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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 21/01/2026 09:24
La Justicia federal volvió a exigir al Gobierno nacional que ejecute de forma efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un fallo que pone plazos concretos para su cumplimiento. La resolución, dictada este martes por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, fija el 4 de febrero de 2026 como fecha límite para que la normativa esté plenamente operativa en todo el territorio nacional. El juez intimó al Poder Ejecutivo a que, en un plazo de cinco días hábiles, presente documentación que acredite avances concretos en los trámites administrativos vinculados a la implementación de la ley, bajo apercibimiento de posibles sanciones si no se cumplen los requerimientos. Esta exigencia alcanza al Ministerio de Salud de la Nación y a la Agencia Nacional de Discapacidad, organismos encargados de ejecutar las medidas. La decisión se produjo en el contexto de un amparo colectivo promovido por un padre en representación de sus hijos, junto con la participación de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, que reclamaron la vigencia efectiva de la norma sin dilaciones. El fallo reafirma que la apelación del Estado presentada en diciembre pasado tras una orden judicial previa fue concedida con efecto devolutivo, lo que implica que la obligación de cumplimiento sigue vigente mientras la causa tramita ante la Cámara Federal de San Martín. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso con el objetivo de garantizar la financiación y actualización de prestaciones, la continuidad de tratamientos y una mayor protección de derechos sociales para personas con discapacidad. Sin embargo, su aplicación se había visto postergada por decretos que suspendieron temporalmente partes de la norma, situación que fue cuestionada por el Poder Judicial. Con la nueva orden, la Justicia espera no solo informes parciales sobre gestiones en curso, sino pruebas concretas de implementación que demuestren la puesta en marcha de mecanismos exigidos por la ley antes del plazo fijado. El fallo marca un hito en la supervisión judicial de políticas públicas vinculadas a grupos vulnerables y coloca al Estado bajo una fecha límite explícita para transformar la norma en acciones efectivas.
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