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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 08/01/2026 17:45
La oposición en el Senado entrerriano salió a marcarle la cancha al Gobierno de Entre Ríos y propuso redefinir los alcances de la emergencia en obra pública, con el objetivo de reactivar obras paralizadas por el retiro del financiamiento nacional y, al mismo tiempo, ponerle freno al uso discrecional de regímenes excepcionales que el Ejecutivo viene sosteniendo desde hace dos años. El presidente del Bloque de Senadores del PJ, Martín Oliva, junto a legisladores de su bancada, anunció que impulsará una iniciativa legislativa para ordenar un esquema que el gobierno provincial ha dejado vencer, ya que el régimen legal de emergencia caduca el 31 de diciembre de 2025 y su prórroga ni siquiera fue tratada por ambas cámaras, una omisión que vuelve a exponer la falta de planificación oficial. La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad, advirtió Oliva, al dejar en evidencia que el Ejecutivo provincial ha naturalizado gobernar bajo excepciones, utilizando la emergencia como coartada para esquivar controles y licitaciones. En ese sentido, el senador fue claro al remarcar que los alcances de la norma deben limitarse estrictamente a las obras en ejecución cuyo financiamiento fue retirado por el Estado nacional, y no transformarse en una licencia abierta para administrar sin reglas. Las nuevas obras que impulse el gobierno provincial, subrayó, deben ajustarse a los procedimientos de licitación pública previstos por la ley vigente, algo que hoy parece más la excepción que la regla. Desde la oposición se insistió en que la emergencia no puede convertirse en un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo, que ya acumula dos años de gestión amparado en regímenes excepcionales y recurriendo de forma sistemática a contrataciones directas, sin ofrecer explicaciones convincentes ni resultados acordes. El proyecto presentado propone restablecer la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el 31 de diciembre de 2026, habilitando al Ejecutivo a cancelar certificados de obra pública y deudas reconocidas administrativa o judicialmente a contratistas de obras y servicios públicos, vencidas o a vencer durante la vigencia de la norma. Para ello, se prevé el uso de fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros, en el marco de las operaciones de crédito autorizadas por la Ley N° 11.234. Oliva también señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) como una muestra concreta del retiro del Estado nacional de áreas estratégicas, situación que dejó a la provincia con obras de agua y cloacas inconclusas y compromisos que ahora debe asumir en soledad. Sin embargo, remarcó que ese escenario no puede justificar la falta de orden ni el descontrol administrativo a nivel provincial. La transferencia de esas obras obligó a Entre Ríos a afrontar desafíos administrativos y financieros complejos, en un contexto de restricción presupuestaria, pero también expuso la necesidad de reglas claras, renegociaciones transparentes y decisiones políticas responsables, algo que, según la oposición, el gobierno provincial no ha garantizado. Se debe ordenar este escenario, habilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando sea necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyan el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado provincial, sostuvo el legislador uruguayense. Finalmente, Oliva reclamó el tratamiento prioritario del proyecto en la Legislatura, al considerar que se trata de una decisión de responsabilidad política e institucional, frente a un Ejecutivo provincial que parece cómodo gobernando en emergencia, mientras los municipios esperan respuestas y la infraestructura básica sigue pagando el costo de la improvisación.
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