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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 21/01/2026 13:56
El régimen sucesorio argentino, regulado por el Código Civil y Comercial, introduce reglas estrictas que pueden modificar el destino de una herencia, aun cuando exista un testamento. La normativa asigna prioridad a la porción legítima, una fracción de los bienes reservada legalmente para ciertos familiares, frente a cualquier voluntad expresada por el fallecido en un documento notarial. Dentro de la sucesión, la figura del cónyuge sobreviviente adquiere una relevancia particular. Aunque la percepción común indica que un testamento garantiza la transmisión de los bienes según la voluntad del causante, la realidad legal impone límites significativos. Según declaraciones recogidas por Infobae de un escribano consultado, en Argentina hay herederos forzosos que no pueden ser dejados sin herencia, entre los que se incluyen los hijos y el cónyuge viudo o viuda. La ley determina con precisión quiénes son considerados herederos forzosos. Los hijos y el cónyuge superviviente ocupan el primer orden de prioridad. Si no existen descendientes ni cónyuge, los ascendientes, como padres o abuelos, pasan a integrar el grupo con derechos sucesorios prioritarios. El régimen legal establece que la porción legítima debe respetarse en todo caso y que ninguna disposición testamentaria puede desplazar este derecho. De acuerdo con la información suministrada por Infobae, el testamento solo habilita la designación de nuevos herederos sobre la fracción disponible, equivalente al 33,33% del patrimonio total en caso de que haya hijos. En caso de no haberlos, esa fracción asciende al 50 por ciento. La distribución de los bienes sigue un patrón claro. Cuando hay hijos, el viudo o viuda recibe una parte igual a la correspondiente a cada descendiente directo. Si únicamente existen ascendientes vivos, la herencia se divide entre ellos y el cónyuge sobreviviente. Solo en ausencia de descendientes y ascendientes, el viudo o viuda accede a la totalidad de la herencia. Esta regla busca evitar que la voluntad individual del fallecido perjudique los derechos de los familiares directos. No obstante, existen situaciones en las que el cónyuge sobreviviente puede perder directamente el derecho sucesorio. La normativa establece que si el matrimonio se celebró menos de treinta días antes del fallecimiento, sin que se haya demostrado convivencia previa, el viudo o viuda queda excluido de la herencia. También se pierde este derecho en caso de que al momento de la muerte existiera una separación de hecho o un divorcio sin reconciliación acreditada judicialmente. El escribano consultado por Infobae confirmó: hay escenarios en los que el viudo o la viuda pierde directamente el derecho sucesorio, más allá de lo que diga el testamento. Esto ocurre si el matrimonio se celebró menos de 30 días antes del fallecimiento sin convivencia previa comprobable, o si existía separación de hecho o divorcio sin reconciliación acreditada. El objetivo central de la ley es proteger a la familia directa y evitar maniobras que puedan afectar los intereses de los herederos forzosos. Ningún testamento puede vulnerar la porción legítima, y cualquier disposición que lo haga puede ser revisada y corregida por la Justicia en el proceso sucesorio. Las autoridades judiciales intervienen para garantizar que los derechos de los familiares protegidos prevalezcan sobre voluntades individuales que busquen alterar estas reglas. El testamento, en este contexto, se convierte en una herramienta de alcance limitado. Si el causante intenta nombrar herederos sobre bienes comprendidos en la porción legítima, sus instrucciones resultan legalmente discutibles y serán válidos sólo hasta el alcance de la porción disponible en el caso de que la exceda. El escribano consultado remarcó que con el testamento se puede instituir un nuevo o varios herederos solo sobre la porción disponible (33,33% en caso de que haya hijos y 50% en caso de que no). El resto del patrimonio debe asignarse forzosamente a los familiares protegidos por la ley. En casos donde existan conflictos sobre la interpretación de la voluntad del fallecido o el alcance de la porción legítima, corresponde a la Justicia analizar la situación y determinar la correcta distribución de los bienes. Este proceso puede incluir la revisión, modificación o anulación parcial de disposiciones testamentarias, siempre en resguardo de los derechos de los herederos forzosos. El esquema sucesorio argentino responde así a un principio de protección familiar, incluso por sobre la autonomía de la voluntad, y establece límites claros a la capacidad de disponer libremente del patrimonio. Los cambios introducidos en la normativa fortalecen este sistema y refuerzan el control judicial sobre el reparto patrimonial. Los especialistas sostienen que el conocimiento de estos límites resulta fundamental para cualquier persona que desee planificar la transmisión de sus bienes bajo la legislación vigente.
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