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Paraná » 9digital
Fecha: 14/01/2026 23:08
En el marco de la reciente Maratón de Reyes en Concordia, se ha desatado un conflicto judicial que involucra al intendente Francisco Azcué y la concejal de la ciudad Claudia Villalba. La abogada María de los Ángeles Petit, representante legal de la edil, confirmó a Canal 9 Litoral la presentación de dos denuncias formales tras un altercado ocurrido el pasado sábado alrededor de las 20:30. La primera de las acciones legales se tramita en el foro penal por lesiones leves. Esta denuncia se dirige contra dos mujeres del equipo de seguridad que aparecen en los registros fílmicos y contra un agente de apellido Patiño, quien habría abordado a la concejal por la espalda. Según la letrada, el médico policial constató que la funcionaria resultó con dedos marcados en los brazos, antebrazos, rasguños y moretones tras el forcejeo. El incidente se produjo cuando la concejal se acercó al intendente en el corsódromo para solicitarle una audiencia urgente. El trasfondo del pedido radica en el conflicto gremial por la no renovación de aproximadamente 140 contratos municipales y la baja de monotributistas con antigüedad, situación ante la cual el intendente se había negado a recibir a los gremios y concejales previamente. Además del proceso penal, se ha radicado una denuncia civil contra el intendente Azcué por violencia verbal, ideológica y simbólica. Petit detalló que, ante el pedido de reunión, el mandatario reaccionó de forma desaforada, tildando a la concejal de sinvergüenza y exigiéndole que pida perdón a la ciudadanía, atribuyendo el conflicto a la gestión anterior. Consideramos que la violencia se ve agravada por el carácter institucional de ambos protagonistas, señaló la abogada. A raíz de estos hechos, la justicia ya ha impuesto medidas de restricción de acercamiento y actos de no molestar que afectan al personal de seguridad involucrado. La querella ha solicitado formalmente que el intendente sea incorporado al Registro de Antecedentes de Violencia (REJOCAP), fundamentando que ya posee una denuncia previa por violencia institucional. Asimismo, se pidió que el juez ordene de carácter obligatorio que Azcué asista al equipo técnico interdisciplinario y realice un tratamiento psicológico en un hospital público. El objetivo de este pedido, según Petit, es evaluar la conducta del mandatario, a quien describió con una forma de hablar bastante violenta. La abogada insistió en que el intendente debe ser tratado como cualquier hombre común que es denunciado, sin gozar de beneficios por su cargo jerárquico. Respecto a posibles contradenuncias, la defensa de la concejal manifestó no haber sido notificada oficialmente, sugiriendo que cualquier acción posterior sería una orden directa del intendente para desviar la responsabilidad. Finalmente, Petit sostuvo que el conflicto por los contratos no responde a razones financieras, sino a una revancha política contra el personal que ingresó durante la gestión anterior.
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