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Parana » Inventario22
Fecha: 16/01/2026 17:34
Nacionales: Exigen USD 1millón Juicio de YPF: los demandantes piden que Argentina sea declarada en desacato Burford solicitó sanciones contra el Estado argentino por no entregar correos y mensajes de funcionarios. La jueza Loretta Preska definirá los próximos pasos 16/01/2026 09:17 109738 3.45 minutos. La causa por la expropiación de YPF volvió a tensarse en los tribunales de Estados Unidos. Los demandantes del juicio que se tramita en Nueva York presentaron un nuevo escrito ante la jueza Loretta Preska en el que reclamaron que Argentina sea declarada en desacato, al considerar que el Estado no cumplió con la entrega total de correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios y exfuncionarios exigidos en el proceso de discovery. Entre las sanciones solicitadas figura una multa coercitiva de USD 1 millón diarios, además de otras medidas de alto impacto jurídico y financiero. El planteo fue confirmado por el CEO de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, Sebastián Maril, quien detalló en la red X que los acreedores del fallo por YPF pidieron sanciones por el presunto incumplimiento de la orden de discovery dictada el 29 de julio de 2025, que obligaba a entregar comunicaciones relevantes -incluidos mensajes de WhatsApp y correos de Gmail- vinculadas a la actuación de funcionarios públicos. Según explicó Maril, el pedido ante la jueza Preska incluye una batería de medidas: que se declare como alter ego del Estado a organismos y empresas públicas como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas; la aplicación de sanciones civiles; la presunción de que la evidencia no presentada sería desfavorable para la Argentina; la imposición de la multa diaria millonaria; y, finalmente, la declaración formal de desacato. El experto precisó además el calendario procesal: el Estado argentino deberá responder el 19 de febrero, mientras que las audiencias probatorias están previstas para el 23 y 24 de marzo. Horas antes, Maril había ampliado el alcance del reclamo. Señaló que Burford Capital solicitará que se sancione al país por no haber entregado comunicaciones consideradas relevantes de cuentas personales y oficiales, entre ellas las del ministro Luis Caputo, el canciller Gerardo Quirno y otros funcionarios. El fondo sostiene que esos intercambios podrían demostrar un control "intenso y cotidiano" del Gobierno nacional sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas o ENARSA, lo que permitiría calificarlas como alter egos del Estado y dejar eventuales activos en Estados Unidos expuestos a embargos. El argumento no es nuevo. Entre 2002 y 2015, recordó Maril, los llamados fondos buitre intentaron una estrategia similar y la Justicia estadounidense rechazó esos planteos al considerar razonable el nivel de control estatal sobre empresas y entes públicos. Argentina sostiene que no puede entregar esas comunicaciones sin el consentimiento de los individuos involucrados, ya que se encuentran en sus dispositivos personales y están protegidas por normas constitucionales y de protección de datos personales. El Gobierno afirmó haber solicitado la colaboración de todos los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el discovery: algunos accedieron, pero otros -entre ellos Caputo y Quirno- se negaron. Ese argumento ya fue descartado por Preska. La magistrada entendió que las normas argentinas de acceso a la información pública neutralizan las objeciones de confidencialidad cuando los funcionarios utilizan cuentas personales para tratar asuntos oficiales. Aclaró, no obstante, que la orden judicial no exige la entrega total de mails o mensajes, sino únicamente aquellos que resulten relevantes para la causa y que contengan palabras clave previamente acordadas por las partes. Qué pasó hasta ahora en el juicio por la expropiación de YPF En 2023, la jueza Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a Burford Capital por la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia aún no está firme, ya que el Estado argentino apeló el fallo. El litigio se originó en 2015, cuando Petersen Energía -del grupo Eskenazi y entonces dueña del 25% de YPF- y Eton Park, que poseía el 3%, vendieron sus derechos litigiosos a Burford Capital, que presentó la demanda en Nueva York contra el Estado argentino y la petrolera. La expropiación alcanzó al 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. El proceso fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 26.932, incluyó el pago de una indemnización a la compañía española y se fundamentó en razones de utilidad pública, puntos que la Argentina sigue esgrimiendo como eje central de su defensa. En los tribunales de Nueva York, sin embargo, el capítulo está lejos de cerrarse. El planteo fue confirmado por el CEO de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, Sebastián Maril, quien detalló en la red X que los acreedores del fallo por YPF pidieron sanciones por el presunto incumplimiento de la orden de discovery dictada el 29 de julio de 2025, que obligaba a entregar comunicaciones relevantes -incluidos mensajes de WhatsApp y correos de Gmail- vinculadas a la actuación de funcionarios públicos. Según explicó Maril, el pedido ante la jueza Preska incluye una batería de medidas: que se declare como alter ego del Estado a organismos y empresas públicas como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas; la aplicación de sanciones civiles; la presunción de que la evidencia no presentada sería desfavorable para la Argentina; la imposición de la multa diaria millonaria; y, finalmente, la declaración formal de desacato. El experto precisó además el calendario procesal: el Estado argentino deberá responder el 19 de febrero, mientras que las audiencias probatorias están previstas para el 23 y 24 de marzo. Horas antes, Maril había ampliado el alcance del reclamo. Señaló que Burford Capital solicitará que se sancione al país por no haber entregado comunicaciones consideradas relevantes de cuentas personales y oficiales, entre ellas las del ministro Luis Caputo, el canciller Gerardo Quirno y otros funcionarios. El fondo sostiene que esos intercambios podrían demostrar un control "intenso y cotidiano" del Gobierno nacional sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas o ENARSA, lo que permitiría calificarlas como alter egos del Estado y dejar eventuales activos en Estados Unidos expuestos a embargos. El argumento no es nuevo. Entre 2002 y 2015, recordó Maril, los llamados fondos buitre intentaron una estrategia similar y la Justicia estadounidense rechazó esos planteos al considerar razonable el nivel de control estatal sobre empresas y entes públicos. Argentina sostiene que no puede entregar esas comunicaciones sin el consentimiento de los individuos involucrados, ya que se encuentran en sus dispositivos personales y están protegidas por normas constitucionales y de protección de datos personales. El Gobierno afirmó haber solicitado la colaboración de todos los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el discovery: algunos accedieron, pero otros -entre ellos Caputo y Quirno- se negaron. Ese argumento ya fue descartado por Preska. La magistrada entendió que las normas argentinas de acceso a la información pública neutralizan las objeciones de confidencialidad cuando los funcionarios utilizan cuentas personales para tratar asuntos oficiales. Aclaró, no obstante, que la orden judicial no exige la entrega total de mails o mensajes, sino únicamente aquellos que resulten relevantes para la causa y que contengan palabras clave previamente acordadas por las partes. Qué pasó hasta ahora en el juicio por la expropiación de YPF En 2023, la jueza Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a Burford Capital por la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia aún no está firme, ya que el Estado argentino apeló el fallo. El litigio se originó en 2015, cuando Petersen Energía -del grupo Eskenazi y entonces dueña del 25% de YPF- y Eton Park, que poseía el 3%, vendieron sus derechos litigiosos a Burford Capital, que presentó la demanda en Nueva York contra el Estado argentino y la petrolera. La expropiación alcanzó al 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. El proceso fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 26.932, incluyó el pago de una indemnización a la compañía española y se fundamentó en razones de utilidad pública, puntos que la Argentina sigue esgrimiendo como eje central de su defensa. En los tribunales de Nueva York, sin embargo, el capítulo está lejos de cerrarse.
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