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Parana » AIM Digital
Fecha: 09/01/2026 09:31
Organizaciones ambientales denunciaron que se otorgaron y transfirieron permisos de pesca a empresas con antecedentes comprobados de pesca ilegal, en presunta contradicción con lo establecido por la Ley Federal de Pesca. El señalamiento surge de un informe presentado por el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, que advierte sobre fallas en los controles, opacidad administrativa y responsabilidades del Consejo Federal Pesquero. Según información que relevó AIM, el documento analiza el denominado caso Univpesca, subsidiaria de la corporación estatal china China National Fisheries Corporation, y lo presenta como un ejemplo paradigmático de cómo la falta de controles efectivos permitió el ingreso y la permanencia de actores con vínculos a la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. Antecedentes y permisos cuestionados El informe reconstruye cronológicamente antecedentes comprobados de pesca ilegal por parte de buques de la CNFC en aguas argentinas. A partir de ese historial, detalla cómo empresas vinculadas al mismo grupo económico lograron ingresar embarcaciones bajo pabellón argentino, obtener permisos para la pesquería de calamar y, posteriormente, transferir esos permisos a otras subsidiarias del conglomerado. Constató AIM que estos hechos evidencian incumplimientos del artículo 27 bis de la Ley 24.922, que prohíbe otorgar permisos a armadores involucrados en pesca ilegal o a quienes mantengan vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con ellos. El informe también señala posibles violaciones al artículo 28 de la norma, que establece la caducidad automática de los permisos ante este tipo de infracciones. Cambios normativos y flexibilización de controles El relevamiento advierte sobre una diferencia normativa clave entre las convocatorias para proyectos de pesca de calamar realizadas en 2006 y en 2013. Mientras que en 2006 se exigía una declaración jurada detallada sobre relaciones jurídicas, económicas y societarias lo que permitió detectar vínculos indirectos con armadores sancionados, en 2013 ese requisito fue reemplazado por una manifestación genérica de inexistencia de vínculos. Supo AIM que esta flexibilización redujo de manera significativa la capacidad de control y verificación por parte del Estado. Como consecuencia, una empresa que había sido rechazada en 2006 por el Consejo Federal Pesquero logró en 2013 acceder a permisos de pesca de calamar para buques con antecedentes vinculados a actividades ilegales. Opacidad y reclamos de transparencia El informe también alerta sobre la fragmentación y falta de acceso público a la información oficial sobre flota pesquera, armadores, permisos, sanciones y antecedentes. En Argentina, estos datos se encuentran dispersos entre distintos organismos y resoluciones, sin un sistema unificado, accesible y actualizado en tiempo real. Informaron a AIM fuentes parlamentarias que esta situación dificulta el control estatal, el monitoreo de la cadena de suministro y el escrutinio ciudadano, y que el caso podría derivar en nuevos pedidos de informes y debates legislativos. Propuesta de un registro público Ante este escenario, las organizaciones proponen la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, en línea, actualizado y de libre acceso. El objetivo es fortalecer la transparencia, prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y evitar que empresas con antecedentes irregulares vuelvan a acceder al caladero argentino. Según el informe, sin información pública clara y centralizada, decisiones administrativas contrarias a la ley pueden repetirse, afectando la sostenibilidad de los recursos marinos y el cumplimiento del marco legal vigente.
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