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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 10/01/2026 16:39
Esta semana, el Gobierno dispuso la disolución definitiva del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una fuerza creada en 2024 para reforzar el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Santa Fe. La medida, formalizada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, generó la reacción del kirchnerismo, que pidió explicaciones en el Congreso por desarticular el dispositivo de seguridad. La diputada nacional de La Cámpora por Santa Fe, Florencia Carignano, presentó en el Congreso un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las razones de la eliminación de este grupo operativo. Esta decisión es preocupante, sobre todo cuando hace pocos días el oficialismo logró sancionar una ley que le permite a cualquier persona (incluso los narcos) blanquear plata sin explicar su origen", señaló la legisladora, al vincular la medida con la ley de inocencia fiscal, que deja de lado la presunción de culpabilidad de los contribuyentes en el lavado de activos. Necesitamos saber por qué se castiga así a los rosarinos, cuando todos sabemos que la lucha contra el narcotráfico no termina nunca y es clave no abandonar a Rosario ahora, manifestó Carignano este sábado, en su cuenta personal de X. Según la comunicación oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, la decisión de disolver el GEANRO se basó en que se cumplieron los objetivos al momento de su creación, entre los que se destaca la reducción considerable de los homicidios y heridos por armas de fuego en Santa Fe y, en particular, en Rosario. Además, el Gobierno señaló que existen dispositivos federales permanentes que pueden cubrir las tareas que desempeñaba el grupo. En el texto de la resolución, la ministra Monteoliva derogó la política implementada durante la gestión de Patricia Bullrich, que había dado origen al GEANRO en el marco del Plan Bandera. El GEANRO tenía como objetivo colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos vinculados al narcotráfico y delitos conexos. Para ello, contaba con la participación de representantes de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La estructura y el método de funcionamiento del grupo habían sido definidos el 11 de mayo de 2024, que ahora quedó derogada. Tras la reversión de la medida, el Ministerio de Seguridad Nacional remarcó que la intervención federal tuvo su punto más alto durante el año 2024, cuando se alcanzaron cifras récord en procedimientos antidroga y aprehensiones. De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2023 se registraron 398 víctimas de homicidio en la provincia, mientras que en 2024 esa cifra cayó a 176, lo que representa una disminución superior al 55%. En el departamento Rosario, la baja fue más marcada: de 261 homicidios en 2023 a 90 en 2024, una reducción mayor al 65%. El descenso también se reflejó en el número de heridos con armas de fuego en la ciudad, que pasó de 801 en 2023 a 353 en 2024, es decir, más del 55% menos. En el balance presentado por el Gobierno, se destaca que la implementación de programas de seguridad en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y pasos fronterizos contribuyó de forma determinante a la baja de la criminalidad en Santa Fe, especialmente en Rosario. Desde la Casa Rosada consideraron que, tras el cierre de la etapa inicial del Plan Bandera y el surgimiento de dispositivos permanentes como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-CENTRO), la reasignación de funciones y la redistribución de recursos estatales no implica una disminución del esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico, sino una optimización de la eficiencia de las fuerzas federales en el territorio. Que dice el proyecto con el pedido de informes Florencia Carignano presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, en el que solicita información precisa sobre las razones políticas, operativas y presupuestarias que motivaron la medida, así como sobre la evaluación de impacto previa, los dispositivos y recursos que reemplazarán al GEANRO, y la coordinación con el gobierno provincial. También se exigen detalles sobre los informes técnicos que respaldaron la decisión, la cantidad de efectivos que integraban el GEANRO, las fuerzas de origen y destino de esos efectivos tras la reestructuración, y las funciones concretas que cumplirán en adelante. Además, se consulta si la eliminación del grupo implica una reducción de la presencia federal en la provincia y si existen planes alternativos o sustitutivos con igual o mayor nivel de intervención en el territorio. En relación a las funciones específicas del GEANRO, la solicitud parlamentaria apunta a conocer qué rol cumplió durante la vigencia del Plan Bandera y cuáles fueron los resultados operativos alcanzados, que según los fundamentos oficiales fueron considerados óptimos. Se exige, además, que el Ejecutivo precise qué indicadores objetivos se usaron para concluir que el grupo cumplió su rol y que su permanencia ya no resultaba necesaria.
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