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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 22/01/2026 14:09
El fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la investigación penal por los dispositivos de espionaje hallados en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, confirmó que se encontraron cámaras ocultas dentro de sensores falsos, pero que en el cableado empotrado no se halló el dispositivo final de almacenamiento o retransmisión necesario para operar. La intervención judicial comenzó tras un llamado de la Dirección de Drogas Peligrosas, cuyo personal realizaba un relevamiento de seguridad de rutina. Los tres dispositivos, con capacidad de grabar audio y video, estaban ubicados en el despacho del gobernador, en una oficina posterior con distintas utilizaciones y en un pasillo con acceso a un ascensor privado. El cableado empotrado iba hacia otra oficina. Alfieri detalló que la constatación inicial mostró «la ausencia de un dispositivo de almacenamiento o de un retransmisor» (como un DVR o disco rígido) al final de la instalación cableada. Su función ahora será investigar en los registros de las áreas técnicas y de seguridad de Gobernación cuándo se autorizó la colocación de esos sensores y si en algún momento se dispuso el retiro del componente faltante, historizando también antecedentes judiciales previos sobre instalación de cámaras en el mismo edificio. El fiscal se abstuvo de hipotetizar públicamente sobre el caso, afirmando que la investigación «debe realizarse de manera tal que se agote todo el conocimiento y quede en claro de qué se trata», ya sea una instalación vetusta o en uso. Paralelamente, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, anunció que, a requerimiento del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, se iniciará una «información sumaria» administrativa para configurar la irregularidad y determinar posibles responsables por acción u omisión dentro de la administración. Rodríguez Signes planteó como una hipótesis a investigar que los dispositivos pudieran datar de la gestión anterior, vinculada al exsecretario Edgardo Kueider, aclarando que en ese caso solo se investigó la administración de fondos. Colello, quien informó que el hallazgo fue circunstancial al notar sensores de movimiento en áreas sin alarmas, aseguró que no hubo autorización ni conocimiento previo de la instalación y calificó el hecho de «extrema gravedad institucional». Ambos fiscales coincidieron en la necesidad de colaboración entre las investigaciones penal y administrativa.
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