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Parana » ER 24
Fecha: 19/01/2026 01:56
FEDERAL: La concejal Etcheverry que enfrentó al poder local de la jueza Irurzum y al íntimo amigo de la senadora Miranda, el Procurador Jorge Garcia Etcheverry, es la concejal vecinalista, que decidió plantarse frente al poder local y provincial al exponer, sin rodeos, lo que muchos murmuran y pocos se animan a decir en voz alta. Según la nota, Etcheverry acudió a la Justicia con un amparo para exigir que el Ejecutivo municipal conducido por el intendente Alcides Alderete (PJ) respete la normativa vigente sobre liquidación de dietas del Concejo Deliberante. Y lo hizo con un planteo que no se reduce a lo mío: sostuvo que el incumplimiento impacta también en el funcionamiento del Concejo y hasta en pagos retroactivos vinculados a trabajadores del cuerpo deliberativo. Lo más fuerte no es sólo el reclamo administrativo. Es el diagnóstico político-institucional que deja en evidencia: cuando el Estado incumple y el poder no quiere dialogar, la única vía que queda es la judicial, pero esa vía termina funcionando otra vez como un pasillo estrecho en el que la respuesta llega tarde o llega recortada. Etcheverry lo formula con crudeza: cuando el que tiene el poder no quiere dialogar, la única vía que a mí me queda es la judicial. El caso, además, muestra una mecánica conocida: cuando se presenta la demanda, el Ejecutivo mueve algo para neutralizarla. La jueza de Garantías de Federal, Susana Griselda Irurzun, declaró abstracto el amparo, y Etcheverry interpreta que el expediente se vuelve abstracto porque el municipio, al enterarse, liquida automáticamente lo adeudado una estrategia que, según ella, se repite. Ahí aparece el nudo de la historia: la justicia como escenario donde el poder administra costos. Etcheverry denuncia que el fallo es intencionado y que incluso es incongruente con la jurisprudencia que cita, porque cuando ella promovió el amparo el incumplimiento existía. Y agrega un dato político clave: sostiene que la Justicia de Federal estaría cooptada por la senadora Nancy Miranda, y que se intentó disciplinarla con costas por su orden para golpearla económicamente. En ese marco, la concejal hace lo que casi nadie hace en pueblos chicos: sube la apuesta institucional. Anuncia que llevará el caso al Superior Tribunal de Justicia para que se conteste lo que preguntan: si hubo incumplimiento real y si lo pagado se ajustó o no a la ordenanza (porque, dice, pagaron, pero pagaron un importe que no era). Y completa el cuadro con una acusación que, guste o no, describe cómo se perciben las relaciones de poder en la provincia: también cuestiona al Procurador General Jorge García, afirmando que es íntimo amigo de la senadora. Para Etcheverry, lo que hay de fondo es un disciplinamiento político donde la Justicia termina siendo cómplice. Etcheverry se vuelve noticia por esto: porque en Sauce de Luna aparece una concejal que no se resigna al arreglo, no baja la voz, y pone sobre la mesa una verdad incómoda: en conflictos con el Estado, el ciudadano (o el concejal díscolo) muchas veces llega al amparo como última tabla, pero se enfrenta a un sistema donde el poder puede corregir apenas lo necesario para vaciar el reclamo y luego presentarlo como tema superado.
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