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Concordia » Diario Del Sur Digital
Fecha: 09/01/2026 01:16
Plata hay. Lo que falta es humanidad. En Concordia, el ajuste dejó de ser un concepto técnico y pasó a tener nombre, apellido y familias concretas. La gestión de Francisco Azcué, decidió no renovar más de 130 contratos temporarios que vencían a fin de año. Una medida que el oficialismo presenta como ordenamiento, pero que en la calle se vive como despido masivo y castigo social. La escena es explosiva: los gremios aseguran que el Municipio mantiene alrededor de $20.000 millones colocados en plazos fijos, mientras se achica por abajo el gasto en personal. Ese dato que el Ejecutivo no publicó de manera detallada y verificable se convirtió en el corazón político del conflicto: caja sobrada, motosierra para los trabajadores. El argumento oficial: cuidar recursos y contratos irregulares Azcué justificó la medida con una frase que ya es consigna de su administración: estamos cuidando los recursos. Según el Ejecutivo se detectaron irregularidades en el origen de los vínculos, incluyendo falta de funciones asignadas y contrataciones a último momento sin necesidad operativa justificada. En esa misma línea, desde el municipio se sostiene que no son despidos, sino contratos que vencieron y no se renovaron. Y se agrega un dato que busca trasladar el costo político hacia atrás: la gestión remarca que recibió contrataciones con fines proselitistas y menciona más de 900 incorporaciones (entre pases a planta y contrataciones) en el tramo final del gobierno anterior. Los gremios unidos: lo que nadie logró en años Azcué consiguió sin proponérselo lo que ningún intendente anterior había logrado: unificar la protesta sindical. Ya hay gremios anunciando movilización al municipio para las 7 de la mañana de este viernes y asambleas, en rechazo a la no renovación, con advertencia de medidas de fuerza. Otras organizaciones también repudiaron la decisión y remarcaron el impacto social en una ciudad con indicadores delicados. Y en las últimas horas, incluso medios locales, registraron protestas en dependencias municipales y pedidos formales de diálogo con el Ejecutivo. La jugada sindical es clara: arrastrar a la planta permanente. Porque el enojo no empezó ayer: los gremios vienen señalando deterioro salarial y malhumor acumulado. Con ese piso, el recorte masivo funciona como chispa. Impuestos arriba, salarios abajo: el orden que enoja El conflicto no estalla en el vacío. Llega después de un año donde la presión sobre contribuyentes y trabajadores fue tema central: se votaron actualizaciones en tasas que superan el 180% y la discusión tributaria dejó heridos políticos. En el 2025, la polémica por incrementos fuertes fue durísima: hay publicaciones que hablan de subas muy superiores a la inflación en algunos componentes y lo presentan como impuestazo. En paralelo, los gremios vienen denunciando salarios deteriorados y condiciones laborales cada vez más frágiles. Resultado: una base municipal de planta golpeada, y un sector contratado que ahora siente que lo arrojaron al vacío. Es el combustible perfecto para que la protesta prenda. El peronismo habló pero el fantasma del pacto igual circula A diferencia de lo que se comenta en pasillos, el PJ departamental sí emitió un comunicado de solidaridad con trabajadores y denuncia política contra la gestión municipal. Pero eso no apagó al contrario, alimentó la lectura que hoy domina muchas conversaciones: que existe una zona gris de no-agresión entre partes del poder local. Esa sospecha no nace de la nada: en 2024, Azcué impulsó públicamente un gran acuerdo político y social y reconoció que debía incluir al peronismo, con Enrique Cresto adentro, lo que abrió una saga de lecturas y tensiones. En particular, se nota la ausencia de Ángel Giano ó del ex senador Armando Gay en primera línea criticando o proponiendo un plan de lucha. En política, ese vacío y falta de iniciativa, se lee como cálculo: no chocar para no pagar costos. Eso alimenta la versión que circula entre empleados: que existe un pacto de no agresión entre Azcué y sectores del peronismo local, y que en ese acuerdo tácito los trabajadores quedan como moneda de cambio. En otras palabras: los empleados entregados a la motosierra, y la oposición mirando como se reacomoda para el 2027. Incluso hay un fenómeno que el poder no está leyendo bien: muchos despedidos dicen que prefieren que ciertos dirigentes no se metan, porque no les creen y no quieren que el reclamo se ensucie. Esa frase debería preocupar a todos: significa que hay ruptura de representación. Ahora, con 130 contratos afuera y la ciudad en ebullición, la pregunta es inevitable: ¿por qué no aparece una oposición con reflejos nítidos y conducción visible? ¿Azcué está preparado para administrar este conflicto? Este es el punto más delicado y el más político para la gestión: un conflicto laboral masivo no se resuelve con un comunicado. Se administra con mesa de diálogo, timing, legitimidad y conducción. Y hoy, según plantean actores gremiales, la relación con el Ejecutivo viene rota hace meses. En ese contexto, crece una percepción: Azcué y su gabinete están desbordados. No por los gremios, sino por la combinación letal de recorte, bronca acumulada, servicios afectados y un dato el de los plazos fijos millonarios que pega donde más duele: en la coherencia del relato. Lo que se juega mañana La movilización para mañana viernes, 9 de enero, no es un episodio: es un test de poder. Si el intendente retrocede, la gestión queda marcada. Si endurece, puede abrirse un ciclo de escalada con paros, asambleas permanentes y una ciudad paralizada. En Concordia, el ajuste entró en su fase más peligrosa: cuando deja de ser orden financiero y pasa a ser conflicto social. Y ahí, la pregunta no es cuántos contratos vencieron. La pregunta es otra: ¿quién gobierna cuando la calle y el Palacio se miran a los ojos? Concordia hoy no puede ni ordenar el estacionamiento medido, pero sí puede juntar $20.000 millones en plazos fijos. Evidentemente, el orden era este.
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