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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 06/01/2026 20:59
La escena se repite y se agrava. Los despidos impulsados por la gestión de Francisco Azcué, en sintonía con el ajuste del Gobierno de Entre Ríos, ya no golpean solo a un área específica: afectan de lleno el funcionamiento cotidiano del municipio y dejan expuesta una política que recorta contratos mientras predica eficiencia desde los escritorios. Este martes por la mañana, inspectores de Tránsito cesanteados se manifestaron en uno de los accesos al ex Policlínico Ferroviario. Pancartas, bombos y bronca contenida contrastaban con una fila de unas 30 personas esperando para retirar su licencia de conducir, trámite que avanzaba a paso de tortuga porque solo quedaron dos empleados de los cinco que cumplían esa función. El ajuste, una vez más, lo pagan los trabajadores y los vecinos. Entre quienes aguardaban estaba Miguel Ángel Bozzolo, de 70 años, con Certificado Único de Discapacidad y antecedentes de ACV, obligado a permanecer horas de pie porque nadie contempló su situación. Mostré el carnet y no me dieron bolilla, relató. Ni siquiera le permitieron esperar sentado dentro del edificio. La eficiencia prometida se tradujo en deshumanización. Mientras tanto, sobre el muro que da a la calle, la UOEMC acompañaba a los despedidos y anunciaba una medida de fuerza que va más allá de Tránsito. El próximo viernes comenzará un quite de colaboración en todas las áreas municipales, en rechazo a la no renovación de alrededor de 190 contratos, distribuidos en distintas dependencias. El argumento oficial cuidar las arcas municipales fue rechazado de plano por el sindicato. Pablo Almuzara, secretario adjunto de la UOEMC, fue directo: Que ahorren en los sueldos de los más de cien funcionarios que cobran más de dos millones de pesos, no en contratos de 500 mil que no hacen la diferencia, sostuvo. Despidos sin explicaciones y listas sin firma Entre los inspectores desafectados se encontraba Joaquín Meyer, quien aseguró que nadie del Ejecutivo dio la cara. El único mensaje que recibieron fue del director de la Central de Tránsito, Emanuel Galli, quien admitió que solo recibió una lista sin firmas, ni del secretario de Gobierno Luciano Dell Ollio, ni del propio intendente. El argumento oficial fue atribuir las bajas a desprolijidades de la gestión anterior, pero Meyer desmontó esa excusa: lleva más de diez años trabajando, no ingresó con Azcué. Tampoco hubo evaluación individual ni análisis de funciones. Algunos compañeros en idéntica situación fueron renovados y otros no, sin criterio conocido. A la incertidumbre laboral se sumó la estigmatización pública. Desde el Ejecutivo se insinuó que los despedidos no cumplían funciones, algo que Meyer desmintió con hechos: era capacitador e instructor matriculado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No somos ignorantes ni inoperantes. La sociedad se come un verso, afirmó. Servicios colapsados y un ajuste improvisado La reducción de personal dejó al descubierto la improvisación del recorte. En plena temporada estival, cuando aumentan los trámites de licencias, las oficinas colapsaron. Si el personal sobra, ¿por qué se llenan las filas y faltan manos?, se preguntó Meyer. Aun así, los trabajadores que permanecen siguen cumpliendo funciones, conscientes de que el conflicto no es con los vecinos. Los inspectores continúan con los operativos, mientras los gremios acompañan y advierten que esto es solo el comienzo. El ajuste local, espejo del provincial Según los sindicatos, el plan de despidos responde a una lógica política más amplia. Azcué no solo gestiona Concordia: ejecuta en clave local el ajuste que baja desde Paraná, alineado con el gobernador Rogelio Frigerio y, según reconocen en voz baja algunos dirigentes, buscando mimetizarse con el modelo nacional de Javier Milei. Hoy fueron 130, antes otros 100 y pico. Después vendrán por los de planta, advirtieron desde el gremio. En total, 145 contratados fueron dados de baja, a los que se suman unas 50 personas de CDI bajo modalidad de monotributo, dependientes del área de Desarrollo Humano. Mientras tanto, crecen las cooperativas que reemplazan tareas municipales, una tercerización que despierta sospechas. Es más fácil darle trabajo a una cooperativa amiga que sostener empleados municipales, denunció Almuzara. El mensaje final fue claro y directo: nadie da explicaciones, no hay diálogo y el ajuste avanza. En Concordia, la motosierra no es un discurso: ya tiene nombres, familias y servicios públicos deteriorados. Fuente: DIARIO JUNIO Guillermo Coduri
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