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Concordia » Hora Digital
Fecha: 20/01/2026 10:49
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un documento ante el Senado en el que expresó su respaldo general a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, aunque advirtió sobre riesgos concretos en algunos artículos del proyecto. La entidad señaló que cinco artículos, del 126 al 132, podrían desvirtuar el objetivo central de la reforma y generar un escenario de mayor imprevisibilidad y conflictividad laboral. Por esta razón, reclamó de manera imperiosa que esos artículos sean eliminados del texto final. El artículo 126 es el que más preocupa a la CAME, ya que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas, excluyendo las cláusulas obligacionales, que son las disposiciones acordadas libremente por las partes durante la negociación. Según la entidad, esta restricción contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y podría abrir la puerta a disputas que actualmente se evitan gracias a la continuidad de los acuerdos vigentes. En sus palabras, esta medida desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral. Otro punto conflictivo es el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las entidades empresarias pero mantiene los de las organizaciones sindicales. La CAME considera que esta asimetría implica un trato inequitativo y discriminatorio que podría poner en riesgo la representación empresarial a nivel nacional y alterar el equilibrio entre las partes involucradas en la negociación colectiva. Las críticas también alcanzan a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de actividad. Para la CAME, esta modificación fragmentaría el marco normativo de las distintas actividades económicas, permitiría diferencias salariales difíciles de justificar y afectaría un principio fundamental del derecho laboral: la igualdad de remuneración por igual tarea. Finalmente, el artículo 132 faculta al Estado a suspender la vigencia de convenios colectivos cuando invoque razones amplias como distorsiones económicas graves o interés general. La CAME considera que esta discrecionalidad excesiva introduce un factor adicional de inestabilidad y debilita la previsibilidad necesaria para que empleadores y trabajadores puedan planificar sus actividades. El documento, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, destaca que las sugerencias buscan construir una norma que garantice estabilidad, certezas, previsibilidad y, fundamentalmente, equidad. Según la CAME, estas condiciones son indispensables para reducir la litigiosidad y ordenar la relación entre trabajadores y empresas sin erosionar el sistema de negociación colectiva. Las objeciones de la CAME se suman a otras presiones que enfrenta el proyecto. Por un lado, el sector sindical, liderado por la CGT, intenta introducir modificaciones mediante la influencia sobre legisladores del centro político. Por otro, los gobernadores expresan preocupación por el impacto fiscal de los ajustes impositivos que contempla la iniciativa, en un contexto de caída en la recaudación provincial. El Gobierno prevé aprobar el proyecto de Modernización Laboral en el Senado el próximo 11 de febrero. Fuente: La Nación.
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