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Parana » APF
Fecha: 21/01/2026 13:26
Buscan anular el DNU que reforma a la SIDE porque crearía una fuerza de seguridad encubierta A una semana del vencimiento del plazo para que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se aboque a su tratamiento, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar nulo de nulo el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 que reorganiza integralmente la Ley de Inteligencia Nacional. El DNU de la SIDE tiene que ser declarado nulo de nulidad absoluta, reiteró el santafesino. El proyecto de ley fue acompañado por Pablo Farías, Sergio Capozzi y Mónica Frade, quienes consideraron que el decreto configura en los hechos una nueva Ley de Inteligencia, dictada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin debate parlamentario, sin control democrático y en abierta violación al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Del mismo modo, según precisó el portal parlamentario.com, aseguraron que no se verifica en el caso ninguna circunstancia excepcional que torne imposible el trámite legislativo ordinario. La materia regulada es una cuestión de máxima sensibilidad institucional, que exige deliberación pública, consenso democrático y la intervención indelegable del Congreso de la Nación. Gobernar por decreto en este ámbito no sólo es inconstitucional, sino profundamente regresivo en términos de calidad democrática, señalaron. El DNU 941/2025 fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, pero ingresó formalmente al Congreso de la Nación el viernes 16 de enero. Si la Bicameral de Trámite Legislativo -a cargo de Oscar Zago- no se reúne antes del viernes 30, la oposición podrá llevarlo al recinto -de cualquiera de las dos cámaras- a partir del comienzo del segundo tramo del período extraordinario que iniciará el lunes 2 de febrero. Para los integrantes de Provincias Unidas, firmantes del proyecto de ley, este DNU es grave porque habilita expresamente que el personal de inteligencia proceda a la aprehensión de personas en supuestos de flagrancia o por orden judicial. Explicaron, en ese sentido, que esta atribución, expresamente vedada por la legislación vigente hasta ahora, desdibuja peligrosamente la demarcación entre inteligencia y funciones policiales, y supone la creación de una verdadera fuerza de seguridad encubierta o policía secreta, incompatible con los consensos democráticos construidos desde la recuperación constitucional de 1983. El segundo punto considerado grave por los legisladores de la oposición dialoguista es que el decreto faculta a la SIDE a requerir información a la totalidad de los organismos del Estado nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y crea ámbitos de articulación la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional bajo su conducción directa. Este diseño convierte a amplios sectores de la administración pública en proveedores forzosos de información estratégica, sin salvaguardas adecuadas, sin control judicial efectivo y con un riesgo evidente de utilización política de los datos recolectados, aseveraron. Luego, señalaron que estas disposiciones implican un retroceso histórico, reabren heridas que la democracia argentina había procurado cerrar y contradicen los principios de separación de funciones y subordinación militar al poder civil. Entre varios puntos más que fueron criticados, Paulón concluyó con que esta normativa entra en franco conflicto con la Ley de Seguridad Interior, en tanto habilita que acciones propias del sistema de inteligencia carentes de control judicial suficiente y basadas en hipótesis o riesgos futuros puedan afectar derechos y garantías constitucionales. (APFDigital)
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