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» Clarin
Fecha: 13/01/2026 08:54
El Congreso Nacional tiene un papel decisivo para mejorar la educación, aunque parece no estar entre sus prioridades. A principios de diciembre vimos jurar y perjurar a los flamantes diputados y senadores, ninguno de los cuales ganó por sus propuestas educativas, tema que ni se mencionó durante la campaña electoral. Luego el presidente Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar temas de máxima relevancia y urgencia, y tampoco figuraba la educación en su lista de proyectos. Sin embargo, unos días antes del decreto presidencial se filtró en los medios un borrador de proyecto de nueva ley general de educación elaborado por el Consejo de Mayo. La hipótesis de ese texto es que existe un Estado que somete a escuelas, familias y alumnos y que es necesario liberarlos. Una ley para la liberación. El documento tuvo un par de defensores que lo militaron y muchas críticas. Finalmente, el gobierno no lo presentó al Congreso, así que, en rigor, no existe. Pero el gobierno sí envió el presupuesto nacional que eliminaba la meta de inversión en educación del 6% del PBI, establecida en la actual ley de Educación, y el Congreso lo aprobó. Esto ocurre en un contexto de desinversión, en los últimos dos años el presupuesto educativo nacional cayó el 50% y también cayó en la mayoría de las provincias. Ya no hay límites, ni reales ni formales, para la caída. Se dirá que se trata de un sinceramiento ya que, desde que se estableció en 2006, la meta se venía incumpliendo. La falacia podría formularse así: Si la meta no se cumple entonces resolvamos el problema quitándola. Las metas de inversión señalan prioridades, compromisos y marcan un horizonte, borrarlas no resuelve ningún problema. Falta liderazgo educativo y sobra macroeconomía del corto plazo. Salir del desastre económico en que está la Argentina requiere garantizar el equilibrio fiscal y bajar la inflación, condiciones necesarias para el crecimiento. Pero son las inversiones productivas y la educación el camino para que el país realmente se desarrolle. Es necesario acomodar las cuentas sin empeñar el futuro, sin lastimar a quienes están en desventaja, sin abandonar la aspiración de una sociedad integrada y pujante. Y tener un diagnóstico certero de los problemas educativos reales, sin falacias ni delirios. Dada la urgencia de la crisis educativa no creo necesario ni oportuno embarcar al Congreso en la larga discusión de una nueva ley general de educación. Pero es imprescindible que legisle al menos sobre cuatro temas, algunos de los cuales ya están encaminados en el parlamento. Se trata de una agenda acotada, factible y de impacto para la mejora educativa. Primero, educación como servicio estratégico esencial. Existe el proyecto de ley con media sanción de Diputados desde 2024 que espera tratamiento en el Senado. Allí se reconoce a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial y al Estado como garante del derecho a la educación en todo el ciclo escolar, con escuelas abiertas todos los días, aún en situaciones de acción directa o indirecta que atenten contra su funcionamiento. A esto deberían incorporar lo establecido por el Consejo Federal de Educación de garantizar el mínimo de 760 horas de clase para la primaria y 900 horas para la secundaria. En pandemia quedó claro que, sin escuelas, todo es peor. Segundo, evaluación integral del sistema educativo y creación de un organismo independiente. No hay mejora posible sin una evaluación integral que sea válida, confiable e independiente del poder político de turno. Como ocurre en tantos países del mundo, se requieren organismos autónomos con capacidad técnica y recursos propios para producir y difundir periódicamente indicadores de la calidad educativa que permitan diseñar planes de mejora. Existen ya en el Congreso proyectos con estado parlamentario para modificar la legislación actual en este sentido que esperan ser tratados. Tercero, financiamiento educativo. Derogada la meta de inversión, el Congreso debe debatir y legislar sobre el financiamiento educativo. Tiene que establecer no sólo cuánto va a invertirse sino la estrategia de financiamiento con criterios de equidad y eficiencia en todo el territorio nacional y diseñar estímulos orientados a la mejora de la calidad. Argentina tiene enormes diferencias de inversión por provincia y los salarios docentes más bajos de los últimos 20 años. Hay diversos modelos de financiamiento educativo en el mundo, vendría bien no adoptar aquellos que han fracasado o que profundizan las desigualdades. Cuarto, nueva carrera docente. Según las investigaciones, los docentes son el primer factor escolar asociado a los logros de aprendizaje y los directivos son el segundo y su profesionalización está en el centro de cualquier política de mejora. Sin embargo, a la inmensa mayoría, el país no les ofrece condiciones para su desarrollo profesional. La carrera docente constituye un modelo laboral de tránsito burocrático, donde priman los criterios de antigüedad y acumulación de certificaciones. Se requiere un nuevo marco normativo, que las provincias podrán adoptar o correr en paralelo, que avance hacia un modelo basado en el mérito, con oportunidades de crecimiento y reconocimientos a la mejora y la innovación. Si el Congreso trabaja con responsabilidad en 2026, tendremos las leyes que garanticen la protección del derecho de ir a la escuela, la evaluación integral y transparente de la calidad del sistema educativo, un esquema de financiamiento suficiente y equitativo y un marco para la profesionalización de docentes y directivos. Desde luego es solo una parte de la solución, la parte que le toca al Congreso. Sobre la firma Newsletter Clarín
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