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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 21/01/2026 07:40
Se iniciaron más de 134.000 expedientes el año pasado, un promedio de 370 por día. El sistema advierte que, para cubrir la litigiosidad, las alícuotas que pagan las empresas deberían aumentar un 80%. Mientras el Gobierno de Javier Milei apura las negociaciones en el Congreso para aprobar la reforma laboral en febrero, las estadísticas le dan la razón a una de las premisas de la Casa Rosada: la litigiosidad laboral está fuera de control. El 2025 cerró con un récord absoluto de demandas contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), superando los 134.000 casos, una cifra que desbordó todas las previsiones del sector. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y diciembre ingresaron a los tribunales 134.141 demandas, lo que equivale a unos 370 juicios nuevos por día. Esto representa un incremento interanual del 6,4% respecto a 2024, pero el dato más alarmante está en la tendencia: la «industria del juicio» aceleró su marcha en el último trimestre, registrando un salto del 12% interanual. Un costo impagable para las empresas La escalada judicial tiene un impacto directo en la economía real. Desde las aseguradoras advierten que el sistema está al límite y que, para financiar este nivel de litigiosidad, sería necesario un aumento drástico en lo que pagan las empresas. «Implicaría incrementar en un 80% el valor de la alícuota promedio», explicaron desde el sector. En números concretos: la alícuota debería pasar del 2,85% actual de la masa salarial al 5,15%, un costo que desalienta la contratación formal. Mara Bettiol, titular de la UART, fue contundente: «Cerramos 2025 con una cifra récord injustificada. Ir a juicio no tiene costo, sino pura ganancia para la intermediación judicial. En vez de ser excepcional, es masivo y habitual, quebrando el sistema». El negocio detrás del reclamo El informe de la UART desnuda quién gana realmente con estos juicios. De las sentencias dictadas, el trabajador recibe apenas el 55% del monto. El 45% restante se licúa en la «burocracia judicial»: honorarios de abogados, peritos, mediadores y tasas. La disparidad de criterios judiciales es el combustible de esta maquinaria. A pesar de la Ley de 2017, la falta de Cuerpos Médicos Forenses en muchas provincias permite que peritos externos cuyos honorarios están atados al monto de la sentencia fijen incapacidades a menudo infladas respecto a la instancia administrativa. A esto se suma la «lotería» de las tasas de interés: cada juez aplica un criterio de actualización diferente (RIPTE, IPC, tasa activa), generando incertidumbre y montos impagables. Fuente: LosPrimeros.TV
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