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La Paz » Politica con vos
Fecha: 18/01/2026 05:55
Mientras el Gobierno exhibe cifras macroeconómicas favorables, los salarios estatales sufren una caída histórica frente a la inflación, ampliando la brecha social y evidenciando el costo real del ajuste. De la Redacción PcV Un retroceso que no es casualidad Los trabajadores estatales son hoy uno de los grupos más golpeados por la política económica del Gobierno. Los aumentos salariales otorgados a los empleados públicos quedaron sistemáticamente por debajo de la suba de precios, acumulando una pérdida real de poder adquisitivo cercana al 30% en el último año. Esta caída del salario estatal se suma a la erosión estructural de los ingresos, en un país donde los precios y tarifas siguen altos pese a la desaceleración inflacionaria proclamada. Aunque el Gobierno se jacta de haber reducido la inflación a niveles no vistos en ocho años, ese logro se sustenta en el control de salarios y del tipo de cambio, mientras que los precios de bienes esenciales siguen presionando el presupuesto familiar. El ajuste que paga el sector público La estrategia de subas escalonadas y la utilización de bonos extraordinarios muchas veces no remunerativos no alcanzaron para compensar el alza de los precios. El resultado es un salario que ya no cumple su función básica de sustento. Esta situación profundiza tensiones con los gremios estatales, que reclaman mecanismos de actualización automática atados a la inflación y recomposiciones salariales más amplias. Este deterioro no es un accidente de mercado, sino el resultado de un modelo económico que prioriza la estabilidad fiscal y la reducción del déficit sobre la preservación del ingreso real de los trabajadores estatales. En este marco, sectores como educación universitaria, salud pública e investigación científica han visto cómo las remuneraciones pierden terreno mes a mes, complicando la retención de talento y la calidad de los servicios públicos. Entre discursos y datos oficiales Los datos oficiales muestran una imagen compleja del mercado laboral argentino. Si bien estadísticas recientes del INDEC registraron aumentos salariales que en algunos meses superaron la inflación intermensual, el sector público sigue siendo el más rezagado frente al costo de vida. Esto no sólo ocurre en términos nominales: la caída acumulada del poder adquisitivo afecta el consumo, la planificación familiar y la capacidad de ahorro. La discusión se radicaliza cuando se observa que, bajo la administración actual, los salarios del sector público perdieron una proporción mayor que en otros segmentos, profundizando una tendencia de desigualdad salarial que se remonta a años anteriores. Prestaciones sociales: paliativos insuficientes Algunas prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo, consiguieron actualizaciones más frecuentes que amortiguaron parcialmente el impacto inflacionario. Sin embargo, estas mejoras son relativas y no alcanzan para garantizar condiciones de vida dignas, marcando una clara diferencia entre políticas asistenciales y la valoración del trabajo formal. Este enfoque pone en evidencia que el modelo económico actual no equilibra adecuadamente la protección social con la revalorización del salario, lo que puede traducirse en mayor precariedad laboral y más presión sobre los sectores con menos recursos. Un modelo económico con costos sociales reales La caída del salario público frente a la inflación no es sólo un dato técnico: es una expresión tangible de las prioridades económicas del Gobierno. Mientras las cifras agregadas muestran cierto éxito como la desaceleración de la inflación, millones de trabajadores ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos, ampliando las brechas sociales y generando descontento. La estabilidad macroeconómica no puede ser sostenida a costa del salario de los trabajadores. Si el objetivo es construir una sociedad más equitativa, será imprescindible que las políticas de ingresos acompañen la narrativa oficial de crecimiento y control de precios, para que no queden reducidas a cifras abstractas sin impacto real en el bolsillo de la población.
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