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» Clarin
Fecha: 22/01/2026 22:23
La escribana Ana Lía Terzano de Gómez, de Santiago del Estero, que intervino en la creación y operatorias de la mayoría de las empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue sancionada por falta de registración ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de dinero. Declárase la responsabilidad de la escribana Ana Lía Terzano de Gómez por haberse acreditado el cargo de falta de registración ante la UIF, dice la resolución a la que accedió Clarín. La frase integra una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en diciembre de 2020 sancionó a la titular del Registro Notarial Nº 16 de Santiago del Estero por incumplir obligaciones básicas del sistema de prevención del lavado de activos dispuesto por la Ley 25.246. No se trató de un hecho aislado. En marzo de 2023, otra escribana del mismo registro ubicado en Mendoza al 100 en Santiago del Estero, Analía Terzano Habra, también fue sancionada por la misma infracción. La ley antilavado obliga a los sujetos supervisados por la UIF -entre los que se encuentran los escribanos- a registrarse, identificar a sus clientes y beneficiarios finales, a conocer el propósito de la relación y evaluar el riesgo de cada operación. También deben reportar sin demora cualquier operación sospechosa a la UIF. Y estas empresas que giran alrededor de Toviggino han hecho operaciones financieras extrañas y comprado casas, autos, caballos y otros bienes por cifras millonarias. El caso adquiere especial relevancia habida cuenta de que la escribana Terzano de Gómez es la que interviene, de manera reiterada y sistemática, en actos vinculados a sociedades del entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, de su hermano Darío y de su esposa María Julia del Castillo. Pero el entramado societario en el que interviene la escribana va mucho más allá de Malte SRL, que se muestra en esta nota y es la firma que fue propietaria de la lujosa y polémica mansión de Pilar. Empresas como HT SRL., Bori, Barwa, Segon, Lindor y SOMA conforman el holding que gira alrededor de Toviggino y su familia, que según registros oficiales y resoluciones administrativas, en algunos casos fue proveedor del Estado en la provincia de Santiago del Estero, a partir de procesos licitatorios donde reiteradamente aparecen como únicos oferentes válidos. La secuencia adquiere nitidez a partir del estallido del escándalo por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, a comienzos de diciembre de 2025. Apenas tres días después, el Boletín Oficial publicó una serie de modificaciones societarias simultáneas que afectaron a Malte SRL y Norte Argentino SRL., dos empresas centrales del entramado investigado. Los actos que permitieron que las sociedades pasaran a quedar bajo el control, casi total, de SOMA SRL, fueron refrendados por la misma fedataria Terzano de Gómez en simultaneo al inicio de la investigación judicial. Dentro de ese esquema, Malte SRL concentra buena parte de las claves de la investigación por lavado de activos en el "AFA Gate". En 2022 fue contratada de manera directa para la instalación del sistema VAR en el fútbol argentino y fue además propietaria de la mansión de Villa Rosa. En esta causa -que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín resolvió que el juzgado federal de Adrián González Charvay, en Campana, es el que debe seguir la investigación- figura como imputado Luciano Pantano, vinculado a Lucas Labbad, exgerente general de Boca, a través de Mendoza Wines. La Sala I del mismo tribunal fue la que rechazó el levantamiento de la medida cautelar en la causa iniciada por la Liga de Fútbol de Salto contra el Estado nacional por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), hoy en instancia de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el derecho argentino, la fe pública notarial es el mecanismo que otorga validez jurídica y eficacia legal a contratos, sociedades y transferencias patrimoniales. Precisamente por ese rol central, es que la normativa antilavado impone a los escribanos obligaciones reforzadas que forman parte de la política pública nacional y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, concebidos como herramientas indispensables en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Florencia Luz Márquez, maestría de la Universidad de San Andrés y Clarín Mirá también Newsletter Clarín
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