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» La Nacion
Fecha: 12/01/2026 06:36
27 de noviembre de 1992 y 3 de enero de 2026, dos madrugadas aciagas Quitar a un gobernante es más simple que reconstruir un país; lo que ahora importa es si en Venezuela terminará la represión, si volverá la prensa libre, si la gente podrá vivir sin miedo, o si el país pasará de una forma de poder impuesto a otra, con la población nuevamente reducida al papel de espectadora - 7 minutos de lectura' Vivía en Venezuela cuando, en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, me despertó el teléfono. Era mi mejor amiga para decirme que prendiera la TV. Ya mientras lo hacía, escuché aviones y helicópteros volando sobre Caracas a esa hora inaudita. En la pantalla de todos los canales se veía lo mismo: en un mensaje grabado que se repetía una y otra vez, Hugo Chávez anunciaba al país que su grupo había tomado el poder y capturado al presidente. El gobierno, aseguraba, había caído. La imagen fue perturbadora por demás. Los ciudadanos no lo podíamos creer: una democracia hasta entonces pacífica era interrumpida en vivo por televisión. Venezuela era una de las democracias más estables de América Latina y, de pronto, ahí estaba: el presidente elegido por voto popular capturado y el poder tomado por la fuerza, transmitido en tiempo real. El sentimiento generalizado era de pánico e incredulidad. El golpe fracasó ese mismo día. Los oficiales fueron arrestados. Pero algo irreversible ya había ocurrido. Esa mañana entró en la vida pública venezolana un movimiento político que no creía en la democracia como una regla compartida. Años más tarde, uno de esos oficiales sería indultado, se presentaría a elecciones y ganaría la presidencia. Los orígenes importan. Lo que ingresó a la política venezolana en 1992 no fue solo una persona, sino una idea: que la democracia era condicional, prescindible, algo que podía suspenderse cuando dejaba de resultar conveniente. Volví a pensar en aquella madrugada el 3 de enero de este año. Ya no vivo en Caracas, pero una vez más me despertó mi amiga y encendí el televisor. Otra vez helicópteros, aviones y movimientos militares sobre la ciudad donde pasé tres décadas de mi vida. Actores distintos. Justificaciones distintas. Apuestas globales distintas. Y, aun así, la misma inquietante gramática de la fuerza. Esta vez, sin embargo, la reacción fue opuesta. Lo primero que apareció fue alivio: el opresor ya no estaba. Miles de venezolanos se reunieron pacíficamente en distintas ciudades del mundo, incluida Buenos Aires, para expresar algo que les había sido negado durante años: alegría. Ese contraste importa. A comienzos de los años noventa, la imagen del poder militar en la televisión parecía el inicio de algo oscuro e inesperado. En 2026, para muchos venezolanos, se sintió como el final simbólico de una larga noche. Esa verdad emocional no puede ignorarse. Al mismo tiempo, otra verdad se impone con la misma fuerza. La intervención militar extranjera socava la soberanía, erosiona normas internacionales ya frágiles y normaliza la idea de que la fuerza puede sustituir a la política. Cualesquiera sean los resultados inmediatos que produzca, debilita las condiciones mismas en las que puede existir la autodeterminación democrática. No se trata de una opinión, sino de la lógica moral que sostiene la democracia: los pueblos tienen derecho a gobernarse a sí mismos, y la legitimidad no puede imponerse por las armas sin dañar los valores que dice defender. El régimen que gobernaba Venezuela antes del 3 de enero no se volvió ilegítimo el día en que fue removido. Su ilegitimidad venía de mucho antes. Cuando un gobierno convierte a su propia población en rehén, cuando empobrece deliberadamente a la sociedad, destruye instituciones, persigue a la oposición, defrauda elecciones y elimina toda posibilidad real de alternancia, ese gobierno pierde la legitimidad que da sentido a la soberanía que invoca. Venezuela se convirtió en una tragedia humanitaria desde hace muchos años. El colapso ha sido devastador. La economía se derrumbó. La hiperinflación volvió inútil la moneda. El sistema de salud se desintegró. Los medicamentos desaparecieron. La desnutrición se volvió generalizada. La oposición fue enfrentada con violencia, torturas y desapariciones forzadas. Casi ocho millones de personas abandonaron el país. Quienes se quedaron viven entre la escasez, la represión y el miedo. En Venezuela no hay prensa independiente. No hay un Poder Judicial autónomo. En 2024, incluso la última apariencia de democracia fue eliminada cuando una elección claramente ganada por la oposición fue robada. El gobierno de Nicolás Maduro no era un gobierno legítimo bajo ningún estándar razonable. Es más que comprensible entonces que este 3 de enero fuera vivido con alegría. Abría un espacio para la esperanza: la sensación de que un peso opresivo se había levantado y de que algo antes impensable podía, tal vez, empezar a imaginarse. Sin embargo, esa alegría vino acompañada del desasosiego ante el desconocimiento de aquello que vendrá. Los venezolanos no quieren que su país sea gobernado por Estados Unidos ni convertirse en el patio trasero de nadie. Un Estado soberano debe gobernarse a sí mismo. La voluntad expresada en las urnas no se ha traducido en poder político real. El presidente electo no ha asumido el cargo. El poder ha pasado, en cambio, a Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro y ahora presidenta de facto, una de las figuras centrales del aparato que gobernó al país durante años y que conserva el control de las fuerzas armadas. Hasta ahora, esto no ha sido una transición hacia la democracia. Es una sustitución en la cúpula. Ha habido gestos humanitarios limitados, entre ellos la liberación de un pequeño número de presos políticos alrededor de veinte hasta ahora mientras la gran mayoría continúa detenida: según organizaciones independientes de derechos humanos, unas 860 personas siguen presas por razones políticas. Para las familias involucradas, esas liberaciones importan. Pero no deben confundirse con una apertura más amplia. Lo que está ocurriendo no es el desmantelamiento del sistema de fuerza, sino su reconfiguración. En estos últimos días los pocos medios independientes que aún subsistían fueron obligados a guardar silencio. La oposición no puede operar. Continúan las detenciones arbitrarias. El miedo sigue marcando la vida cotidiana: las personas dejan sus celulares en las casas antes de salir porque en cualquier momento los pueden detener y obligarlos a entregarlos para revisar sus conversaciones. Esta reconfiguración sirve con notable eficacia a intereses externos. El gobierno ahora encabezado por Delcy Rodríguez ha señalado su disposición a cooperar estrechamente con Estados Unidos, en particular en materia de petróleo y recursos estratégicos. El resultado práctico hasta ahora ha sido un arreglo compatible con intereses estadounidenses, pero no el empoderamiento del electorado que votó por un cambio. Todo esto ocurre en un mundo en plena reconfiguración. El orden liberal democrático se debilita, las instituciones pierden fuerza y la política internacional vuelve a organizarse en torno a imperios y esferas de influencia, un terreno en el que la democracia -frágil, lenta, vulnerable- deja de ser una prioridad. Esta es la tensión que permanece. La caída de un gobernante opresivo trajo alivio real a personas reales. Eso importa. Pero la manera en que ocurrió, y el mundo en el que ocurrió, inquieta profundamente. Quitar a un gobernante es más simple que reconstruir un país. Lo que ahora importa es si en Venezuela terminará la represión, si volverá la prensa libre, si la gente podrá vivir sin miedo, o si el país pasará de una forma de poder impuesto a otra, con la población nuevamente reducida al papel de espectadora.
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