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Fecha: 06/01/2026 06:07
La Ciudad de Buenos Aires tiene una firme vocación de asumir plenamente la administración de todo lo que ocurre en su territorio. Un paso decisivo en ese camino fue la creación de un Ministerio de Justicia con rango propio, lo que constituye una señal inequívoca de que la autonomía porteña en general y especialmente en materia judicial, es una prioridad de la gestión de Jorge Macri como Jefe de Gobierno. La autonomía judicial tiene un impacto directo en la vida diaria de los vecinos, ya que define quién interviene y resuelve los conflictos cotidianos. En este sentido, cada nueva competencia que la Ciudad asume fortalece su capacidad de dar respuestas más ágiles y cercanas a quienes viven, trabajan o visitan Buenos Aires todos los días. Leé también: 2025, el año en que bordeamos el abismo y el sentido de supervivencia se impuso En esa misma línea, recientemente se logró saldar una deuda que la Ciudad acarreaba desde hace décadas con los porteños: la creación del Servicio Penitenciario propio. Esto representa un paso más en el camino hacia la plena autonomía, un aporte a la consolidación institucional y un avance concreto para el plan integral de seguridad del Gobierno local. Hasta ahora, Buenos Aires era una de las dos jurisdicciones en todo el país sin un Servicio Penitenciario propio, junto con La Pampa. A partir de la propuesta y el impulso del Poder Ejecutivo local, y tras un debate entre diferentes fuerzas políticas, se logró un texto consensuado que permite que hoy exista una política de Estado basada en dos leyes modernas y sostenibles. La aprobación por parte de la Legislatura de una política penitenciaria que, por un lado, otorga el marco jurídico para el cumplimiento de condenas y, por el otro, crea un organismo operativo para implementar esa ley, representa un aporte fundamental a uno de los objetivos principales de la actual administración en la Ciudad: orden y seguridad para el vecino. Basado en el modelo del Sistema Integral de Seguridad Pública, esta nueva política brinda el marco necesario para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena y el control por parte del Estado local, pero también la reinserción real a través del otorgamiento de herramientas concretas que tienen como finalidad evitar la reincidencia y proteger a las víctimas. Así, este sistema demuestra un claro equilibrio entre seguridad, reintegración, derechos de víctimas y control judicial. La Ciudad de Buenos Aires asumió el compromiso de restablecer el orden y la seguridad, teniendo como premisa que la custodia, el control y el cumplimiento efectivo de las penas son fundamentales, pero entendiendo también la importancia de ofrecer los mecanismos necesarios para evitar la reincidencia. La mayoría de las personas privadas de su libertad deberán eventualmente reinsertarse en la sociedad, y es esencial que lo hagan de manera ordenada, con un plan de vida orientado a generar un impacto positivo en la comunidad. Leé también: El gobierno porteño les sacará las licencias de conducir a quienes cometan delitos con autos o motos Esta nueva política de Estado, que otorga a CABA la competencia plena sobre la ejecución de las penas y el control de los detenidos, al tiempo que resguarda la seguridad de las víctimas y promueve una reintegración que reduzca la reincidencia, ofrece una mirada moderna y equilibrada sobre el sistema penitenciario. Y constituye, en definitiva, un avance más de la gestión vigente para consolidar la seguridad, el orden y la justicia en la Ciudad de Buenos Aires. (*) Francisco Quintana es secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
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