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Concordia » Hora Digital
Fecha: 22/01/2026 12:01
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, anunció que se iniciará una información sumaria para investigar la aparición de cámaras y micrófonos ocultos en oficinas de la Casa de Gobierno. La medida busca determinar cómo y por quién fueron instalados estos dispositivos, que fueron hallados en espacios vinculados al despacho del gobernador y al secretario General de la Gobernación. En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes explicó que el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, lo alertó sobre el hallazgo y le consultó cómo proceder desde el punto de vista administrativo. En una situación como ésta, lo que se hace es una información sumaria, indicó el fiscal, detallando que este procedimiento es distinto a un sumario judicial, ya que busca identificar irregularidades administrativas y posibles responsables, sin apuntar directamente a un delito penal. El fiscal recordó que situaciones similares ya ocurrieron en el pasado. Mencionó que en la década del 80 se encontraron granadas en la Casa de Gobierno, y que durante la gestión de Edgardo Kueider como secretario General también se realizó una información sumaria, aunque en ese caso por la administración de fondos reservados y no por la instalación de cámaras, que Kueider había autorizado. Aquí estamos hablando del despacho del gobernador y del secretario General de la Gobernación, lo que hace que la situación sea muy grave, agregó. Rodríguez Signes aclaró que la instalación y mantenimiento de dispositivos como cámaras y cableados en la Casa de Gobierno corresponde exclusivamente a personal de la administración pública, a través de áreas específicas como la Dirección de Informática y la Dirección de Comunicaciones. No puede venir cualquiera y meterse adentro de una oficina y poner cámaras. Eso no es posible, es inconcebible, afirmó. Por eso la investigación buscará determinar si los dispositivos fueron colocados por organismos oficiales o de manera clandestina, lo que podría configurar un delito penal. El fiscal también señaló que la investigación judicial y la instrucción sumaria administrativa son procesos similares, pero con objetivos distintos: una busca determinar la violación de normas penales, y la otra, la irregularidad en el funcionamiento de la administración pública. En este caso, habrá colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Sumarios para avanzar en la investigación. Sobre los plazos para la información sumaria, Rodríguez Signes indicó que existen normativas que establecen tiempos orientativos para la investigación, pero no son estrictamente perentorios. En cuanto a la posibilidad de que los dispositivos hayan sido colocados por personas ajenas a la administración, fue categórico al afirmar que en la oficina del gobernador lo veo imposible directamente, debido a la custodia permanente y la vigilancia con cámaras en el área. Sin embargo, no descartó ninguna hipótesis y aseguró que trabajarán en conjunto con el fiscal Santiago Alfieri para esclarecer los hechos.
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