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Parana » AIM Digital
Fecha: 15/01/2026 13:13
La ausencia de registros abiertos y de información clara sobre embarcaciones y permisos de pesca expone fallas estructurales en el sistema de control y favorece el ingreso de empresas con antecedentes de pesca ilegal a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Así lo revela un nuevo informe elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales y la organización Sin Azul No Hay Verde, al que accedió AIM. Según el informe al que accedió AIM, en Argentina la información sobre la flota pesquera, los armadores y los permisos otorgados no se encuentra publicada de forma abierta, en línea ni actualizada, sino dispersa en distintos registros y actas administrativas. Esta fragmentación dificulta el control ciudadano, la trazabilidad de las decisiones y la verificación de antecedentes. El caso Univpesca y los vínculos con Cnfc El documento analiza el caso de la empresa Univpesca, vinculada a la corporación estatal china China National Fisheries Corporation (Cnfc), cuyos buques registran antecedentes de pesca ilegal en aguas argentinas. Constató AIM que, pese a esos antecedentes, la firma logró obtener permisos para operar en la pesquería de calamar y posteriormente transferirlos a otras empresas del mismo grupo económico. El informe reconstruye una cronología que incluye el rechazo inicial de permisos en 2006 por vínculos con armadores involucrados en pesca ilegal, la aprobación posterior de proyectos en 2014, y nuevas transferencias autorizadas en 2016 y 2017, aun cuando buques ligados a la misma corporación fueron detectados operando ilegalmente dentro de la ZEE argentina. Debilidades en la aplicación de la ley El trabajo advierte sobre fallas en la aplicación del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar permisos a empresas con relaciones jurídicas o económicas con armadores que realicen pesca ilegal. Según el informe, la falta de mecanismos eficaces para verificar vínculos societarios y la opacidad en los procesos administrativos reducen la capacidad real de control, supo AIM. Además, el estudio señala que cambios normativos introducidos en 2013 debilitaron los requisitos de declaración jurada que anteriormente obligaban a detallar relaciones económicas y societarias, lo que hoy dificulta detectar conexiones indirectas con operadores sancionados. La necesidad de un registro público Constató AIM que el documento concluye con una recomendación central: la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, accesible en línea y actualizado en tiempo real. De acuerdo al informe, una herramienta de este tipo permitiría fortalecer la transparencia, mejorar el control social, prevenir el ingreso de operadores con antecedentes de pesca ilegal y resguardar la sostenibilidad de los recursos marinos. La transparencia no es opcional: es una herramienta básica para una pesca sostenible, resume el documento, que advierte que, sin cambios estructurales en el acceso a la información, casos como el de Univpesca podrían seguir repitiéndose.
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