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  • A 23 años de la desaparición de la familia Gill, el caso sigue abierto

    Parana » Entremediosweb

    Fecha: 13/01/2026 10:33

    Este martes 13 de enero de 2026 se cumplen 23 años de la desaparición de la familia Gill en Nogoyá, uno de los casos más enigmáticos y conmocionantes de la historia policial del país. A más de dos décadas del hecho, y pese a la reactivación de la causa el año pasado, aún no existen respuestas concretas sobre el destino del peón rural, su esposa y sus cuatro hijos. El domingo 13 de enero de 2002 fue la última vez que se vio a Rubén Mencho Gill y a Margarita Gallegos junto a sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (2). La familia residía y trabajaba en el campo La Candelaria, donde todo rastro se perdió de manera abrupta y definitiva. Durante años, la investigación avanzó de forma irregular y con extensos períodos de inactividad. Recién a mediados de 2025 la causa volvió a tomar impulso, luego de que el abogado querellante Marcos Allende accediera al expediente y revisara las 18 fojas que conforman la investigación. Tras su incorporación, Allende realizó nuevas presentaciones judiciales y planteó una hipótesis contundente: la familia nunca habría salido del campo y existiría un responsable directo. En declaraciones a medios locales, sostuvo estar convencido de que se cometió un grave delito y señaló como principal sospechoso al propietario de la estancia. El abogado apuntó contra Alfonso Goette, dueño del establecimiento rural, fallecido en un accidente de tránsito en 2016. Si bien nunca fue imputado formalmente, su nombre estuvo desde el inicio bajo la lupa de los investigadores. Goette siempre negó cualquier participación y llegó a afirmar: Cómo los voy a querer matar si el más chico es hijo mío. Uno de los puntos más llamativos del caso es que el propio Goette denunció la desaparición recién tres meses después, al sostener que había otorgado vacaciones a la familia y que nunca regresaron. Fue entonces cuando los familiares de los Gill tomaron conocimiento de la situación. Desde esa denuncia inicial hasta las primeras excavaciones pasó más de un año, marcado por disputas judiciales y demoras que frenaron el avance de nuevas hipótesis. En 2015, la causa por averiguación de paradero quedó a cargo del juez Gustavo Acosta, quien reconoció la existencia de un conflicto laboral previo y una hipótesis de índole personal vinculada a la paternidad del hijo menor. A 23 años de la desaparición, el caso de la familia Gill sigue siendo una herida abierta. Sus allegados mantienen la esperanza de obtener respuestas y cerrar una historia marcada por el silencio y la incertidumbre. Actualmente, continúa vigente una recompensa de 12 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan hallar al peón rural y a su familia.

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