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» tn24
Fecha: 06/01/2026 20:12
La decisión del Gobierno nacional de desvincular a todo el equipo técnico del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) provocó un fuerte impacto en el sistema de salud pediátrico y encendió alertas entre profesionales y organizaciones médicas. La medida dejó sin coordinación especializada a una red federal que durante más de quince años permitió garantizar diagnósticos tempranos y cirugías oportunas a niños con malformaciones cardíacas, una de las principales causas de mortalidad infantil en la Argentina. El PNCC estaba en funcionamiento desde 2008 y contaba con respaldo legal a partir de la Ley 27.713, sancionada en 2022 y reglamentada al año siguiente. Su finalidad era asegurar que el lugar de nacimiento no condicionara las posibilidades de supervivencia de bebés con cardiopatías congénitas, mediante un esquema organizado por regiones que permitía resolver cada caso según su complejidad y urgencia. Gracias a este sistema, el país había logrado eliminar la lista de espera quirúrgica y alcanzar una tasa de sobrevida cercana al 95%, un indicador comparable con estándares internacionales. Cada año, se estima que nacen alrededor de 7.000 niños con este tipo de patologías y que cerca de la mitad necesita una cirugía durante el primer año de vida para poder sobrevivir. El programa articulaba unas 6.000 notificaciones anuales y coordinaba aproximadamente 800 cirugías de alta complejidad, además de diagnósticos prenatales y seguimientos médicos prolongados. Sin embargo, la salida de los especialistas responsables de evaluar los casos y definir prioridades dejó al sistema operando de forma limitada, con personal administrativo sin capacidad para tomar decisiones clínicas críticas. Desde el Ministerio de Salud sostienen que el programa continúa activo, aunque admiten que ya no cuenta con su equipo técnico original. Para médicos y sociedades científicas, esta explicación resulta insuficiente y riesgosa: advierten que en patologías donde el tiempo es determinante, la falta de coordinación médica especializada puede derivar en consecuencias irreversibles. También hubo cuestionamientos desde el ámbito legislativo, donde señalaron que la medida contradice una ley vigente y podría ser ilegal. Además, remarcaron que el ajuste no se justifica desde lo económico, ya que el costo salarial del equipo despedido representaba una fracción mínima del presupuesto sanitario, frente a los resultados obtenidos por el programa. Especialistas coinciden en que la decisión implica desarmar una política pública que funcionaba, desperdiciar años de formación profesional y reintroducir desigualdades en el acceso a la salud que el Estado había logrado reducir. En ese marco, advierten que el caso del PNCC se inscribe en una serie de recortes más amplios que afectan áreas sensibles como la salud, la discapacidad y la niñez. Para las familias y el personal sanitario, el impacto es concreto: demoras, retrocesos en la atención y un aumento del riesgo de muertes que podrían evitarse. La preocupación central es que el ajuste, lejos de ser una cuestión administrativa, tenga consecuencias directas sobre la vida de los niños más vulnerables.
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