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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 19/01/2026 13:31
La Ley de Glaciares que se pretende derogar se construyó en un proceso de dos años y medio, tres años, quizás más, y ahora se la quiere derogar en menos de un mes, sin debate", cuestionó Daneri. El abogado ambientalista de Paraná, Jorge Daneri, cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares que plantea efectuar el gobierno nacional y que se discutirá en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Daneri planteó que desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas venimos siguiendo con prioridad total a este tema; el presidente de la Asociación, Enrique Viale, intervino en las presentaciones que se hicieron como de urgencia a fines de diciembre en el Senado de la Nación, oponiéndonos con una diversidad de organizaciones sociales y ecologistas, del propio instituto que lleva adelante conforme la ley el estudio de lo que se llama el inventario de glaciares, y demás, en una oposición radical a este proyecto de ley, que apunta fuertemente a generar un marco, un ámbito, a liberar un territorio relevante, estratégico, sensible para todos los ecosistemas aguas abajo de los glaciares, para todas sus cuencas, para la producción a escala humana, como para la producción de exportación, como pueden ser los vinos argentinos, de una manera brutal. Es decir, no sólo va a haber un impacto ambiental y social en función de la destrucción de todo el esquema territorial de las áreas de periglaciares, sino también un avance sobre la estructura de los glaciares que es dantesca, que es de una incertidumbre y de una complejidad muy grande y se va a delegar según pretende el proyecto de ley- en las provincias el determinar qué es lo que se puede tocar y no se puede tocar, violando la Constitución nacional en cuanto al concepto de Presupuestos Mínimos Ambientales, que fue una construcción muy importante que se llevó adelante en la reforma constitucional de 1994, donde se estableció un piso, una base para todo el país, respetando el federalismo, pero para que el federalismo mejore los escenarios y no como se pretende ahora que haya un proceso de regresión, una violación al principio de no regresión, que además es un principio de validez internacional para la legislación argentina, apuntó. En tal sentido, destacó que hace no muchos años se firmó el Acuerdo de Escazú que es un acuerdo latinoamericano muy importante y que establece dos principios centrales: el principio de no regresión y el principio de progresividad, que precisamente aspira a mejorar la protección de los sistemas ecológicos, de sus sistemas asociados, y que en este caso es precisamente todo lo contrario. Respecto de la responsabilidad que recaería en las provincias, Daneri explicó que el escenario es muy particular porque de eso se trata el federalismo de concertación. Por ahí hablamos también de la democracia ambiental, que es un federalismo donde se complementan Nación y provincia. Lo que sucede es que, no solo aquí no se están complementando, sino que por un lado el gobierno nacional ahoga a las provincias limitando la transferencia de recursos un gran debate sobre un replanteo radical de la ley de coparticipación federal- y en ese apretar, en ese extorsionar a las provincias, a la vez les dicen como carta de cambio, que se harán cargo de los recursos naturales. Esto está en el Acta de Mayo firmada el año pasado, donde las provincias se comprometen a explotar los recursos naturales, incluso firmando también, como está en la Ley Bases, la degradación de la legislación ambiental. Todo lo que se oponga al RIGI es ilegal, lo cual también es inconstitucional. Pero de esa manera, supuestamente las provincias van a tener mayores ingresos por la explotación en áreas de periglaciares, de oro, de litio, de plata, de cobre, etc., sin importar el mediano plazo, sin importar la equidad intergeneracional, sin importar los hijos y los nietos de los senadores no sólo andinos, sino de la mitad del territorio argentino, que en un 70% la República Argentina es desértica. En este marco, sostuvo que la proyección es de una gravedad extrema, por estos análisis exclusivamente de coyuntura y realmente totalitarios que hace el gobierno nacional, con el apoyo de varias provincias, y estamos en un escenario grave no sólo para los ecosistemas, sino que estamos hablando del agua y de la mitad del territorio regado y bendecido por estas aguas que se quieren destruir. Recordó además que hubo un debate y una construcción social fantástica, ante un proyecto de ley que fue vetado por Cristina Kirchner, por el que se insistió y por el que hubo un consenso que fue histórico, no solo para Argentina sino para toda América Latina, porque es una ley modelo en el mundo. Agregó que hay un dato interesante y extremadamente preocupante, que el artículo 41 de la Constitución Nacional habla del derecho deber de proteger el ambiente. Nos pone en cabeza de los pueblos y de los ciudadanos el deber de protegerlo. Y ahora el deber de proteger aparece en el Plan de Inteligencia Nacional, es decir, los que protegemos al ambiente pasamos a ser investigados por la máxima autoridad política de la República Argentina. El escenario realmente es de extrema gravedad; los pueblos originarios, las organizaciones de derechos humanos, los periodistas que no están de acuerdo con la política estratégica económica del gobierno nacional, es un retroceso realmente alevoso. Y hay gobernadores como (Rogelio) Frigerio y otros gobernadores que se dicen aún radicales, que no dicen una sola palabra de esto. Hay una alienación, una dependencia, que es vergonzante y eso es un retroceso no solo del principio de no regresión ambiental, es una degradación de la democracia que tanto costó recuperar en la Argentina. Consultado por la posible pérdida de soberanía ante las grandes empresas mineras, afirmó que el Tratado Minero Chileno-Argentino, del menemismo, redactado por los abogados de las corporaciones mineras transnacionales, es un tratado que de alguna manera constituye un Estado en los Andes cuasi independiente, descontrolado por el Estado argentino. Ese tratado y la legislación que generó nunca se modificó, pese a que vulnera la soberanía nacional sin lugar a dudas. Ahora, en el actual escenario geopolítico que atraviesa el mundo y con esta voracidad de las extremas derechas, con un gobierno que no solo se solidariza, sino que se alinea totalmente al gobierno de los Estados Unidos y al actual gobierno fascista de Israel no del Estado de Israel, no del pueblo judío- es de una gravedad también que genera un montón de preguntas. Como ejemplo, mencionó que si uno analiza los convenios firmados en todas las provincias andinas con Mekorot, la empresa de agua israelí, no son convenios donde ya se entrega el bien común agua o el mal llamado recurso natural, pero que sí son convenios donde la empresa estatal israelí se reserva todo lo que descubra como ámbito de investigación. Es decir, bienes que son del pueblo argentino en sus investigaciones para, supuestamente, asesorar a los gobiernos en la gestión de cuencas de los glaciares, queda reservada toda la información científica y no están obligados a entregarla ni al Estado provincial que suscribe el convenio ni al Estado nacional. La verdad, es una vergüenza también. Respecto de la reforma de la ley que pretende el gobierno, Daneri explicó que la principal modificación es liberar lo que se llama el área periglacial, que es un área de contención o de protección, es un área perimetral de los glaciares, totalmente funcional en diálogo y en armonía con el propio esquema estructural de los glaciares. Es decir, destruir las zonas periglaciares para explotar minerales a gran altura implica debilitar gravemente el escenario, además de cambio climático, es decir, de un aumento radical en el derretimiento de los hielos milenarios, de una manera incluso impredecible y con un nivel de incertidumbre muy grande, y ahí también se viola otro principio, que es el principio precautorio, ante el no conocimiento o la duda de la certeza, no se puede avanzar. Y aquí se avanza. Se avanza cuando el propio Instituto Científico de Glaciares de la Argentina dice que esto no se tiene que hacer, y se lo niega, se lo ignora. Hay un debilitamiento de todo el sistema periglaciar muy grande, en un escenario de mega inversiones en minerales. La Ley de Glaciares que se pretende derogar se construyó en un proceso de dos años y medio, tres años, quizás más tiempo todavía, y ahora se la quiere derogar en menos de un mes, en dos meses, sin debate en los territorios, sin debate de los pueblos indígenas, sin debate de los productores vitivinícolas, etcétera, etcétera, concluyó.
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