia comunicacional y a ofrecer precisiones que despejen dudas. Más allá de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponder por la instalación original del sistema, el eje del debate parece haberse desplazado hacia la forma en que se informó el hallazgo y las consecuencias políticas de esa comunicación. En ese terreno, la demanda de claridad, disculpas y documentación planteada por Cáceres interpela al Ejecutivo entrerriano sobre la necesidad de actuar con la máxima transparencia cuando están en juego la institucionalidad y la credibilidad democrática.
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