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Concordia » 7paginas
Fecha: 08/01/2026 23:16
A medida que transcurren las horas, se conocen nuevos hechos que refuerzan los fundamentos de la intervención y del avance penal. La Superintendencia no solo avaló la intervención de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) a cargo de Ivan Amaro, sino que además impulsa el esclarecimiento del destino de los recursos que debían administrarse en beneficio de los afiliados. En ese marco, se investiga la responsabilidad del ex secretario general del sindicato, Alcides Camejo, en relación con el colapso de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF). Cabe recordar que, mientras se desarrollaban estas irregularidades, Camejo sostenía públicamente que la obra social se normalizaría en el corto plazo. Sin embargo, lejos de ello, la Superintendencia reconoció la intervención y promovió el avance de la investigación penal, que se encuentra en pleno proceso. La causa judicial tiene su origen en una denuncia presentada en 2024, aunque la investigación se inició formalmente el 18 de agosto de 2021 a partir de una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En la misma se advierten presuntas maniobras delictivas vinculadas a la defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito, delitos previstos en los artículos 173 inciso 7 y 303 inciso 1 del Código Penal. Entre los imputados figuran Walter Rodrigo Monzón, Domingo Alcides Camejo, Carlos Alberto Díaz, Luis Alberto Villalba, Verónica Gabriela Mariani, Gerardo Adrián Monzón, Natalia Alejandra Ríos, Marisa Eugenia Santin, Estela Susana Orcellet y Carlos Alberto Rubén Monzón. Según la investigación, entre enero de 2014 y agosto de 2017 período que luego se extendió hasta 2021 se habría producido un desvío sistemático de fondos pertenecientes tanto al Sindicato Obrero de la Fruta como a la obra social OSPAF. La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, imputó formalmente a Camejo y a otros involucrados por estas maniobras. De acuerdo a lo detallado en el expediente, se detectaron múltiples acreditaciones de cheques, depósitos en efectivo y extracciones bancarias que no se corresponden con los perfiles laborales ni ingresos declarados de los imputados. En el caso de Camejo, el informe fiscal describe un perfil patrimonial que no logra justificar la adquisición de un Audi A5 valuado en 480.000 pesos en 2011, la compra de un inmueble de ocho hectáreas en Colonia Adela por 390.000 pesos (equivalentes a más de 94.000 dólares al tipo de cambio de la época), además de 140 acreditaciones de cheques por más de 5,3 millones de pesos entre 2011 y 2021. A ello se suman depósitos en efectivo, extracciones por casi 9,5 millones de pesos y numerosos viajes al exterior registrados por la Dirección Nacional de Migraciones. Situaciones similares se detectaron en otros imputados, como Walter Rodrigo Monzón, quien no logra justificar la adquisición de siete vehículos ni los millonarios movimientos bancarios registrados entre 2015 y 2021. Cabe recordar que la fiscalía advirtió un claro accionar delictivo orientado, por un lado, al desvío de fondos del sindicato y la obra social, y por otro, a la posterior inserción de esos recursos en el circuito formal para otorgarles apariencia lícita, principalmente mediante la compra de bienes registrables. Las fotos publicadas en este artículo, fueron extraídas de la cuenta personal en las redes sociales de Alcides Camejo. Mientras tanto, la contracara de esta situación la padecen los trabajadores de la fruta, quienes durante años sufrieron la falta de cobertura médica, con la obra social suspendida y el CUIT tanto del sindicato como de la prestadora inhabilitados. Un escenario que expone con crudeza el contraste entre el presunto enriquecimiento de ex dirigentes y la vulneración de derechos básicos de los afiliados. La investigación continúa su curso y se esperan definiciones judiciales que permitan esclarecer el destino de los fondos y establecer las responsabilidades correspondientes, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos sindicales y de obras sociales en la región. Pero en paralelo a esto la intervención encabezada por Ivan Amaro, tiene por delante la dura tarea de encauzar la vida gremial de este sindicato con el firme propósito de que los trabajadores accedan a sus derechos. Redacción de 7Paginas
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