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» Clarin
Fecha: 22/01/2026 06:23
Ramón Eduardo Cepillo Ocampo (65) había llegado a ocupar cargo de viceintendente de Curuzú Cuatiá. En 2017, cuando se desempeñaba como secretario de Obras y Servicios Públicos de ese municipio correntino, empezó a ser investigado. En los últimos días lo condenaron a tres años de prisión en suspenso. Además, la Justicia ordenó secuestrarle a este apasionado del chamamé una propiedad valuada en 400.000 dólares y un auto. Tras un proceso que duró más de ocho años, Ocampo optó por firmar un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Oscar Cañete. Lo hizo tras admitir que se había enriquecido ilegalmente e incurrido en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, esto último por autorizar los planos para la construcción de 15 departamentos que le pertenecían pero habían sido puestos a nombre de su pareja. El fallo establece también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Previamente el ex funcionario buscó cerrar el proceso penal con el pago de una multa de 20 millones de pesos, planteo que fue rechazado por el fiscal del caso. La investigación se disparó en 2017 cuando la empresa provincial de energía constató que un local comercial de la zona céntrica de Curuzú Cuatiá estaba colgado del servicio de electricidad. El comerciante sostuvo que nada tenía que ver con esa irregularidad, ya que el contrato de locación incluía el pago del servicio al propietario. El titular del lugar resultó ser Ocampo, un abogado que hizo toda su carrera en la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, donde ingresó a trabajar en 1984 y escaló hasta ocupar el cargo de viceintendente. En 2010 había asumido al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La causa iniciada por hurto de energía eléctrica derivó en un allanamiento del lugar, donde los funcionarios judiciales constataron que Ocampo estaba construyendo 15 departamentos y que la obra tenía un avance del 80 por ciento. El emprendimiento inmobiliario no tenía relación con sus ingresos. Los investigadores establecieron que el hombre había adquirido el inmueble en 2007 por la suma de 105.000 pesos y, cinco años después, en abril de 2012, la transfirió a nombre de Anabella Beatriz Aranguiz (63), su pareja, por una cifra inferior. Ese mismo día, ante una escribana de la ciudad, ambos firmaron un acuerdo privado donde dejaron constancia que el negocio era simulado y que la mujer debía devolver la titularidad del bien en un plazo no mayor de seis meses. Aranguiz actuó de testaferro porque Ocampo ya había tomado la decisión de iniciar un ambicioso proyecto inmobiliario en el lugar y necesitaba que estuviera a nombre de un tercero para poder firmar la habilitación en su carácter de secretario de Obras y Servicios Públicos. Fuentes judiciales dijeron que en la casa del por entonces funcionario se halló ese documento privado, pero también otros bienes que pertenecían a la Municipalidad. Dejó todos los dedos marcados, graficó un funcionario que conoce el expediente. Desde la Fiscalía advirtieron que, con sus ingresos como funcionario público, Ocampo no podría haber adquirido la costosa propiedad, motivo por el cual fue intimado para que justificara la procedencia del dinero. Su patrimonio se completaba con un campo y otras propiedades en Curuzú, además de dos autos y una camioneta que había adquirido ese año a través de un plan de ahorro. Qué declaró el imputado El hombre adujo que una parte de sus ingresos provenía del cobro de honorarios, pero sólo presentó fotocopias de algunos escritos judiciales que redactó; y que también cobraba de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) , ya que tenía registrado varios temas de su autoría. Las planillas revelaron que percibía una suma ínfima por sus creaciones. En diciembre de 2017 la Justicia dictó la prisión preventiva de Ocampo y Aranguiz. Ambos estuvieron presos dos años y luego accedieron a la excarcelación. Mientras, Ocampo dio rienda suelta a la creatividad componiendo algunos temas musicales más, uno de los cuales lleva el título de Prisión preventiva y tiene ritmo caribeño. Voceros judiciales dijeron que, además de la inversión inmobiliaria, el imputado todos los meses realizaba un plazo fijo a su nombre, otro al de Aranguiz y un tercero a nombre de una mujer con la que también tenía un vínculo afectivo y falleció durante la investigación del caso. En un desesperado intento por justificar su enriquecimiento, Ocampo sostuvo que parte de su fortuna se debía a los bienes que dejó su hermano, pero en la Justicia le recordaron que la heredera era su madre. El funcionario fue investigado por la fiscal de Instrucción Alejandra Talamona, quien solicitó la intervención de la División Delitos Económicos de la Policía Federal Argentina (PFA), peritos del Superior Tribunal de Justicia y tasadores para demostrar que Ocampo nunca pudo haber acumulado esos bienes con sus ingresos lícitos. Pese a que el imputado aceptó ser condenado a cuatro años de prisión, el Tribunal Oral Penal de Mercedes le bajó un año la pena porque tiene dos hijos discapacitados que requieren de su asistencia. Aranguiz, en tanto, no fue enjuiciada porque la Justicia consideró prescripto el delito que se le atribuía. Alejado de los cargos públicos, Ocampo pasa sus días administrando su campo y conduciendo un programa de radio que difunde música regional, aliviado tras evitar tener que volver a la cárcel. EMJ Sobre la firma Newsletter Clarín
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