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» TN
Fecha: 21/01/2026 05:57
Mientras la fiscalía avanza en la investigación de la presunta secta que habría sido liderada por dos empleados del Senado bonaerense, en los últimos días el caso tuvo avances: declaró un testigo señalado por las víctimas como parte de una maniobra que habría frenado el avance de las denuncias en una etapa decisiva. Se trata de Claudio Yacoy, abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, quien se presentó de manera espontánea ante la Justicia. En su declaración, aseguró que nunca fue notificado formalmente para declarar y negó haber llevado adelante las gestiones judiciales que, según las víctimas, se habían realizado durante meses. El testimonio de Yacoy volvió a poner bajo la lupa el rol de Melina Gaudino, una exfuncionaria provincial mencionada en reiteradas oportunidades en el expediente. Según consta en el acta judicial, la DDI intentó notificar al abogado, pero no logró ubicarlo. El contacto se hizo a través de Gaudino, quien habría facilitado un número telefónico erróneo de Yacoy, informó una fuente judicial a TN. Para los investigadores, ese dato se suma a una serie de inconsistencias que ahora son analizadas dentro de la hipótesis de un posible entorpecimiento o incluso el delito de encubrimiento. Las denunciantes relataron que, tras decidir romper el silencio, creyeron durante meses que la causa avanzaba. La mujer les dijo que se habían presentado escritos, que se habían pedido medidas de protección y que incluso existían reuniones con la fiscal y el juez interviniente. Sin embargo, al acercarse personalmente a la fiscalía, descubrieron que no había ninguna actuación judicial y las denuncias ni siquiera estaban presentadas. El rol de Gaudino, cada vez más cuestionado Melina Gaudino fue mencionada por al menos tres denunciantes como la persona que se ofreció a ayudarlas cuando decidieron denunciar los abusos. Según sus testimonios, fue quien las puso en contacto con Yacoy y quien, durante meses, les aseguró que el proceso judicial estaba en marcha. Tal como informó TN sobre Gaudino, la mujer fue directora de Coordinación Municipal en el Ministerio de Seguridad bonaerense y fue apartada de ese cargo en diciembre de 2023. Durante 2024 se desempeñó como titular del área de Acceso a la Justicia de la Municipalidad de La Plata, pero también fue desplazada de ese puesto a fines de ese mismo año. Fuentes consultadas señalaron que su paso por los distintos organismos estuvo marcado por conflictos internos y que, además, habría brindado información falsa sobre su formación profesional, ya que se presentaba como abogada pese a no haber finalizado la carrera. Hoy, su conducta es analizada por la fiscalía ante la sospecha de que pudo haber contribuido por acción u omisión a que las denuncias no avanzaran cuando las víctimas todavía estaban bajo amenaza. Cómo sigue la causa que investiga a la secta liderada por dos empleados del Senado bonaerense La causa tiene como principales imputados a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado bonaerense y referentes del movimiento kirchnerista La Capitana en La Plata. Permanecen detenidos desde fines de diciembre, procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019. La fiscal deberá definir si ordena la prisión preventiva. Según la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, los acusados habrían montado una organización con rasgos sectarios denominada La Orden de la Luz. De acuerdo con los testimonios, Rodríguez se presentaba como una figura divina llamada Dios Kiei, con supuestos poderes sobrenaturales y distintas personalidades, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol activo en la captación y sometimiento de las víctimas. Las mujeres describieron un esquema sostenido de manipulación psicológica, amenazas, violencia física y abusos sexuales reiterados. También relataron que durante años existieron castigos corporales, dependencia económica y un sistema de control que, si querían abandonar el grupo, podían sufrir represalias. Además de la causa principal, la Justicia investiga hechos que habrían ocurrido dentro de la oficina 007 del Senado bonaerense, en un expediente paralelo que se encuentra en etapa de instrucción y que todavía no tiene imputaciones. En los próximos días se tomarán nuevas declaraciones solicitadas por las querellas y el 22 de enero está prevista la apertura de los celulares de los acusados y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Para la fiscalía, ese material podría ser determinante para reconstruir cómo funcionaba la presunta secta y si existió una red de protección alrededor de los imputados. Los investigadores estiman que podría haber al menos 20 víctimas, algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos. Muchas todavía no se animaron a denunciar, pero podrían aportar su testimonio como testigos.
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