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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 07/01/2026 20:00
Washington consolida su dominio sobre las reservas energéticas de Venezuela mediante la incautación de buques y la confiscación de ingresos, una estrategia que críticos y potencias extranjeras califican como un acto de piratería internacional. La administración de Donald Trump ha dado un paso drástico para asegurar el control del petróleo venezolano mediante el uso de la fuerza naval y la presión financiera. El miércoles, las autoridades estadounidenses confirmaron la captura de dos buques cisterna, el Bella 1 y el M/T Sophia, bajo el argumento de violar sanciones previas. Sin embargo, esta acción no se limita a un simple embargo; representa un intento explícito de Washington por decidir el destino de las mayores reservas de crudo del mundo. Esta estrategia busca que el Departamento de Energía supervise cada barril que entre o salga del país sudamericano. De este modo, Estados Unidos pretende influir directamente en los precios globales de la energía, utilizando los recursos soberanos de otra nación para sus propios intereses de seguridad nacional. Por consiguiente, el gobierno republicano ha dejado claro que planea «manejar» el país a través de su riqueza petrolera. La «piratería» como herramienta diplomática El uso de la Marina y la Guardia Costera para interceptar barcos en aguas internacionales ha despertado fuertes críticas externas. Moscú ha calificado estas acciones como «piratería descarada«, especialmente tras la persecución del buque Bella 1, el cual fue renombrado y marcado con bandera rusa antes de su captura. No obstante, el Departamento de Justicia de EE.UU. mantiene su postura agresiva, amenazando con procesar criminalmente a cualquier tripulación que no obedezca sus órdenes en alta mar. Por otro lado, el vicepresidente JD Vance admitió abiertamente que el objetivo es controlar los «cordones de la bolsa» de Venezuela. Según Vance, dictar dónde y cómo se vende el crudo permite ejercer una «presión increíble» sobre el país sin arriesgar vidas de soldados estadounidenses. En este sentido, la soberanía venezolana parece haber sido canjeada por una gestión externa que prioriza los intereses de Washington sobre la autodeterminación local. Confiscación de ingresos y discrecionalidad política Uno de los puntos más polémicos del plan es la gestión de las ganancias obtenidas por la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. El gobierno de Trump anunció que estos fondos se depositarán en cuentas bancarias controladas exclusivamente por Estados Unidos. Posteriormente, el dinero se distribuirá según la «discreción» del gobierno estadounidense, lo que otorga a la Casa Blanca un poder absoluto sobre la ayuda humanitaria y la inversión económica en Venezuela. Mientras tanto, la estatal PDVSA se ve obligada a negociar bajo esquemas impuestos por Washington para evitar el colapso total. Aunque EE.UU. promete invertir en la red eléctrica y enviar equipos para aumentar la producción, estas promesas llegan tras años de sanciones que asfixiaron la economía local. En definitiva, la intervención actual asegura que cualquier beneficio económico para la población venezolana pase primero por el filtro y la aprobación de la administración Trump.
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