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» TN
Fecha: 16/01/2026 20:16
La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió no avanzar, al menos por el momento, con la recomendación al Gobierno de Javier Milei para designar un veedor oficial que controle las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No se designará porque la AFA comenzó a dar respuesta, abriendo las cuentas del balance, señalaron desde el organismo a TN. No obstante, esto puede cambiar luego del estudio minucioso de la documentación aportada: si detectan inconsistencia en la información que está aportando AFA, puede designarse en un futuro. Hay que analizar la presentacion y ver cuánta informacion han dado y si hay alguna que se guardaron, remarcaron desde la IGJ a este medio. Leé también: Los pilotos del helicóptero que iba a la mansión de Pilar declararon que no llevaron pasajeros Según indicaron, el proceso llevará varios días y recién a partir de ahí se evaluará la situación. Lo cierto es que si la AFA cambió su actitud resistente y cumplió con la intimación dando la información, no hay justificativo para hablar de una veeduría, por lo menos por el momento, sentenciaron. La definición fue adoptada por el titular del organismo, Daniel Vítolo, luego de las audiencias realizadas con los contadores de la AFA y de la Liga Profesional, en el marco de la revisión de los estados contables correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024. Leé también: AFA: citan a declarar al contador que avaló el certificado falso de los presuntos testaferros de Toviggino En paralelo, fuentes del ente de control señalaron que la AFA tiene plazo hasta el martes 20 de enero para responder sobre la existencia de la Universidad de la AFA (UNAFA) y el destino de los fondos utilizados para su funcionamiento. Vítolo también buscó bajar la tensión por el conflicto generado a partir del cambio de jurisdicción de la AFA, que trasladó su domicilio legal de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Aseguró que la IGJ no tiene interés en retener a la entidad bajo su órbita, pero remarcó que el traspaso debe ajustarse a los requisitos que marca la ley. En ese sentido, negó que exista una imputación penal contra la AFA o sus directivos desde el organismo. La IGJ no ha acusado la comisión de ningún delito. Solo ha requerido información en el ejercicio de sus funciones administrativas de control, reiteró. La decisión es leída en la Casa Rosada como una señal de distensión en la relación con la conducción del fútbol argentino. En diciembre, la Dirección General Impositiva había denunciado a Tapia por presunta apropiación indebida de tributos, la única causa penal en la que el dirigente se encuentra imputado. Las audiencias clave se realizaron esta semana. Comparecieron los contadores responsables de auditar los balances de la AFA en los distintos períodos: Claudia Carraro (2017), Umberto Mucelli (2018 a 2021) y Claudio Bisurgi (2022 a 2024). Desde la IGJ destacaron que los profesionales adoptaron una actitud colaborativa y brindaron explicaciones tanto sobre los estados financieros como sobre los procedimientos utilizados para emitir sus dictámenes. En el caso del balance cerrado al 30 de junio de 2024, el organismo remarcó que la AFA finalmente desagregó partidas que antes figuraban de manera global y habían sido cuestionadas. También declaró ante la IGJ el auditor de la Liga Profesional, Fernando Dubois, quien reconoció no haber respondido en tiempo y forma a observaciones realizadas sobre los ejercicios 2020 a 2024. Según fuentes oficiales, el contador pidió disculpas y se comprometió a presentar las aclaraciones antes del vencimiento del plazo, fijado para el 20 de enero. Mientras tanto, la AFA negó irregularidades contables, rechazó acusaciones de malversación y apuntó contra el Gobierno. También defendió el cambio de jurisdicción y aseguró que fue avalado por veedores de la IGJ y por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Desde el organismo de control, sin embargo, aclararon que los veedores no convalidan decisiones, sino que solo dejan constancia de lo ocurrido, y negaron haber recibido una notificación formal de la Provincia sobre el traspaso. Vítolo deslizó, además, que la mudanza podría tener una motivación política, ya que la IGJ solo fiscaliza entidades con domicilio legal en la Ciudad.
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