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Parana » Plazaweb
Fecha: 20/01/2026 11:58
La abogada entrerriana María Eloisa Quintero, recientemente incorporada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aseguró que existe expectativa frente al proceso de transición en Venezuela, aunque advirtió que el país continúa en un estado de emergencia, con denuncias persistentes por graves violaciones a los derechos humanos. En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Quintero explicó que el escenario de trabajo de la misión internacional tuvo un cambio mayúsculo tras la detención y extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Según señaló, a partir del 3 de enero cambia todo el contexto, sobre todo desde el punto de vista sociopolítico y la etapa en la que se encuentra Venezuela hoy. La especialista recordó que la misión de Naciones Unidas tiene como mandato investigar presuntas violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales y otros hechos documentados desde 2014. Eso iba a ser nuestro objeto de investigación y sigue siendo el mandato, precisó, aunque aclaró que el proceso de transición obliga también a observar cómo se desarrollan los hechos en la actualidad. En ese sentido, sostuvo que el nuevo escenario exige analizar si las violaciones continúan o si la transición se orienta a ponerles fin. Hay que mirar de manera muy detallada cómo es Venezuela hoy, cómo se está dando esa transición y si estas situaciones continúan o se perpetúan, subrayó. Quintero reconoció que existen algunos indicios de cambio, como la liberación de personas detenidas. Al día de hoy son 148 los liberados, indicó, aunque aclaró que las cifras no siempre son precisas por la falta de información oficial y el temor de algunas personas a brindar datos. Consideró que estas excarcelaciones representan un gesto de un paso adelante, pero remarcó que aún queda mucho por hacer. Respecto de los presos políticos, advirtió que la comunidad internacional reclama un procedimiento claro y tutelado. De esas cerca de 800 personas que están en situación de prisión, en condiciones de ilegalidad, deberíamos saber en qué estado se encuentran, dónde están y cuándo van a ser liberadas, planteó, y señaló el impacto que la incomunicación tiene sobre las familias. Consultada sobre los detenidos argentinos, sostuvo que no puede aportar cifras precisas, aunque afirmó que los casos conocidos son demasiado simbólicos y demuestran que la situación también afecta a la Argentina. La integrante de la misión detalló que el trabajo incluye investigar casos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y de género, además de detenciones selectivas. En particular, señaló que tras las elecciones de 2024 se amplió el mandato para analizar los hechos de violencia registrados en ese contexto. La mirada amenazante frente a los opositores o presuntos opositores exacerbó violaciones que ya veníamos visibilizando, explicó. Sobre la continuidad de la misión, Quintero indicó que los plazos se renuevan según la necesidad. Evidentemente siempre se ha ido renovando en los últimos años, porque esto es una constante, afirmó, y precisó que el mandato de los expertos es anual, con posibilidad de extensión. Finalmente, señaló que existe una expectativa moderada frente a la transición anunciada por las autoridades venezolanas. Se ha exteriorizado de manera verbal una disposición de voluntad de hacer cambios, reconoció, aunque advirtió: Estamos en un estado de emergencia en Venezuela y eso tiene un gran impacto en todos los espacios cívicos y en las acciones de persecución que se pueden seguir dando.
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