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» tn24
Fecha: 06/01/2026 03:57
La ciudad cordobesa de Villa Allende implementará a partir de marzo el cierre nocturno de calles secundarias mediante la colocación de portones, una medida inédita en la provincia que busca reducir los hechos de inseguridad. La iniciativa, impulsada por el municipio y avalada por la Justicia, generó cuestionamientos de vecinos y sectores de la oposición, que advierten sobre una posible vulneración de derechos. El plan forma parte del Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal, que contempla además la incorporación de nuevos móviles de patrullaje, la ampliación del sistema de cámaras de videovigilancia y la instalación de domos policiales en distintos puntos de la ciudad. La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación consideró que el cierre nocturno de calles resulta una medida razonable y proporcional en función del objetivo de proteger la seguridad pública, lo que permitió al Ejecutivo municipal avanzar con la iniciativa pese a la controversia. Según explicó el intendente Pablo Cornet, la decisión se basa en estadísticas oficiales que indican que seis de cada diez robos en Villa Allende se producen durante la noche. No se trata de una postura ideológica, sino de una respuesta excepcional ante una situación concreta de inseguridad, señaló el jefe comunal. En una primera etapa, se colocarán 14 portones en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. Funcionarán entre las 22 y las 6, con modalidades que variarán según la cuadra: algunos impedirán completamente el tránsito vehicular, mientras que otros permitirán el paso peatonal. El municipio no descarta extender el sistema a otros barrios si los resultados son positivos. Desde el Ejecutivo local indicaron que la propuesta surgió a partir de reuniones con vecinos, quienes señalaron los accesos y vías de escape más utilizados por los delincuentes. La idea es concentrar el control en corredores seguros, iluminados y monitoreados, explicaron. Sin embargo, la iniciativa provocó un fuerte rechazo de parte de concejales opositores y grupos vecinales, que presentaron amparos colectivos para frenar su implementación. Denuncian que el cierre de calles públicas afecta la libre circulación y fomenta políticas de segregación. En lugar de atacar las causas de la inseguridad con inclusión, se avanza sobre medidas que dividen a la sociedad, cuestionó la concejal Marta Banegas. Además, los críticos advierten que no existen estudios técnicos concluyentes que prueben la eficacia de este tipo de barreras urbanas. Mientras tanto, el debate continúa abierto en Villa Allende, donde la búsqueda de mayor seguridad convive con el reclamo de garantías constitucionales y consenso social.
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