21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
21/01/2026 09:02
» Clarin
Fecha: 21/01/2026 06:27
Uno de los puntos más controversiales de los encuentros que congregan a la comunidad internacional en la reciente conferencia climática -Conferencia de las Partes (COP)-, gira en torno a la discusión sobre la necesidad de dejar atrás el petróleo y otros combustibles fósiles, avanzando en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque el papel determinante de los fósiles en el calentamiento global está científicamente comprobado, numerosas delegaciones continúan bloqueando cualquier declaración que marque explícitamente el fin de la era del petróleo. Esta resistencia no es novedosa. La cuestión estuvo ausente del Acuerdo de París de 2015 y solo fue abordada de manera tibia en la COP28, en Dubái. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a surgir iniciativas que impulsan con mayor claridad la necesidad de dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Entre ellas se destacan el colectivo Leave It in the Ground (LINGO), la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) y la propuesta de avanzar hacia un Tratado de No Proliferación en materia de explotación petrolera. El presupuesto de carbono restante para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C es de apenas 130 gigatoneladas de CO. Esta cifra resulta ampliamente superada por los proyectos de producción actualmente en marcha, las denominadas bombas de carbono. Según datos recopilados por LINGO, si estos proyectos se concretaran, las emisiones alcanzarían las 1.400 gigatoneladas de CO, exponiendo al planeta a un colapso climático. Frente a este escenario, la industria insiste en promover tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y otras soluciones de dudosa eficacia, con el objetivo de prolongar su modelo de negocios. Los desastres climáticos recurrentes muestran que el problema ya no es futuro, sino presente. Las catástrofes imponen crecientes costos humanos y fiscales, mientras las víctimas fatales aumentan año tras año. Esta realidad presiona a los gobiernos, tanto por las inversiones necesarias en adaptación y reconstrucción como por la urgencia de políticas de mitigación de largo plazo. A ello se suma el riesgo de activos varados y la pérdida acelerada de valor de las inversiones vinculadas a los combustibles fósiles. Durante la COP30, Colombia lanzó la Iniciativa de Belém, que propone avanzar hacia una transición justa, ordenada y equitativa para abandonar los combustibles fósiles, en línea con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Un total de 88 países se sumaron a la iniciativa, aunque fue confrontada por Arabia Saudita e India, con el apoyo de otros países productores. El peso del lobby petrolero volvió a hacerse sentir: más de 1.600 representantes de la industria participaron en el evento, frente a una presencia limitada de pueblos indígenas y organizaciones sociales. Pese a los reclamos, la declaración final no incluyó una hoja de ruta para abandonar los fósiles ni referencias a la deforestación. Así, la llamada COP de la verdad volvió a evidenciar la primacía de los intereses petroleros. No obstante, surgen alternativas, como la convocatoria a la primera Conferencia Internacional por una Transición Justa, prevista para abril en Colombia, y la incorporación del tema en futuras instancias. Dejar los combustibles fósiles atrás no es una cuestión técnica, sino una decisión política que dependerá, en gran medida, de la presión sostenida de la sociedad civil. Copyright Latinoamerica21.com Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original