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» Clarin
Fecha: 17/01/2026 20:47
Después de concluir a fines del año pasado la remodelación del Gabinete, Javier Milei tuvo una conversación con su hermana Karina. Hubo un tema casi excluyente entre ambos. La situación de Santiago Caputo, el asesor presidencial, representante en la tierra de las Fuerzas del Cielo. El joven no había quedado conforme con la distribución del poder en la cima luego de la gran victoria electoral en las legislativas de octubre. La secretaria general resultó una clara e indiscutida ganadora. De esa forma nació el último día del 2025 la novedad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que produce una reforma integral del sistema en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esa decisión posee por ahora tres facetas. La necesidad de saldar las internas libertarias en el lugar más sensible del Gobierno. Las nuevas atribuciones que los cambios conceden a los espías y sus estructuras. La derivación multimillonaria de fondos hacia ese organismo, que ocurre desde que se encaramó Milei. En contraste con recortes generalizados (salud, educación, obras públicas) tendientes a preservar el equilibrio fiscal. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, hizo un trabajo comparativo acerca de los gastos en la SIDE desde 2024 hasta 2026, de acuerdo con lo que está proyectado en el Presupuesto sancionado. El primer año de la gestión libertaria insumió $ 47.595 de los cuales $ 3.794 fueron gastos reservados. Es decir, el 8% del total. En 2025, con el Presupuesto prorrogado del año anterior, el monto previsto casi se duplicó pese a que la inflación interanual, celebrada por el Gobierno, alcanzó el 31,6%. El fondo ejecutado ascendió a $ 105.197 millones. Los gastos reservados subieron a $ 13.436 millones. Es decir, un 13% del total. En el Presupuesto del 2026 figuran $ 97.135 millones. ¿Cifra inferior al último año? Seguro que no. Los números del informe fueron elaborados en septiembre sin haber contemplado las actualizaciones posteriores. Tampoco, el ajuste por inflación. De la cifra prevista, los gastos reservados podrían alcanzar $ 19.097 millones. En suma, el 20% del total. La matemática indicaría por ahora que los gastos reservados entre 2025-26 tendrían un aumento del 42% nominal. El dinero, en un país que ajusta todos los bolsillos, resulta muy importante. Tampoco es desdeñable el rediseño debajo del gran paraguas de la SIDE, cuyo titular, Cristian Auguadra, comprendió enseguida que no debía entrar en el doble juego de su antecesor, Sergio Neiffert. Cuando creyó que Caputo juniors estaba en declinación comenzó a frecuentar a Karina. Letal para la interna libertaria. La remodelación de la casa de los espías presenta ahora cuatro órganos desconcentrados. Con posibles cambios de nombres y funciones. Las mayores modificaciones estarán en la Agencia Federal de Ciberseguridad que pasará a ser la Agencia de Ciberinteligencia. Detalle: quedará bajo la órbita de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Karina siempre está. El Gobierno también eliminará la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Tendría por objeto debilitar al ministerio de Defensa desde el punto de vista civil y permitir las cuestiones de inteligencia en poder de las Fuerzas Armadas. El sucesor del diputado Luis Petri es el teniente general Carlos Presti. Espionaje e intercambio informativo sobre los ciudadanos. Las nuevas atribuciones no se compadecen con la vigencia de la ley de Defensa de la Democracia. De los aspectos técnicos del DNU habría que pasar a su aspecto discursivo. Al perfil político. Con definiciones muy inquietantes. Se afirma que todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad. Según la Real Academia Española (RAE) encubrir significa ocultar o impedir que se descubra algo o alguien como un delito. Vía libre para los topos. Ni siquiera todo aquello resulta lo más grave. El DNU autoriza también a los espías a detener a personas en supuesta flagrancia sin orden judicial. Tarea hasta hoy absolutamente vedada. También señala como razones valederas para la persecución o detención las amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, de sabotaje, injerencia, interferencia e influencia. Una suma de generalidades extremadamente peligrosas. Algunas comparaciones con episodios de la actualidad profundizan aquella percepción. En especial, cuando se tienen en cuenta al menos tres asuntos. La vinculación lineal e inquebrantable de Milei con Donald Trump. La cosmovisión familiar que ambos poseen en torno a lo que llaman batalla cultural. La desconfianza y hostilidad que suelen dispensar al periodismo. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es la principal agencia de investigación y seguridad en Estados Unidos. La última semana una delegación de agentes requisó el domicilio de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post, quien publicó un informe sobre su trabajo secreto en organismos estatales donde un millar de trabajadores derramó quejas contra la administración de Trump. Agentes del FBI se presentaron en su casa de Virginia en un virtual allanamiento. Inspeccionaron todo y confiscaron su teléfono, dos ordenadores y un reloj inteligente, según la difusión The Washington Post. El diario remarcó que es inusual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas por filtraciones de la prensa. El episodio produjo un sacudón interior que no alcanzó la onda expansiva esperada porque Trump hace circular su terremoto por el mundo. Sigue abierto el tutelaje sobre Venezuela, detiene petroleros en el mar Caribe, ofreció US$ 700 billones para apoderarse de Groenlandia donde la Unión Europea empieza a centrar su nueva preocupación, está atento a la posibilidad de intervenir en Irán, donde una revuelta popular tiene en jaque desde hace semanas al régimen de los ayatolas. El FBI aclaró que el objeto de la investigación no sería la periodista sino una tercera persona por haber accedido a información clasificada de inteligencia del Departamento de Estado. Nunca quedó en claro por qué razón se apuntó a Natanson. Aunque la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, acusó a la periodista de obtener e informar sobre material clasificado y filtrado ilegalmente por un contratista del Departamento de Guerra. El debate sobre libertad de expresión ganó la centralidad en ciertos círculos estadounidenses. Jameel Jafer, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia denunció que el registro de redacciones y de periodistas son características de los regímenes antiliberales y nuestra obligación es garantizar que esas prácticas no se normalicen. Pie de nota: Natanson es crítica del segundo mandato de Trump. Fue galardonada dentro del equipo que recibió el Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, en enero del 2021, por el cual se inició un juicio en el que el líder republicano consiguió zafar. La oposición intentó reagrupar fuerzas para conminar a Martín Menem, titular de Diputados, y Victoria Villarruel, del Senado para que convoque a las dos Bicamerales. La de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia y la de Permanente Trámite Legislativo encargada de evaluar los DNU. Aquellos pedidos han tenido por ahora la respuesta del silencio. Tampoco, las presentaciones judiciales de objeción progresarán con rapidez. El fiscal del fuero Contencioso Administrativo, Fabián Canda sostuvo que no resulta perentorio abrir la feria para el tratamiento de los amparos. El Gobierno va ganando tiempo a la espera de que el verano transcurra. Su posición en ese terreno sería mientras tanto ventajosa. El Gobierno remitió recién el DNU de la SIDE aduciendo que el Congreso está en receso. La Comisión Bicameral de Inteligencia debe rearmarse por los alejamientos de Martín Lousteau (ahora diputado) y Leopoldo Moreau. Mientras todo eso siga sucediendo el DNU posee vigencia y los controles parlamentarios están desactivados. También existe una duda válida sobre si Milei incluirá en febrero aquel texto cuando deba convocar nuevamente a extraordinarias para avanzar con la reforma laboral. Se trata de uno de los objetivos cruciales de los libertarios. Si evitara el envío de DNU en esa ventana de tiempo podría deteriorarse el concepto de la urgencia y abrir un debate inconveniente. En cualquier caso, luego del envío del DNU, las comisiones del Congreso poseen diez días para expedirse y Diputados y el Senado pueden considerarlos en cualquier momento. Aún en el período de extraordinarias. El Presidente posee un recuerdo imborrable. El primer traspié que sufrió con los DNU fue justamente cuando en 2025 se propuso aumentar en $ 100 mil millones los fondos del organismo. Hasta el PRO, en forma masiva, decidió darle la espalda. El Gobierno aspira a seguir usufructuando una regla absurda que nació en 2006 por la magia de Cristina Fernández. Fue en socorro de su ex marido, Néstor Kirchner, entonces presidente. Inventó que un DNU para ser rechazado debe ser votado en ese sentido por ambas Cámaras. Ahora, con una sola de ellas que no lo haga la discrecionalidad presidencial sigue vigente. El año pasado la oposición en su conjunto intentó limitar el uso. En un momento en que el Gobierno flameaba. Se propuso que para que tenga validez un DNU debe ser aprobado por ambas Cámaras. Dentro de un plazo de 90 días. Si eso no sucediera, el decreto caería de modo automático. El Senado lo validó, pero Diputados objetó precisamente el tiempo de tratamiento estipulado. El proyecto regresó a la Cámara alta. Allí está. Milei aprovecha ese vacío para seguir gobernando sin nuevos límites. Sin importarle que se le endilgue vicios del kirchnerismo. Como sostiene Mauricio Macri, los ismos suelen tocarse desde las antípodas ideológicas. Sobre la firma Newsletter Clarín
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