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Parana » Plazaweb
Fecha: 22/01/2026 16:49
El fiscal de Estado de Entre RÃos, Julio RodrÃguez Signes, confirmó que se iniciará una información sumaria para determinar responsabilidades administrativas por la aparición de dispositivos de audio y video ocultos en oficinas de Casa de Gobierno, en paralelo a la investigación penal en curso. RodrÃguez Signes se refirió al procedimiento que deberá llevar adelante la FiscalÃa de Estado tras el hallazgo de cámaras ocultas en dependencias oficiales y detalló el alcance de la investigación administrativa destinada a establecer si existió una irregularidad y quiénes podrÃan ser responsables. En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), relató cómo tomó conocimiento del hecho: Ayer estaba listo para ir a una reunión en el Ministerio de EconomÃa por el tema de la toma del crédito internacional y recibà la llamada del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, que muy preocupado me transmite esta situación y me pregunta qué le aconsejaba hacer para esclarecer la cuestión desde el punto de vista de la administración. En ese contexto, sostuvo que en una situación como ésta, lo que se hace es una información sumaria. El fiscal de Estado explicó que la FiscalÃa de Estado cumple dos funciones centrales: la defensa en juicio y el control de legalidad a requerimiento de los organismos de la administración. Precisó que, en este caso, el trámite se inicia con un pedido formal que se canaliza a través de la Dirección Provincial de Sumarios. Se designa un instructor sumariante y ahà empieza la información sumaria, que no llega a ser un sumario en sÃ, aclaró. Según detalló, la diferencia radica en que un sumario se dirige contra un supuesto responsable, mientras que la información sumaria apunta primero a determinar la existencia y el alcance de la irregularidad. Hay que establecer en qué consiste la irregularidad y quiénes podrÃan ser los responsables, que puede coincidir o no con la investigación penal, explicó, al subrayar que el abordaje administrativo es más amplio. RodrÃguez Signes recordó antecedentes de situaciones similares y señaló que ya han sucedido estas cosas antes. Al respecto, mencionó hechos ocurridos en la década del 80 y también el caso del exsecretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, aunque aclaró que en esa oportunidad no se investigó el hecho de las cámaras sino el manejo de fondos o la administración de gastos reservados. En ese marco, remarcó la gravedad institucional del caso actual. Esto ya es otra cosa y es una situación muy grave porque estamos hablando del despacho del gobernador de la provincia y del secretario General de la Gobernación, afirmó. Consultado sobre la posibilidad de que los dispositivos hayan sido colocados sin intervención de personal estatal, fue categórico: Intervenir en el cableado de teléfonos y dispositivos de internet, cámaras y demás dentro de la Casa de Gobierno, está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse adentro de una oficina y poner cámaras. Eso no es posible, es inconcebible. Explicó que justamente la información sumaria permitirá establecer si la instalación fue realizada por organismos públicos, si fue clandestina o si existieron omisiones. Si fue absolutamente clandestino, entonces sÃ, ahà estamos hablando de un delito penal gravÃsimo, advirtió. También destacó la articulación con el Ministerio Público Fiscal y señaló que normalmente hay una colaboración cuando se da este tipo de situaciones entre el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Sumarios, ya que ambos procesos penal y administrativo avanzan en paralelo, aunque con objetivos distintos. Respecto de los controles habituales, indicó que normalmente los funcionarios de ese rango lo que hacen es, cada tanto, hacer revisar sus oficinas, una práctica que suele estar a cargo de fuerzas de seguridad provinciales o federales, aunque sin una periodicidad reglamentada. Sobre la ubicación de los dispositivos, precisó que fueron encontrados en antiguas oficinas del secretario General de la Gobernación, contiguas al despacho del gobernador. En ese sentido, admitió que una de las hipótesis es que pudieran datar de gestiones anteriores, aunque aclaró que se trata solo de una posibilidad. PodrÃa datar de aquella época, pero no se investigó ese hecho en el caso de Kueider, sostuvo. En cuanto a los plazos, explicó que existen tiempos previstos por reglamento, aunque no son estrictamente perentorios. Son plazos ordenatorios a los efectos de la primera parte, que es la información sumaria, indicó. Finalmente, descartó casi por completo la hipótesis de una intervención externa en el despacho del gobernador. En la oficina del gobernador lo veo imposible directamente, afirmó, al remarcar que se trata de un espacio con custodia permanente y múltiples controles. De todos modos, concluyó: No se descarta ninguna hipótesis () vamos a trabajar en conjunto y de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo.
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