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Parana » APF
Fecha: 14/01/2026 12:18
La Justicia habilita la feria para tratar el reclamo por la entrega de alimentos en comedores de todo el país La Justicia Federal decidió habilitar la feria judicial para dar curso al reclamo interpuesto por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La medida busca que el Ministerio de Capital Humano proceda de forma urgente al relevamiento y distribución de los alimentos que permanecen acopiados desde hace meses, en medio de una crisis social que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables. Pese a la existencia de fallos judiciales previos que ordenaban al Estado normalizar la entrega de mercadería, la situación en los barrios populares sigue siendo crítica. Ante este escenario, la resolución judicial subraya que el derecho a la alimentación es una prioridad que no puede ser interrumpida por el receso administrativo del Poder Judicial. Un escenario de emergencia social En una Argentina atravesada por una profunda crisis, millones de familias dependen de los comedores y merenderos comunitarios para garantizar, al menos, un plato de comida diario. En este contexto, la interrupción en el suministro de insumos por parte del Gobierno nacional es denunciada por las organizaciones no solo como una falla administrativa, sino como una decisión política con consecuencias dramáticas. Según sostienen desde la UTEP, la falta de distribución, sumada al desfinanciamiento de programas sociales y al vaciamiento de áreas sensibles del Estado, configura un escenario donde el ajuste fiscal parece primar sobre la emergencia social existente. El rol de la red comunitaria La demanda pone el foco en que el desfinanciamiento de la asistencia alimentaria recarga la responsabilidad sobre el trabajo comunitario, sostenido mayoritariamente por mujeres. Estos espacios de contención son los que hoy "sostienen la vida" allí donde el mercado excluye y la presencia estatal se retrae. Cuando el Estado no garantiza el derecho a la alimentación, no solo incumple la ley, sino que vulnera la dignidad de millones de personas, señalaron desde las organizaciones sociales. Finalmente, el reclamo enfatiza que el hambre no puede ser utilizada como una variable de negociación política ni como una herramienta de ajuste económico. La habilitación de la feria judicial marca un paso clave en la lucha por respuestas inmediatas frente a lo que consideran una forma de violencia institucional que castiga a los sectores que ya viven en condiciones de extrema desigualdad. (APFDigital)
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