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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 09/01/2026 10:19
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo salió al cruce de las denuncias formuladas por la Multisectorial de Derechos Humanos y la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), que habían advertido sobre un supuesto vaciamiento institucional. Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar aclaraciones de manera enfática y categórica: no existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad ni hubo cesantías o despidos de trabajadores, señaló el texto difundido oficialmente. En ese marco, se aclaró que únicamente no se renovaron tres contratos temporarios, cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas. Según se indicó, esta decisión no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo. El comunicado remarcó además que las políticas de derechos humanos no se ven alteradas y que la intervención del Estado provincial en causas de lesa humanidad continúa garantizada. En ese sentido, se destacó que tanto en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia como en la Dirección de Derechos Humanos existen profesionales calificados para asegurar la representación provincial y la continuidad institucional en los procesos judiciales vinculados a esos delitos. Revisión de contratos temporarios El Gobierno provincial también se refirió a la no renovación de contratos temporarios en la Administración Pública, a la que definió como parte de un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado. Se precisó que no se trata de despidos, sino de la no renovación de una parte acotada de contratos transitorios, sujetos por ley a evaluaciones de desempeño y a las necesidades operativas de cada área. Según detalló el Ejecutivo, la cantidad de contratos no renovados representa menos del seis por ciento del total de contratos temporarios vigentes, mientras que más del 94 por ciento fue renovado, lo que garantiza aseguraron la continuidad de las políticas públicas y el normal funcionamiento del Estado. Finalmente, el comunicado sostuvo que las medidas adoptadas responden a criterios administrativos objetivos y responsables, orientados a optimizar recursos, fortalecer la gestión pública y consolidar un Estado eficiente, transparente y comprometido con sus obligaciones institucionales.
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