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Parana » AIM Digital
Fecha: 10/01/2026 17:08
El ensañamiento del Gobierno con el Inti no tiene un trasfondo fiscal sino ideológico: responde a un modelo de país donde el desarrollo de tecnología industrial no interesa. En determinados casos, puede ser válida la discusión sobre la austeridad fiscal y excesos que se dan en áreas del Estado. Pero lo que se observa en el desguace que se está produciendo Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) no tiene nada que ver con lo fiscal: es la puesta en práctica de un modelo de país anti-industrial que sólo presta atención a las finanzas y la exportación de productos primarios. Lo que está en juego es el desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas y el deterioro de instituciones que han sido insignias del desarrollo socio-económico nacional. En esta línea también se inscriben también los ataques a las universidades públicas, el Hospital Garrahan, el sector científico en general y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). El Inti cumple dos grandes funciones. Por un lado, brinda servicios de asistencia y transfiere tecnología al sector privado, particularmente a las pymes industriales. Por el otro, es la institución insignia en materia de metrología y calidad, una disciplina central en la certificación de elementos de medición y en el control de una vasta cantidad de equipos de múltiple aplicación. En cuanto a la primera de sus funciones, el Inti suele brindar servicios de apoyo a las pymes a través de sus laboratorios o técnicos especializados para que las empresas lleven adelante procesos de innovación o mejora de la calidad de procesos o productos. Para ello, el Inti cuenta con 46 centros tecnológicos especializados en todo el país y 20 plantas piloto. Se estima que el Inti apoya anualmente a unas 11 mil pymes, entre otros proyectos con el sector privado, de sectores como química, alimentos, nanotecnología y biotecnología. Normalmente, dichos servicios contaban además con el apoyo de programas de financiamiento para pymes. Es un ejemplo claro de articulación privado-pública en el terreno de la tecnología industrial que ha sido en mayor o menor medida una política de Estado desde el retorno de la democracia, hasta el desembarco de los libertarios. Esto no quita que no haya habido problemas y errores de gestión, que en ningún caso justifican el actual ensañamiento. Además de su rol de asistidor de la industria argentina, las actividades de certificación y control de seguridad del Inti tienen fuerte impacto en la vida cotidiana. El Inti, por ejemplo, certifica que los juguetes que usan los niños no tengan materiales tóxicos, controla que la nafta que expende el surtidor sea exactamente el volumen por el cual se paga, calibra las balanzas para el comercio de granos, controla autopartes de seguridad, verifica la calidad de los aceros estructurales para la construcción y que las pinturas no contengan plomo. El desmantelamiento Hay una profunda reestructuración del Inti. Se están dejando de brindar servicios del ámbito de la regulación. Algunas de estas regulaciones directamente se eliminan, otras pasan al ámbito privado, pero algunos de los laboratorios que deberían reemplazar al Inti ni siquiera existen o tienen mucha menos experiencia, explica una fuente con experiencia en el sector. De acuerdo al punteo del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), el Gobierno nacional avanzó en la desregulación de varias áreas de competencia del Inti: *Se suspendió el control para la trazabilidad del ganado desde el nacimiento hasta la faena y comercialización. *Se pasó de controles trimestrales a controles anuales en cemento. Las auditorías pasan de semestrales a bianuales. De manera similar se modificaron controles sobre el acero y materiales ferrosos y no ferrosos. *Se suspendieron controles para radiadores de aluminio, colectores solares y placas cerámicas. Se abren importaciones con ventajas arancelarias. *Se suspendió la certificación obligatoria en la comercialización de cubiertas y cámaras neumáticas de bicicletas. Se fomenta la importación. *Se cerraron controles y auditorias industriales para caucho y rodajes. *Se eliminó el Chas (Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad). *Se eliminaron controles para instalaciones eléctricas y tableros compensados de madera. Los electrodomésticos ya no tienen la obligación de mostrar la etiqueta de eficiencia energética. *Se desregularon normativas vinculadas al control de tanques fijos de almacenamiento, medidores de petróleo, sus derivados y otros líquidos distintos del agua. *Se modificó el control sobre etilómetros (pipetas para el control vial de alcohol). *Se eliminó el carácter regulador del Estado para todos los instrumentos de medición y se coloca al sector privado como máxima autoridad regulatoria. Desde el comienzo de la gestión libertaria, fuentes del Instituto calculan la pérdida de personal en el orden del 30 por ciento, principalmente a través de retiros voluntarios. A nivel presupuestario, el Cepa calcula que en 2025 el Inti contó con apenas el 40,5 por ciento de los fondos de 2023. El modelo El desmantelamiento del Inti facilita importaciones de dudosa calidad y seguridad y elimina herramientas valiosas para el desarrollo tecnológico y exportador de las pymes, especialmente aquellas que tienen impacto en economías regionales. La baja de los estándares de los productos que se venden en la Argentina permite el ingreso de mercadería o equipos importados de baja calidad que no pueden entrar en los mercados más exigentes. Esto impacta sobre los consumidores, que ahora están más desprotegidos en términos de seguridad y calidad. Pero además, la entrada de importados de descarte en otros países golpea a la industria nacional, de modo que profundiza el proceso de desindustrialización que se viene observando hasta el momento. Es curioso que dado el rol del Inti en el desarrollo de la tecnología industrial no hayan salido referentes del sector privado a defender al Instituto. Pero tampoco llama demasiado la atención, dada la tradición del empresariado local en no ponderar el rol de las instituciones públicas en el desarrollo económico. Tampoco es que la relación entre el Inti y el sector privado haya estado exenta de tensiones. Fuentes experimentadas en el tema mencionan el caso del sector automotor, que históricamente mantiene un reclamo por la velocidad en la aprobación de los certificados para las autopartes importadas, aunque dichas demoras en la mayoría de los casos terminaban debiéndose a la falta de aprobación final de parte de la Secretaría de Comercio. También dichas fuentes admiten que la fortaleza y el dinamismo en la gestión del Inti se fue perdiendo respecto principalmente del vigoroso mandato de Enrique Martínez (2002-2011). Nada justifica el ataque a una institución valiosa para la Argentina ni el silencio de agentes (gobernadores, intendentes y empresarios, mayormente) que saben del rol del Inti para la comunidad industrial y del valor de la institución para la sociedad en general.
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