10/01/2026 00:25
10/01/2026 00:23
10/01/2026 00:13
10/01/2026 00:11
10/01/2026 00:07
10/01/2026 00:07
10/01/2026 00:03
10/01/2026 00:03
10/01/2026 00:03
10/01/2026 00:03
https://www.elentrerios.com/ » El Entre Rios
Fecha: 09/01/2026 11:44
Por Francisco Devoto (*) La iban a ejecutar, y seguramente ella lo sabía antes que todos. Corría 1943 y la dictadura nazi avanzaba entre ruinas, hambre y miedo. Con apenas 21 años, Sophie Scholl fue asesinada junto a su hermano y su mejor amigo por cometer el delito imperdonable para todo autoritarismo: cuestionar al poder. Repartir panfletos denunciando los crímenes del régimen bastó para que fueran juzgados como enemigos del Estado por el llamado Tribunal del Pueblo y ejecutados apenas dos horas después. No llegarían a ver a los aliados marchar por Múnich, la ciudad cuna del nazismo. Venezuela hoy obliga, incómodamente, a mirar hacia atrás. Hay que salvar distancias, por supuesto. Pero también reconocer similitudes inquietantes: una sociedad civil sin margen de acción, un poder estatal que se reviste de legalidad para ejercer el autoritarismo, estudiantes reprimidos, muertos en protestas y la amenaza siempre latente de una intervención militar externa. No se trata de equiparar contextos históricos, sino de advertir patrones. Más de 1.500 víctimas de tortura, más de 15.000 presos políticos, alrededor de 300 manifestantes asesinados, decenas de desapariciones forzadas y más de siete millones de exiliados permiten afirmar algo básico: Venezuela no es una democracia liberal. A través de elecciones manipuladas, tribunales subordinados y una legalidad instrumentalizada, el gobierno de Nicolás Maduro consolidó un régimen autoritario que vació de contenido los mecanismos democráticos y empujó a la mayoría de la población a una crisis humanitaria profunda. Según Naciones Unidas, uno de cada cuatro venezolanos necesita ayuda para sobrevivir. Del otro lado aparece Estados Unidos, el autoproclamado gendarme del mundo libre, que vuelve a ocupar un lugar central en la escena invocando seguridad nacional, estabilidad regional e intereses energéticos. Nada nuevo. La política exterior estadounidense como la de cualquier Estado rara vez se guía por un altruismo democrático desinteresado. Responde, más bien, a cálculos estratégicos y a la defensa de intereses propios, envueltos en un lenguaje universalista de derechos humanos y libertad. Para quienes estudiamos Relaciones Internacionales, esto es casi un lugar común. El sistema internacional es anárquico: no existe una autoridad central capaz de imponer reglas como en la política doméstica. Y los Estados no son buenos ni malos: tienen intereses. La tentación de dividir el mundo en héroes y villanos puede ser comprensible, pero suele ser analíticamente pobre. Pensar que los Estados intervienen movidos por convicciones morales puras es tan ingenuo como ignorar el historial de intervenciones, pragmatismo e indiferencia de Estados Unidos en América Latina. Este breve regreso a la teoría sirve para marcar un punto: en política exterior, los criterios morales son más frágiles y los análisis requieren mayor cautela. Reconocer que los Estados actúan por intereses no conduce a la apatía, sino a una lectura más honesta de la realidad internacional. El problema aparece cuando ese realismo se convierte en coartada. En el caso venezolano, distinguir entre el análisis crítico de los intereses de Estados Unidos y la evaluación del régimen chavista es fundamental. Una eventual intervención militar cualesquiera sean sus motivaciones reales no borra ni relativiza el carácter autoritario de un gobierno que mantiene cautiva a su sociedad civil. Usar el antiimperialismo como excusa para minimizar la represión interna no es sofisticación intelectual, sino una simplificación funcional peligrosa. Criticar a Washington no implica absolver a Caracas. Aquí aparece otra distinción clave que aporta mucho al análisis: legalidad no es lo mismo que legitimidad. Los autoritarismos contemporáneos no gobiernan sin derecho, sino a través de él. Conservan elecciones, constituciones y tribunales, pero los vacían de contenido para convertir la norma en una herramienta de control. En esos contextos, la legalidad puede ser formalmente impecable y, al mismo tiempo, profundamente ilegítima. La pregunta relevante no es si algo es legal, sino a quién sirve esa legalidad y con qué consecuencias sociales. Lo mismo ocurre con la soberanía. En América Latina, al menos desde el sistema interamericano de derechos humanos, la soberanía no es un atributo absoluto del Estado, sino un principio vinculado a la protección de las personas. En Venezuela, sin embargo, fue utilizada como escudo para bloquear todo control externo y justificar la pasividad regional frente a la erosión democrática. La salida de la Convención Americana, el rechazo a la Corte Interamericana y el hostigamiento a organismos internacionales no defendieron la soberanía: la vulneraron para proteger al poder. Y sobre esto lo importante a remarcar es que discutir sobre Venezuela no puede agotarse en formalismos jurídicos ni en debates abstractos sobre intervención. El problema de fondo es político y elemental: qué hacer frente a un gobierno que ya no gobierna con el consentimiento de su sociedad, sino a pesar de ella. Confundir legalidad con legitimidad normaliza formas de dominación que se presentan como institucionales, pero funcionan como mecanismos de control, y bloquea respuestas colectivas que debieron haberse ensayado mucho antes de que la intervención unilateral apareciera en el horizonte. No toda crítica al autoritarismo justifica una intervención redentora, pero tampoco toda denuncia del imperialismo puede servir como coartada para relativizar regímenes que han clausurado sistemáticamente la vida democrática. La intervención estadounidense llega como una receta dolorosa a un mal que fue ignorado durante demasiado tiempo. Entre la legalidad vaciada y la intervención tardía, el caso venezolano muestra el costo político de haber confundido estabilidad con legitimidad. A lo lejos, en el horizonte, todavía se insinúa la esperanza de una Venezuela libre y democrática. Escribo esto el día en que el régimen decide liberar a presos políticos y pienso si aquello que Sophie Scholl no llegó a ver, tal vez lo vean millones de venezolanos. (*) Francisco Devoto. Lic. en Ciencias Políticas (UCA). Seleccionado como Becario Fulbright ArgentinaCFI (20262027). Candidato a maestría en Public Policy en los Estados Unidos. Graduado en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina, con Medalla de Oro al mejor desempeño académico.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por