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Parana » Informe Digital
Fecha: 21/01/2026 17:00
De la redacción de INFORME DIGITAL Un operativo de seguridad realizado en la Casa de Gobierno de Entre Ríos derivó en el hallazgo de cámaras y micrófonos ocultos en el despacho del gobernador Rogelio Frigerio, en un hecho de extrema gravedad institucional que activó una investigación judicial y peritajes técnicos especializados. Las tareas se desarrollaron durante toda la mañana con intervención de áreas operativas de la Policía de Entre Ríos y personal técnico, tras detectarse irregularidades que motivaron un barrido electrónico en sectores sensibles del edificio gubernamental. Según información confirmada de primera mano, los dispositivos no eran elementos inactivos: tanto las cámaras como los micrófonos estaban funcionando y conectados a internet, lo que implica que podían transmitir audio e imagen en tiempo real. Esa condición técnica abre una línea central de la investigación, ya que permite rastrear direcciones IP y establecer hacia dónde se dirigía la información recolectada. Las cámaras y micrófonos fueron encontrados en puntos estratégicos del despacho, con orientación directa hacia el área donde el gobernador mantiene reuniones de trabajo y toma decisiones políticas y administrativas. También se habrían revisado sectores de circulación reservada dentro de Casa de Gobierno, como parte de un procedimiento preventivo más amplio. Por el momento, no se pudo determinar quién instaló los dispositivos, ni desde cuándo estaban operativos. Tampoco se estableció aún quién o quiénes podían recibir las transmisiones. Esa información forma parte del análisis forense que se realiza sobre el material secuestrado. El caso quedó bajo investigación judicial, con reserva en las actuaciones, mientras se avanza en el peritaje técnico de los equipos y en la reconstrucción del circuito de transmisión de datos. La hipótesis de espionaje institucional es una de las líneas que se analizan, aunque por ahora no hay imputaciones ni responsables identificados. En paralelo, el hallazgo generó un fuerte impacto interno en el Gobierno provincial y derivó en revisiones adicionales de seguridad, ante la sospecha de que la instalación de estos dispositivos no haya sido un hecho aislado. El episodio encendió alertas en el corazón del poder político entrerriano y abrió interrogantes de alto voltaje sobre el control de información sensible, el acceso a espacios reservados y el uso ilegal de tecnología de vigilancia en ámbitos institucionales.
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