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» Clarin
Fecha: 05/01/2026 15:49
El Gobierno de Javier Milei le informó a la Justicia federal que está cumpliendo el fallo judicial que le ordenó la "inmediata aplicación" de la ley de emergencia en discapacidad que aprobó en julio pasado el Congreso y cuyo cumplimiento el Poder Ejecutivo dejó supeditado a contar con las partidas presupuestarias correspondientes. Fuentes judiciales informaron a Clarín que el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, presentó este lunes un informe ante la justicia federal de Campana que da cuenta que comenzó a dar los pasos para poner en marcha la ley que establece el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la presentación consta que la aplicación no es inmediata porque, según informó el Ministerio, requiere una serie de comunicaciones y pasos administrativos que ya se están cumpliendo. La respuesta del Gobierno tuvo lugar tras la intimación dispuesta por el juez federal Adrián González Charvay, que el mes pasado dictó un fallo en el que declaró la invalidez del decreto que promulgó la ley y que establecía que entraría en vigencia cuando se incluyan las partidas presupuestarias correspondientes en el presupuesto nacional. Con la respuesta del Poder Ejecutivo, ahora opinarán el resto de las partes de la causa y luego el magistrado determinará si se cumple o no con la puesta en marcha de la ley. La ley de emergencia en discapacidad establece "un régimen integral de emergencia nacional en discapacidad con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año adicional, cuyo objeto expreso es efectivizar el cumplimiento de las obligaciones estatales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044". Fue aprobada por el Congreso Nacional pero cuando el Gobierno Nacional dictó el decreto que la promulgó señaló en su artículo 2 que entrará en vigencia cuando se cuenten con las partidas presupuestarias. Ante eso, la familia de dos menores de 11 años con discapacidad iniciaron un amparo para que se declare inconstitucional el decreto. El juez González Charvay declaró el 12 de diciembre la invalidez del artículo 2 del decreto y ordenó la inmediata aplicación de la ley 27.793. Sostuvo que los argumentos del gobierno nacional para no aplicar la ley resultan arbitrarios y aparentes, en abierta contradicción con principios y obligaciones constitucionales e internacionales vigentes, en tanto el desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas pone en riesgo la continuidad de tratamientos indispensables, generando retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad, vulnerando principios de igualdad, no discriminación y progresividad. El Gobierno apeló el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de San Martín, lo que ocurrirá a partir del febrero cuando regrese la actividad formal a los tribunales. El juez sí habilitó la feria judicial de enero para supervisar el cumplimiento del fallo por lo que intimó al Ministerio de Salud a que informe al respecto. Eso hizo la cartera de Lugones en la respuesta que envió a la justicia federal. En la presentación se detalla los pasos que el Ministerio de Salud está dando sin especificar cuándo la ley comenzará a regir. Ahora se espera la opinión de los abogados de la familia que inició la causa, de las organizaciones que se presentaron en el expediente como "Amicus Curiae" (amigos del tribunal) y de la Asesoría Tutelar de Menores. Sobre la firma Mirá también Newsletter Clarín
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