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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 22/01/2026 12:59
Amplio repudio por el hallazgo de dispositivos de espionajes en la Casa de Gobierno. El hallazgo de dispositivos clandestinos de audio y video en dependencias oficiales del Gobierno de Entre Ríos -incluida la oficina del gobernador Rogelio Frigerio- encendió una alarma institucional de máxima gravedad y provocó una reacción política inmediata, amplia y transversal. La denuncia penal presentada por el Ejecutivo provincial, la apertura de una investigación interna y el inicio de actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía marcaron el inicio de un proceso que, más allá de la búsqueda de responsabilidades concretas, volvió a colocar en el centro del debate público la defensa del sistema democrático como un bien común que trasciende cualquier pertenencia partidaria. La confirmación de que existían dispositivos de vigilancia ocultos en oficinas oficiales no solo activó los resortes administrativos y judiciales correspondientes, sino que generó un inusual consenso político en torno a un diagnóstico compartido: las prácticas de espionaje ilegal constituyen un ataque directo contra la institucionalidad, erosionan la confianza pública y remiten a métodos que la sociedad argentina ha rechazado de manera explícita tras décadas de construcción democrática. Denuncia penal y actuación judicial Ante el hallazgo, el Gobierno de Entre Ríos avanzó de manera inmediata con la presentación de una denuncia penal formal, dando intervención a la Justicia para que se investigue el origen de los dispositivos, su eventual utilización y las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Según se informó oficialmente, el fiscal Santiago Alfieri ya se encuentra actuando en la causa, con el objetivo de determinar quiénes instalaron los equipos, desde cuándo operaban y si existió algún tipo de encubrimiento o complicidad interna. Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la decisión de acudir a la Justicia responde a la necesidad de que el esclarecimiento de los hechos se realice por vías institucionales, con pleno respeto al debido proceso y bajo el control de los organismos competentes. En ese marco, se remarcó que no se tolerarán prácticas ilegales que vulneren la privacidad de las autoridades y el normal funcionamiento del Estado. Investigación interna y revisión de protocolos En paralelo a la denuncia penal, el Gobierno provincial dispuso la apertura de una investigación administrativa interna para revisar los protocolos de seguridad vigentes, identificar posibles fallas y establecer si existieron responsabilidades dentro de la estructura estatal. Esta investigación apunta no solo a esclarecer el episodio puntual, sino también a reforzar los mecanismos de prevención para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro. Fuentes oficiales señalaron a ANÁLISIS que se están revisando procedimientos, accesos y controles, con el objetivo de garantizar que las dependencias públicas cuenten con condiciones adecuadas de seguridad institucional. La premisa -insistieron- es que la transparencia y el control interno son herramientas indispensables para fortalecer la confianza ciudadana y proteger el funcionamiento democrático del Estado. Repudio político y consenso transversal Uno de los aspectos más significativos del episodio fue la reacción casi inmediata de múltiples sectores de la representación política entrerriana, que expresaron repudios concretos y simultáneos frente a los hechos denunciados. Lejos de profundizar divisiones partidarias, el hallazgo de los dispositivos de espionaje generó un escenario de convergencia discursiva en torno a la defensa de la legalidad y el rechazo a cualquier forma de vigilancia ilegal. Desde el bloque de Senadores de Juntos por Entre Ríos se difundió un comunicado en el que se remarcó con énfasis el camino adoptado por Rogelio Frigerio y su equipo en la transformación del Estado entrerriano, al tiempo que se calificó a las escuchas ilegales como oscuros métodos para alcanzar posiciones políticas que resultan deleznables y afectan el normal funcionamiento de las instituciones. En el texto, los legisladores advirtieron que este tipo de prácticas nos retrotraen al oscurantismo que la sociedad rechaza y expresaron su acompañamiento personal al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, señalados como víctimas de estas acciones. El comunicado también puso el acento en la necesidad de encauzar a Entre Ríos en un norte distinto, con la transparencia y el diálogo como ejes de las políticas públicas, y marcó una diferenciación explícita con sectores que -según afirmaron- no comparten esos métodos. Solidaridad desde el peronismo y llamado a la Justicia El repudio no se limitó a los espacios afines al oficialismo provincial. Desde el Partido Justicialista de Entre Ríos, el presidente del Consejo Provincial, José Cáceres, expresó su más enérgico repudio al espionaje contra las autoridades democráticas de nuestra provincia y calificó los hechos como inadmisibles en el marco de la vida pública entrerriana. En sus declaraciones, Cáceres recordó que el peronismo ha sido históricamente víctima de prácticas de espionaje y persecución, y afirmó que jamás estará entre quienes recurren a acciones que expresan lo peor de la política. Al mismo tiempo, introdujo un elemento de análisis político al señalar que la actual gestión provincial transita su tercer año y que al inicio de su mandato se habían realizado controles de seguridad sobre estas cuestiones, lo que -a su entender- vuelve más preocupante el episodio. El dirigente justicialista concluyó su pronunciamiento con un pedido explícito a la Justicia para que actúe con celeridad y esclarezca los hechos a la brevedad, al considerar que se trata de una afrenta a la Democracia y la convivencia republicana en la provincia. La voz de los gobiernos locales El rechazo a las prácticas de espionaje también se expresó con fuerza desde el ámbito municipal. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, manifestó públicamente su solidaridad con el gobernador Frigerio y calificó el hecho como de extrema gravedad institucional. A través de sus redes sociales, Romero sostuvo que el espionaje recuerda épocas oscuras de la Nación y afirmó que la política debe construirse con consensos y diálogo en las sanas reglas de la Democracia, subrayando el valor de un sistema que tanto nos costó conseguir y consolidar. En la misma línea, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresó su total acompañamiento al gobernador y valoró la decisión de denunciar el espionaje ante la Justicia, iniciar investigaciones internas y avanzar con total transparencia. En un comunicado conjunto, los presidentes municipales interpretaron estas acciones como el reflejo de un cambio de época en la provincia, destinado a terminar con prácticas ilegales que durante años -según señalaron- se naturalizaron y dañaron la institucionalidad y la confianza pública. El proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023 implica terminar definitivamente con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras, ordenar el Estado y garantizar que la gestión pública esté al servicio de los entrerrianos, y no de intereses ocultos, afirmaron los intendentes, quienes concluyeron su pronunciamiento defendiendo la legalidad, la transparencia y el respeto por las instituciones como valores irrenunciables. Más allá del caso: una señal democrática Más allá de la evolución judicial y administrativa del caso, el episodio dejó al descubierto un dato político relevante: la existencia de un consenso amplio y explícito en torno al rechazo de prácticas de espionaje ilegal y a la defensa del sistema institucional. En un contexto político marcado habitualmente por la confrontación, las expresiones de repudio y solidaridad provenientes de distintos espacios partidarios funcionaron como una señal clara de madurez democrática. La coincidencia en calificar estos hechos como ataques a la institucionalidad y en reclamar su esclarecimiento por vías legales refuerza la idea de que existen límites compartidos que no deben ser cruzados en la disputa política. La vigilancia clandestina, en cualquiera de sus formas -incluyendo el nivel nacional-, aparece como una línea roja que convoca a la reacción conjunta del arco político. El valor de las instituciones como bien común El hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales de Entre Ríos abrió una investigación que buscará responsabilidades concretas. Pero, al mismo tiempo, puso en evidencia algo más profundo: la vigencia de un acuerdo democrático básico en torno a la defensa de las instituciones, la legalidad y el respeto por las reglas del juego. En ese sentido, la respuesta política transversal y la decisión del Gobierno provincial de recurrir a la Justicia y transparentar el proceso funcionan como un mensaje hacia la sociedad: frente a prácticas que lesionan la convivencia republicana, la respuesta debe ser institucional, pública y colectiva.
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