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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 09/01/2026 10:35
La subejecución es una situación crónica que se viene dando en la provincia, y mucho tiene que ver la tremenda burocracia que tiene el Estado y puntualmente el organismo de Vialidad, afirmó Dal Molín. El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER-Federación) se refirió a la prórroga de la emergencia en obras públicas que se aprobó en la Cámara Baja y a la situación de Vialidad y a la reforma laboral. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Dal Molín afirmó que había un sinnúmero de obras que el gobierno nacional venía financiado hasta 2023 con recursos de distintos organismos, como el Enohsa, y que estaban en convenio con el gobierno provincial, y en 2024 hubo que regularizar este tipo de obras viendo qué obras quedaban a cargo de la provincia, cuáles a cargo de Nación y cuáles se eliminaban por falta de financiamiento. En septiembre se terminó de definir eso con Nación y no le dio el tiempo al gobierno provincial para terminar las obras, de modo que la ley le daba al Ejecutivo una herramienta para poder seguir negociando los contratos sin llegar a una judicialización, y esto fue lo que nosotros aprobamos. Aclaró que en el Senado hubo que modificarla porque el 31 de diciembre concluía el plazo de la ley y se cambió el artículo 1 que planteaba una prórroga y se cambió a reestablecer la ley. Esto es una ampliación de un año, pero refiere específicamente a eso y el último artículo establece que, si la provincia de Entre Ríos concluye todas las gestiones antes del año, puede darse por concluida la emergencia. Agregó que también hay un artículo para que los municipios puedan realizar los mismos procedimientos, porque hay muchos que firmaron convenio directamente con Nación sin pasar por la provincia y que son obras que todavía están inconclusas. En este marco, señaló que al preguntar por qué demoró tanto en ingresar este proyecto de ley, el ministro manifestó que no había voluntad de parte del Ejecutivo de prorrogar esta ley, lo hicieron porque no dieron los tiempos para concluir con todas las empresas y quedó un cúmulo de obras que todavía hay que resolver los contratos, por eso fue necesaria la ampliación de esta emergencia. Polémica por Vialidad Tras el cruce de declaraciones con el diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) por la subejecución del presupuesto de la Dirección Provincial de Vialidad, Dal Molín sostuvo que la subejecución es una situación crónica que se viene dando en la provincia, y mucho tiene que ver la tremenda burocracia que tiene el Estado y puntualmente el organismo de Vialidad. Opinó que en este marco, el actual gobierno ha tratado de evitar esto promoviendo los consorcios camineros que permiten ser más ejecutivos, más efectivos en la ejecución del gasto; ha promovido convenios con los municipios que tienen el mismo objetivo, e hizo una ley para afectarle recursos a Vialidad, pero si al 31 de diciembre de cada año esos recursos no se ejecutan, no pasan a Rentas Generales como históricamente ocurría, sino que quedan como crédito para Vialidad para el ejercicio siguiente. Estos son pasos concretos que determinan que entendemos cuál es el problema y que estamos tratando de buscarle solución. Es un organismo pesado y la emergencia en materia vial permitía zanjar algunas cuestiones burocráticas, pero no todas. Incluso, en noviembre cuando discutimos la reforma de la ley de consorcios, los propios consorcistas y los presidentes de los consorcios destacaron el trabajo que se realiza para ir resolviendo algunas cosas, pero también manifestaron que la burocracia es un problema. Muchas veces los procesos burocráticos del Estado entorpecen el desarrollo de la gestión, resumió. Reforma laboral Consultado por el proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno nacional, y que también dispone cambios impositivos que bajarían los fondos coparticipables, Dal Molín planteó que es necesaria la reforma laboral, y lo pide la actividad económica en general de las economías regionales y la actividad primaria por lo que denominan la industria del juicio, y desde esa perspectiva estoy de acuerdo con la modernización laboral y la necesaria adecuación con tiempos modernos. En ese marco, en la ley se crea un incentivo para medianas empresas que tocaría en algunos aspectos el impuesto a las ganancias, y hay análisis de consultoras privadas que determinan que para Entre Ríos es una cifra de impacto de 82.000 millones para el año que viene de menores recursos provenientes de coparticipación. No voy a discutir esa cifra, pero concretamente miro cuánto significa para la provincia, y en este marco comparo con cuánto tiene que recibir, que son 3.4 billones de pesos en términos de coparticipación el año que viene, lo cual significa 2,4% de impacto. Es un dinero que no se debe desconocer, pero el impacto no es tal y con algún reordenamiento del gasto o buscando algún otro recurso por otro lado, se podría resolver. Por ejemplo, el gobernador recibió en los últimos días del año tres veces más de lo que caería en un año como aporte del gobierno nacional, 240.000 millones. Y esto va a tener impacto en el 2026 producto de lo que ocurrió en el 2025 porque es impuesto a las ganancias, y hay que ver lo que ocurre en el 2026 para ver el impacto en el 2027, es muy difícil estar calculando hoy cuánto va a caer, evaluó. De todos modos, admitió: No se puede desconocer el impacto, porque son casi 6.300 millones de pesos mensuales que no se pueden obviar, pero más allá de esto debo coincidir en la importancia que tiene la reforma laboral. También hay que analizar que se hará con el impuesto a los combustibles que hay un pedazo de la torta que se queda Nación y otras cosas que se están discutiendo en otro marco y en tiempos de vacas flacas, 10 pesos son 10 pesos.
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