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Parana » Radio La Voz
Fecha: 05/01/2026 08:03
El ex presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos advirtió sobre la necesidad de resguardar principios constitucionales básicos como la «idoneidad, la igualdad de oportunidades y la transparencia» en los procedimientos de designación. En declaraciones a SOLNoticias, el ex presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, repasó los antecedentes institucionales que dieron origen al sistema de concurso público para la designación del Juez de Paz en la ciudad de Crespo, destacando que se trata de una decisión política orientada a garantizar transparencia, idoneidad y igualdad de oportunidades en el acceso a un cargo clave del Poder Judicial. Antecedentes del proceso Según recordó, a fines de 2001, ante la jubilación del entonces titular del Juzgado de Paz local, el asesor del Gobierno provincial de aquel momento, Dr. Eduardo Ruda, impulsó en diálogo con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados, Sección Paraná la conformación de un procedimiento idóneo para cubrir la vacante mediante concurso público. Canavesio señaló que, hasta ese entonces, el cargo podía ser ejercido por personas legas, por lo que la definición política apuntó a profesionalizar la función y fortalecer su legitimidad institucional. En ese marco, explicó que la iniciativa se apoyó en disposiciones expresas de la Constitución de Entre Ríos, particularmente el artículo 36, que consagra la idoneidad como requisito excluyente para el acceso a cargos públicos mediante concurso previo, así como en los artículos 175 inciso 16° y 182, que establecen la selección a partir de ternas vinculantes y la intervención del Consejo de la Magistratura en la designación de Jueces de Paz cuando los municipios así lo solicitan. Canavesio indicó que ese proceso derivó en el dictado del Decreto N° 8/2001, mediante el cual se creó un Consejo o Tribunal Evaluador integrado por representantes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Entre Ríos, con la finalidad de evaluar la idoneidad técnica y moral de los aspirantes. Remarcó que la convocatoria fue amplia y permitió la inscripción de numerosos profesionales de la ciudad, quienes participaron en igualdad de condiciones. De acuerdo con su relato, el orden de mérito resultante ubicó en primer lugar a un aspirante lego y, en segundo término, a la Dra. Rocha, quien finalmente fue designada en razón de su condición de letrada, conforme a los criterios establecidos. Canavesio subrayó que se trató de la primera experiencia de este tipo en la provincia para un Juzgado de Paz de ciudad de Segunda Categoría, lo que luego posibilitó que otras localidades, como Cerrito y Libertador San Martín, adoptaran procedimientos similares. El ex titular del Colegio de Abogados sostuvo que, si bien la Ley de Municipios no regula de manera específica el mecanismo de selección, sí exige la elevación de una terna al Gobernador, mientras que tanto la Constitución Nacional como la Provincial, además de reiterados fallos del fuero Contencioso Administrativo y del Superior Tribunal de Justicia, respaldan el sistema de concursos públicos como garantía de transparencia. En ese sentido, afirmó que Crespo cuenta con un número significativo de abogados con idoneidad suficiente para aspirar al cargo, por lo que consideró inapropiado definir ternas sin un proceso previo de evaluación objetiva. Advirtió que no se trata de cuestionar nombres propios, sino de resguardar el derecho de los profesionales a competir en igualdad de condiciones y ser evaluados por su capacidad y trayectoria. Canavesio reiteró que desde hace años el Colegio de la Abogacía y la Magistratura vienen reclamando que los cargos judiciales sean cubiertos mediante concursos públicos, con reglas claras y transparentes. En esa línea, instó a los legisladores provinciales a revisar la Ley de Municipios en lo referido a la designación de Jueces de Paz y exhortó al Poder Ejecutivo provincial a convocar a concursos para cubrir las vacantes existentes en el Poder Judicial. En el cierre de su planteo, Canavesio aclaró que las consideraciones expresadas responden a una posición de carácter personal, formulada desde su experiencia institucional y profesional. Señaló que su intervención no persigue cuestionamientos individuales, sino advertir sobre la necesidad de resguardar principios constitucionales básicos como la idoneidad, la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procedimientos de designación. En ese marco, sostuvo que el debate debe darse en términos institucionales y con responsabilidad política, evitando interpretaciones que desvirtúen el sentido del sistema de concursos públicos como herramienta de fortalecimiento del Poder Judicial y de la calidad democrática.
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