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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 11/01/2026 03:51
El oficialismo conformó una comisión en el Senado para escuchar a distintos sectores y acercar posiciones sobre una transformación que considera fundamental El oficialismo está resignado a que el proyecto de reforma laboral sufra modificaciones. Por eso el viernes 16 de enero comenzará formalmente a trabajar una comisión técnica en el Senado, piloteada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que evaluará con los representantes de la CGT y la oposición algunas modificaciones a la iniciativa. La idea es que si hay acuerdo, a partir del 26 de enero se apruebe un nuevo dictamen en comisión y ese sea el texto consensuado (aunque sea parcialmente) para ser tratado en sesiones extraordinarias a partir de la primera semana de febrero. En la Cámara alta el oficialismo parte de una base de 21 votos a favor, por lo que necesita sumar 16 voluntades para llegar al quórum. Los libertarios necesitan negociar con los diez senadores radicales (siete que responden a gobernadores y tres sin techo) y otra decena de legisladores que responden a mandatarios provinciales. Hasta ahora los gobernadores denominados dialoguistas, cuyos legisladores aprobaron en diciembre el presupuesto del Gobierno, fueron críticos con el artículo 191 de la norma, que plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda. Según los mandatarios provinciales, eso reduce la base tributaria de la cual se distribuyen los fondos, lo que redundaría en menores envíos automáticos de recursos a los distritos: las provincias dejarían de percibir 144 mil millones de pesos. Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la provincia de Buenos Aires asumiría el recorte mayor con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones). Más allá del argumento oficial de que la reducción del impuesto a las Ganancias a sociedades busca mejorar la rentabilidad y estimular inversiones, el reparto de costos y beneficios genera resistencia en las provincias en momentos en que enfrentan menores ingresos por la caída de la actividad económica. Otro de los puntos críticos está vinculado con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones y, a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, algo que desfinanciaría las jubilaciones: según algunos expertos, tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. La central obrera ya le transmitió a los senadores que quiere eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, La CGT quiere además modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. Y apuntan contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas. Esta semana los líderes sindicales recorrerán las provincias para intentar sumar a los gobernadores a los cambios a la iniciativa laboral del Gobierno. Así lo decidieron los cotitulares de la CGT Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que ya tienen un itinerario tentativo: viajarán a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, en una primera etapa, y luego se trasladarán a la Patagonia para verse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En todos los casos, quieren presionar en forma directa para evitar que el Gobierno, que envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a hacer casi los mismos contactos, imponga una versión de la reforma laboral tal como fue presentada en el Senado, que contempla puntos considerados inaceptables por la dirigencia gremial. Los sindicalistas harán especial hincapié ante los mandatarios en cómo el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral de Javier Milei tendrá un fuerte impacto negativo sobre los ingresos que las distintas provincias reciben por coparticipación federal. 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