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  • El Parlamento Europeo frenó el acuerdo UE-Mercosur y pide que lo revise la Justicia

    Parana » Inventario22

    Fecha: 22/01/2026 09:04

    El Parlamento Europeo frenó el acuerdo UE-Mercosur y pide que lo revise la Justicia Se frena el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. La decisión, aprobada por un margen mínimo de votos, podría demorar varios meses la entrada en vigencia del convenio 22/01/2026 08:51 109808 3.47 minutos. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur quedó en pausa este miércoles, después de que el Parlamento Europeo resolviera enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su legalidad. La decisión se tomó en una votación ajustada, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, durante la sesión plenaria realizada en Estrasburgo. La medida implica que el máximo tribunal del bloque, con sede en Luxemburgo, deberá pronunciarse sobre si el acuerdo firmado días atrás en Paraguay se ajusta a los tratados constitutivos de la Unión Europea. Hasta que exista un dictamen, el proceso de ratificación quedó formalmente suspendido. Festejos en la calle y malestar en Bruselas El resultado de la votación desató festejos entre los agricultores que se movilizaron frente a la sede del Parlamento, muchos de ellos llegados con cientos de tractores desde distintos puntos de Francia. La escena contrastó con la reacción de la Comisión Europea, que expresó su rechazo a la decisión. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", afirmó Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario. Desde Bruselas recordaron, además, que la Comisión conserva la facultad de aplicar el tratado de manera provisional, aun con el trámite judicial en curso. El golpe político alcanzó de lleno a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien había firmado el acuerdo el fin de semana anterior junto a los mandatarios del bloque sudamericano. La firma en Asunción y los respaldos regionales La formalización del tratado tuvo lugar el 18 de enero en Asunción, con la participación de los cancilleres del Mercosur y los líderes europeos. Como testigos de honor estuvieron el presidente Javier Milei, su par de Uruguay, Yamandú Orsi, y el mandatario anfitrión, Santiago Peña. También asistieron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Mulino, países que transitan distintas etapas de acercamiento al bloque sudamericano. El acuerdo apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores. Para entrar en vigor de manera plena, requiere la aprobación de todas las instancias institucionales europeas. El eje de la disputa judicial Antes de la votación, un grupo de 144 eurodiputados ya había presentado un recurso ante el tribunal para que se pronuncie sobre dos puntos centrales: si el acuerdo puede aplicarse de forma provisional antes de la ratificación completa de los Estados miembros y si algunas de sus cláusulas limitan la capacidad regulatoria de la UE en materia ambiental y de protección del consumidor. Este tipo de dictámenes suele demorar alrededor de dos años. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz reiteró su respaldo al tratado y sostuvo que está "convencido de su legalidad". En el plano industrial, la presidenta de la asociación de fabricantes alemanes VDA, Hildegard Müller, advirtió que el envío del acuerdo a la Justicia representa "una señal devastadora" y abre la puerta a que el entendimiento quede en entredicho. Francia, al frente de los detractores La oposición al acuerdo tuvo a Francia como principal impulsora, al frente de un grupo de países detractores que incluye a Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. El país, mayor productor agrícola del bloque, cuestiona un eventual aumento de las importaciones de carne vacuna, azúcar y aves de corral sudamericanas, que -según sostienen- podría afectar a los productores locales. "El Parlamento Europeo se manifestó en consonancia con la postura de Francia", declaró el canciller francés Jean-Noël Barrot. En un mensaje difundido en la red social X, agregó: "La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria". Mientras tanto, la Eurocámara aguardará el pronunciamiento del tribunal antes de avanzar con la votación definitiva. En ese compás de espera, el acuerdo quedó atrapado entre la presión política interna y un proceso judicial que amenaza con estirar su futuro por varios meses. La medida implica que el máximo tribunal del bloque, con sede en Luxemburgo, deberá pronunciarse sobre si el acuerdo firmado días atrás en Paraguay se ajusta a los tratados constitutivos de la Unión Europea. Hasta que exista un dictamen, el proceso de ratificación quedó formalmente suspendido. Festejos en la calle y malestar en Bruselas El resultado de la votación desató festejos entre los agricultores que se movilizaron frente a la sede del Parlamento, muchos de ellos llegados con cientos de tractores desde distintos puntos de Francia. La escena contrastó con la reacción de la Comisión Europea, que expresó su rechazo a la decisión. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", afirmó Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario. Desde Bruselas recordaron, además, que la Comisión conserva la facultad de aplicar el tratado de manera provisional, aun con el trámite judicial en curso. El golpe político alcanzó de lleno a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien había firmado el acuerdo el fin de semana anterior junto a los mandatarios del bloque sudamericano. La firma en Asunción y los respaldos regionales La formalización del tratado tuvo lugar el 18 de enero en Asunción, con la participación de los cancilleres del Mercosur y los líderes europeos. Como testigos de honor estuvieron el presidente Javier Milei, su par de Uruguay, Yamandú Orsi, y el mandatario anfitrión, Santiago Peña. También asistieron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Mulino, países que transitan distintas etapas de acercamiento al bloque sudamericano. El acuerdo apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores. Para entrar en vigor de manera plena, requiere la aprobación de todas las instancias institucionales europeas. El eje de la disputa judicial Antes de la votación, un grupo de 144 eurodiputados ya había presentado un recurso ante el tribunal para que se pronuncie sobre dos puntos centrales: si el acuerdo puede aplicarse de forma provisional antes de la ratificación completa de los Estados miembros y si algunas de sus cláusulas limitan la capacidad regulatoria de la UE en materia ambiental y de protección del consumidor. Este tipo de dictámenes suele demorar alrededor de dos años. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz reiteró su respaldo al tratado y sostuvo que está "convencido de su legalidad". En el plano industrial, la presidenta de la asociación de fabricantes alemanes VDA, Hildegard Müller, advirtió que el envío del acuerdo a la Justicia representa "una señal devastadora" y abre la puerta a que el entendimiento quede en entredicho. Francia, al frente de los detractores La oposición al acuerdo tuvo a Francia como principal impulsora, al frente de un grupo de países detractores que incluye a Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. El país, mayor productor agrícola del bloque, cuestiona un eventual aumento de las importaciones de carne vacuna, azúcar y aves de corral sudamericanas, que -según sostienen- podría afectar a los productores locales. "El Parlamento Europeo se manifestó en consonancia con la postura de Francia", declaró el canciller francés Jean-Noël Barrot. En un mensaje difundido en la red social X, agregó: "La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria". Mientras tanto, la Eurocámara aguardará el pronunciamiento del tribunal antes de avanzar con la votación definitiva. En ese compás de espera, el acuerdo quedó atrapado entre la presión política interna y un proceso judicial que amenaza con estirar su futuro por varios meses.

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