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Parana » AIM Digital
Fecha: 06/01/2026 06:28
Mientras la agenda política sigue atravesada por la crisis en Venezuela, el Gobierno nacional acelera gestiones para blindar en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). La prioridad del oficialismo es evitar que la oposición reúna las mayorías necesarias para dejar sin efecto el DNU y, en paralelo, avanzar para garantizar su aval en al menos una de las Cámaras. El decreto, firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, generó fuertes cuestionamientos en distintos bloques parlamentarios por el alcance de las facultades otorgadas a los organismos de inteligencia, en especial aquellas que rozan funciones propias de la seguridad interior y del ámbito penal. La oposición suma la vía judicial A la disputa legislativa se sumó una ofensiva judicial. Legisladores del interbloque Unidos presentaron una acción de amparo para que el DNU sea declarado inconstitucional y quede sin efecto. La presentación busca frenar la aplicación del decreto antes de que el oficialismo logre consolidar apoyos suficientes en el recinto. Desde esos espacios sostienen que no existe necesidad ni urgencia que justifique una reforma de esta magnitud por decreto y advierten que el texto avanza sobre materias vedadas por la Constitución Nacional. En particular, cuestionan que el DNU borra las fronteras entre inteligencia estratégica y seguridad interior y otorga atribuciones que exceden el marco legal vigente. Comisiones paralizadas y plazos en marcha Los pedidos para conformar las comisiones bicamerales la de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y la de Trámite Legislativo permanecen sin respuesta. No obstante, esta parálisis no frena el proceso institucional: la ley que regula los DNU establece que, vencidos los plazos formales, ambas Cámaras quedan habilitadas para tratar el decreto aun sin dictamen previo. Para rechazarlo, la oposición deberá reunir 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado, y luego alcanzar una mayoría simple en cada recinto. El desafío es significativo, ya que basta con que una sola Cámara avale el decreto para que quede firme con fuerza de ley. El PRO, actor clave en la definición Uno de los focos de atención está puesto en el PRO. El bloque evitó fijar una postura de rechazo frontal y optó por una estrategia de cautela, a la espera de conocer la reglamentación y los protocolos de aplicación del decreto. Esta indefinición reduce el margen de maniobra de la oposición, que necesita sumar cada voto para construir una mayoría adversa al Gobierno. En el oficialismo interpretan que esa ambigüedad podría traducirse en respaldo tácito o, al menos, en la imposibilidad de reunir los números necesarios para voltear el DNU. Temor a una ratificación exprés En sectores opositores crece la preocupación de que el Ejecutivo impulse una sesión para ratificar el DNU en una de las Cámaras y cerrar definitivamente el debate parlamentario. Esa jugada permitiría garantizar la vigencia del decreto aun cuando persistan objeciones en el otro recinto. La estrategia recuerda al antecedente del DNU 70/23, que también fue cuestionado por falta de necesidad y urgencia y terminó parcialmente frenado por la Justicia. En ese contexto, los detractores del nuevo decreto confían en que los tribunales vuelvan a intervenir para poner un límite a una reforma que consideran debería ser debatida de manera integral en el Congreso. Un debate que se enfría Por ahora, el tratamiento legislativo recién podría activarse en febrero. Mientras tanto, la combinación de plazos legales, negociaciones políticas y judicialización del conflicto configura un escenario incierto, en el que el Gobierno apuesta a sostener el DNU de la Side y la oposición intenta impedir que el decreto quede definitivamente blindado.
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